Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
María Cordero, una de las congresistas que está implicada en las denuncias de ‘mochasueldos’, se defendió en persona antes de que el pleno sometiera a votación el informe en su contra y la blindara de la inhabilitación de la función pública que se había propuesto.
Al tomar la palabra desde el estrado y no desde su puesto en el hemiciclo, la legisladora destacó que estaba abandonando su descanso médico “cuestionado por algunos” para acudir a la sesión este jueves 14 de marzo.
“Ya me sancionaron con la mayor sanción, 120 días. Cuatro meses estoy suspendida de mis funciones por los mismo hechos pero esta vez se busca desaforarme, suspenderme indefinidamente, vulnerando mis derechos fundamentales y el debido procedimiento”, aseguró.
El informe que se había aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego en la Comisión Permanente proponía levantar la inmunidad de Cordero Jon Tay para que sea procesada penalmente, así como inhabilitarla para ejercer cargos públicos.
“A pesar de todo esto, me hago presente y pido a mis colegas un voto de conciencia porque la injusticia extrema no es derecho, la injusticia extrema no es humanitaria. Creo que debe ser el mejor valor de cada uno de ustedes, un voto de conciencia porque todos somos iguales ante el Señor”, exhortó la congresista.
“Como cualquier persona de este país, tengo derecho a la presunción de inocencia”, fue su última frase antes de que se llevara a cabo el debate y la votación.
En defensa de María Cordero se pronunció inmediatamente después Edwin Martínez, no agrupado que renunció a la bancada Acción Popular, al cuestionar a los legisladores por asumir labores de fiscales “a los cuales criticamos tanto porque juzgan de acuerdo a lo mediático”.
“¿Cuántos ‘mochasueldos’ ha habido en el Congreso, a quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas y a quién se ha sancionado?”, criticó.
El pleno, en un primer momento, no logró el mínimo de 51 votos requeridos para aprobar la acusación constitucional contra María Cordero y levantar su inmunidad como parlamentaria.
Sin embargo, tras varias horas y luego de la votación en la que se aprobó levantar el fuero contra un excongresista (Orestes Pompeyo Sánchez), se aprobó una reconsideración del caso de Cordero Jon Tay y los legisladores dieron marcha atrás.
En esta segunda oportunidad, se aprobó el informe en el sentido de que sea acusada por presunto delito de concusión y también que sea suspendida del cargo de parlamentaria mientras duren las investigaciones en el Ministerio Público.
Lo que no logró consenso fue la inhabilitación para ocupar la función pública, lo que requería 67 votos, aspecto que no fue sometido a una reconsideración.
