El brazo congresal de la red de Pedro Castillo tuvo injerencia en siete instituciones del Estado, según fiscalía: los detalles y el alcance

Ellos son acusados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y cohecho pasivo impropio.

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La denuncia constitucional también comprende a los exministros Jorge Prado Palomino (Producción) y Betssy Chávez (PCM, Cultura y Trabajo), a quienes el Ministerio Público imputa negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

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La acusación tuvo como origen los siete contratos que habría ganado de manera irregular la empresa China Civil Engineering Construction en Provías Nacional, los beneficios de “Los Niños” en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y los cambios en la Policía Nacional durante la primera etapa del gobierno castillista, entre otros.

Inicialmente, estos hechos eran parte de la carpeta sobre los presuntos actos de corrupción en la buena pro del Puente Tarata (región San Martín). No obstante, la Fiscalía de la Nación ordenó- a través de la Disposición N°10, a mediados de setiembre de 2022- separar las pesquisas.

En febrero de 2023, el pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra Castillo Terrones y los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento) por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, precisamente por el Caso Puente Tarata y Anguía (Cajamarca).

La influencia del “escudo protector”

En el documento- de 734 páginas, al que tuvo acceso El Comercio- la fiscal Espinoza detalló que la presunta red criminal del expresidente Castillo tuvo siete brazos operativos. Dos de ellos fueron el “brazo congresal” y el “brazo de los ministros y altos funcionarios”. El primero funcionó como un “escudo protector” frente al control político del Parlamento.

El otro, que estaba ubicado en algunos ministerios y empresas estatales tenía como principal función “transmitir las órdenes impartidas” por el cabecilla de la organización “a la parte inferior de la estructura piramidal”.

De acuerdo con la denuncia constitucional, el llamado “brazo congresal” tuvo injerencia en siete instituciones del Estado, incluyendo tres ministerios (Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Producción).

De esta manera, lograron direccionar licitaciones a favor de empresas chinas y contrataciones de personas allegadas.

Por ejemplo, en Provías Nacional, entidad adjunta al MTC, se entregaron siete corredores viales en Tumbes, Piura, Cajamarca, Tacna y otras regiones a las empresas peruanas INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC y Grupo Constructor y Consultor Asociados SAC y a las compañías extranjeras China Civil Engineering Construction, China Railway N°10 Engineering y China Railway Tunnel Group. Esto, según la Fiscalía de la Nación, gracias a Los Niños acciopopulistas.

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El Ministerio Público consideró que los congresistas Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori, Elvis Vergara e Ilich López, todos en ese momento en Acción Popular, no solo desplegaron acciones para garantizar la permanencia de Castillo “en el poder estatal”, sino que incurrieron “en actos de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos. Por ejemplo, la red criminal iba a recibir el 0,5% del monto total de cada una de las obras.

[Actualmente, Ilich López es el tercer vicepresidente del Congreso, que encabeza José Jerí de Somos Perú].

En el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- de acuerdo con la tesis fiscal- Los Niños acordaron, en noviembre de 2021, con Alvarado que la bancada acciopopulista iba a manejar el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), tras la designación de Juan Bustamante Encinas como director ejecutivo de esta institución.

Bustamente habría sido nombrado en el referido cargo por recomendación del congresista Espinoza Vargas.

En Sencico, además, se designaron a seis personas cercanas al parlamentario que hoy está en Podemos Perú en altos cargos presuntamente a cambio de un pago de S/3,000 cada uno.

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La Fiscalía de la Nación también apunta a que los congresistas de Acción Popular condicionaron su respaldo a Castillo a la inclusión de proyectos de agua potable en el DU 102-2021 y en la Ley N°31436.

Además, la denuncia constitucional da cuenta que Espinoza y otros congresistas acciopopulistas gestionaron el ingreso de Jorge Prado Palomino como ministro de la Producción en noviembre de 2021.

Según la declaración del colaborador eficaz CE 11-2022-EFICCOP, Castillo autorizó que Los Niños controlen ese sector, porque “no podemos perder esos 12 votos”.

Tras el ingreso de Prado Palomino, se concretó “el copamiento indebido” de la referida cartera y la bancada de Acción Popular direccionó, según la fiscalía, 20 contratos en altos cargos y forzó la modificación del ordenamiento pesquero respecto al atún. El colaborador eficaz CE 31-2023-Eficcop reveló que Espinoza y los otros de su facción habrían recibido S/1 millón por este hecho.

La injerencia de Los Niños también se habría extendido a Migraciones, de acuerdo con el colaborador eficaz CE 04-2022-EFFICCOP. Este testigo señaló que los congresistas Carlos Alva Rojas y Carlos Zeballos le solicitaron la dirección de esta institución al gobierno castillista. El primero había sido personal de esta entidad en Trujillo.

El mismo colaborador eficaz indicó que la intención de ambos parlamentarios era controlar el proceso de licitación para 700 mil pasaportes electrónicos, que fue aprobada en setiembre de 2022 por S/14,3 millones.

Para el Ministerio Público, la bancada de Acción Popular no fue la única que tuvo este tipo de acuerdos ilícitos con Castillo, sino también la del Bloque Magisterial. Sus integrantes, profesores cercanos al hoy expresidente, “habrían vendido sus votos” para garantizar la permanencia del docente en el poder a cambio de puestos de trabajo para sus allegados en los organismos públicos descentralizados (OPD), se detalla en la denuncia constitucional.

Las otras dos instituciones donde tuvo influencia el “brazo congresal” de la red castillista fueron la Policía Nacional y la Empresa Nacional de Puertos. En el primero, según la tesis fiscal, el congresista Américo Gonza (Perú Libre) tuvo injerencia en el nombramiento de Javier Gallardo como director general de la PNP y en los ascensos en esa entidad.

Y en Enapu, el fallecido excongresista Enrique Wong (Podemos Perú) logró las designaciones de Manuel Talavera Valdivia, quien fue su principal asesor en el Parlamento, como presidente del directorio, y de Carlos Rodríguez Cervantes, también consejero de su oficina legislativa, como miembro del directorio. La causa penal contra Wong se extinguió tras su muerte.

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Rechazan imputaciones

Este Diario intentó comunicarse con el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular), que es parte de la denuncia constitucional. Pero no respondió a nuestras llamadas. Lo mismo sucedió con los congresistas Raúl Doroteo (Acción Popular), Darwin Espinoza (Podemos Perú) y Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular).

En diálogo con El Comercio, Flores Ancachi (APP), dijo que se allana a las investigaciones que realiza la Fiscalía de la Nación. Agregó que no está de acuerdo con quienes promovieron, en su momento, las reuniones con Castillo Terrones ahora intentan deslindar de los hechos y no asumir su responsabilidad.

“Darwin Espinoza debería ser el único bajo investigación, no sé por qué los estamos todos. La Fiscalía de la Nación está haciendo su trabajo, nos corresponde allanarnos. A mí, me quemaron mi casa en Puno por esta denuncia, han pasado tres años y no nos han comprobado nada”, manifestó.

Anteriormente, el portavoz de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, afirmó que él no ha recibido “un solo sol mal habido de parte” del expresidente Castillo o de otra autoridad a cambio de un voto. Agregó que la postura de su agrupación en contra de los primeros pedidos de vacancia en contra del exmandatario fueron productos de acuerdos colegiados.

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En declaraciones a RPP Noticias, Vergara rechazó que haya beneficiado a empresas chinas con licitaciones.

El Comercio también intentó comunicarse con el perulibrista Américo Gonza, pero no respondió a nuestras llamadas.

En diciembre de 2022, tras la detención preliminar de Gallardo, este Diario reveló que Gonza fue sindicado como cabecilla de una red criminal que buscaba tomar el control de la Policía y las Fuerzas Armadas, a través de los ascensos. Entonces, el parlamentario calificó de “falsas” las imputaciones del Ministerio Público.

“En mi función congresal, no hay relación alguna con los ascensos. Al parecer esto se desprende de dichos de un colaborador eficaz que nunca va a poder ser corroborado”, expresó.