El Congreso ahora gastará más de S/6,5 millones del Estado en tarjetas de aguinaldo

En medio de la recesión económica que afronta el país, el Congreso de la República ahora gastará más de S/6,5 millones en tarjetas electrónicas correspondientes al “aguinaldo navideño” de fin de año, cada una por S/1.700 que serán girados a los trabajadores del Poder Legislativo, pero también a los 130 parlamentarios. Con este nuevo beneficio, cada uno de los legisladores tiene previsto ahora recibir en el mes de diciembre más de S/43.000 por parte del Estado.

La decisión de otorgar este aguinaldo se plasmó en el acuerdo de Mesa Directiva 054-2023-2024, suscrito por el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso); así como por Arturo Alegría García, primer vicepresidente (Fuerza Popular); Waldemar Cerrón Rojas, segundo vicepresidente (Perú Libre), y Rosselli Amuruz Dulanto, tercera vicepresidenta (Avanza País). La sesión se llevó a cabo el pasado 17 de noviembre, pero el acuerdo está pendiente de hacerse efectivo en los próximos días.

En el documento se hace referencia a acuerdos suscritos con el Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON) y a informes emitidos por cuatro oficinas del Congreso —una de ellas, el Departamento de Recursos Humanos— y se refiere, a modo de justificación, que desde el 2012 las gestiones de la Mesa Directiva ya han otorgado este beneficio en años previos.

Así las cosas, se acuerda otorgar “el Aguinaldo Navideño 2023 en la modalidad de tarjetas electrónicas de consumo por el monto de S/1.700″ al personal del Servicio Parlamentario, “independientemente de su régimen laboral”.

Y se agrega, en otro apartado, que “a título de liberalidad”, también se otorgará el mismo al resto de la “población laboral activa” que no forma parte de este rubro (en donde están ubicados los congresistas y sus trabajadores de confianza), “así como a los pensionistas, edecanes y capellán de la institución”.

Según un análisis realizado por El Comercio, el monto que se desembolsará para este aguinaldo —que abarca no solo a los trabajadores del Congreso sino a los legisladores— asciende a más S/6′500.000.

Ello si se toma en cuenta solo el último reporte de trabajadores y pensionistas disponible en el portal web del Parlamento del mes de octubre, en donde se hace referencia una población de más de 3.800 personas ubicadas en las distintas áreas y pensionistas.

Con este aguinaldo, los 130 congresistas recibirán en total un beneficio económico de más de S/43.000 solo en diciembre de parte del Estado, tomando en cuenta su sueldo, su gratificación y aguinaldo, así como el bono por semana de representación y por desempeño laboral [ver gráfica].

“Yo, como todo congresista, tengo que recibirlo [el aguinaldo], ¿cuál es el problema?”, refirió ayer el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, consultado sobre el tema. También cuestionó a aquellos parlamentarios que decidieron devolver los bonos ante las críticas el mes pasado.

“El congresista que ha renunciado... ese bono que ha renunciado vuelve al Estado y se pierde, o sea no es ningún acto heroico acá que yo diga que voy a renunciar. Es mejor recibirlo e invertirlo de acuerdo mis concepciones”, agregó.

Su colega de bancada, Flavio Cruz, también dijo que recibirá el aguinaldo, pero reconoció que puede recibir críticas por parte de quienes sufren de la recesión por la que atraviesa el país.

“Yo no voy a actuar con hipocresía. No quiero dirigirme ante nadie. Yo lo recibo y lo comparto siempre. Vengo del mundo cultural y deportivo; y ahí se va todo el presupuesto, incluyendo el sueldo”, dijo.

En tanto, Diego Bazán, de Avanza País, también defendió el aguinaldo y en general los bonos que reciben los parlamentarios, al señalar que los legisladores no ganan los 16 sueldos de los funcionarios públicos, sino 12 sueldos, el aguinaldo y la gratificación en julio.

“Puede existir la queja en la población, es cierto. El congresista no tiene vacaciones. No exijo ningún beneficio más, estoy tranquilo como están las cosas”, aseguró.

Este aguinaldo se suma al “bono extraordinario” que apenas el mes pasado ya había sido girado a favor de los trabajadores activos del Congreso y en donde se incluyó, como parte de los beneficiarios, a los legisladores. Este bono ascendió a 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a casi S/10.000.

En un informe obtenido por El Comercio, se revela que, por ese bono, el Congreso desembolsó en noviembre más de S/33′200.000, y que el mismo abarcó también a los cinco parlamentarios andinos, por los cuales se desembolsó S/49.500 en bonificaciones.

Para Iván Lanegra, secretario general la Asociación Civil Transparencia, “el problema no tiene que ver con que si hay crisis [económica] o no, sino con la racionalidad de las remuneraciones en el sector público”. Esto, al remarcar que el Congreso también es una entidad estatal y que, por lo tanto, debería guiarse por principios como la equidad para el otorgamiento de bonos y remuneraciones.

“Si uno mira la remuneración a lo largo del tiempo, uno entiende que el trabajo en el Congreso es más o menos el mismo, no hay una variación importante que justifique una modificación de las remuneraciones. De hecho, el personal inclusive creció para cumplir la misma función. Entonces, ¿en dónde se justifica un aumento de remuneración?”, cuestionó Lanegra.

El Congreso cuenta con autonomía presupuestaria, y al mismo tiempo, al generar esas bonificaciones extraordinarias, genera una desigualdad respecto a los trabajadores de todo el aparato estatal.

Para Lanegra, no debería haber esa autonomía respecto a las remuneraciones debido a que “es una tentación a la arbitrariedad”. “En un sistema estatal, no debería ser la propia entidad la que fije las remuneraciones de manera arbitraria, sino que tiene que haber siempre criterios objetivos que no dependen de ellos y una verificación posterior de cumplimiento de dichos criterios”, refirió.