La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente la denuncia constitucional que la fiscalía de la Nación presentó contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzeti por el ‘Vacunagate’. Se trata del primer paso de un largo proceso que deberá llegar a la Comisión Permanente y luego al pleno del Parlamento.
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La denuncia constitucional contra las exautoridades fue presentada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, el pasado 28 de abril. La demanda contra Vizcarra y Mazzeti es por el presunto delito de concusión.
Según la fiscalía, el ex jefe de Estado recibió vacunas que estaban destinadas “única y exclusivamente para inmunizar al equipo de investigación y al personal relacionado con el ensayo clínico” del laboratorio chino Sinopharm y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
El informe de calificación de la denuncia fue aprobado este viernes 5 de mayo sin que ningún integrante de la subcomisión, presidida por Lady Camones, pidiera la palabra durante el debate.
Referido documento, que recomienda declarar procedente la demanda contgra Vizcarra y Mazzeti, obtuvo 17 votos a favor, 0 en contra y una abstención de la parlamentaria Elizabeth Medina (Bloque Magisterial).
Así fue la sesión de la SAC:
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En la denuncia constitucional, a la que tuvo acceso este Diario, el Ministerio Público señala que Vizcarra Cornejo “habría abusado de su cargo como jefe de Estado para inducir” al doctor Germán Málaga Rodríguez, investigador principal del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19 en el Perú, a entregarle seis dosis para inocular a su esposa Maribel Díaz Cabello, su hermano César Vizcarra, y a él mismo.
Incluso, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señala que “la voluntad” del doctor “habría sido doblegada ante la investidura y autoridad que representaba” el hoy líder del partido en formación Perú Primero.
En el caso de Mazzetti, según el documento, “habría abusado” de su cargo para inducir a Héctor García Lescano, integrante de la investigación del ensayo clínico de la Sinopharnn contra la COVID-19 en el Perú, para que le dé ocho dosis, a fin de que ella se inocule y a otras tres personas de su confianza.
Entre ellos, Danilo Céspedes Medrano, jefe de gabinete del Despacho Ministerial; y los asesores Lucy Olivares Marcos y Rita Abanto Rojas. Benavides agrega que Mazzetti sabía que las referidas vacunas “eran parte del lote de 3.200 dosis que habían sido enviadas” por el laboratorio chino para solamente “inmunizar al equipo de investigación”.
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Otros casos
En la sesión se dio cuenta también de la denuncia presentada por el ciudadano José Luis Briones Trujillo contra Rosio Torres, Magaly Ruiz y María Acuña Peralta (todas de Alianza para el Progreso), además de Katy Ugarte (No Agrupados).
Todas ellas han sido acusadas del presunto delito de concusión. El denunciante incluso pide que sean suspendidas de sus cargos mientras dure el proceso penal.
En el caso de Magaly Ruiz, se recuerda la denuncia de su extrabajador Carlos Marina Puscán, quien acusó al exasesor Johnny Romero Nima de obligarlo a entregar un “aporte voluntario” de 1500 soles mensuales.
Sobre Rosio Torres, se detalla que el encargado de cobrar el dinero cada mes era el sobrino de la parlamentaria, Juan Daniel Pérez Guerra. Incluso la integrante de APP fue grabada borrando los mensajes de WhatsApp con su familiar.
Respecto a Katy Ugarte, se recuerda la denuncia de “Cuarto Poder” de que habría pagado publicidad a diversos medios de comunicación del Cusco para difundir su labor en dicha región, previo descuento de sueldos a sus trabajadores.
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En tanto, sobre María Acuña Peralta se señala que en el programa “Beto a saber” difundió un audio donde se escucha a la legisladora buscar un acuerdo con un trabajador de su despacho en Chiclayo con la finalidad de no ser denunciada.
Según esta última denuncia, el denunciante indica que solo percibía mil soles mensuales, suma que no recibía puntualmente. También indica que le adeudaban el pago de los meses de noviembre y diciembre del 2021, y enero del 2022.
- La subcomisión declaró improcedente la denuncia que presentaron congresistas de Cambio Democrático contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas.El debate de dicho caso se extendió por más de una hora
- La sesión se suspendió sin que se sometiera a debate el informe de calificación de la denuncia que la fiscal de la Nación presentó contra Betssy Chávez por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias. Según fuentes de la SAC, la decisión se tomó debido a que había Comisión Permanente.
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