La bancada de Renovación Popular propuso permitir que las empresas privadas puedan financiar nuevamente a los partidos políticos, en un contexto en el que las economías ilegales vienen ganando influencia en el Parlamento. Para ello, el legislador Alejandro Muñante presentó el último miércoles un proyecto de ley que ya fue derivado a la Comisión de Constitución.
El proyecto plantea que cada persona jurídica domiciliada en el Perú; es decir, cada empresa peruana, pueda aportar a una organización política hasta 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por año, lo que equivale a un millón treinta mil soles.
Además, sugiere que en caso una empresa aporte a diversas organizaciones políticas, el límite total por año sea de 500 UIT, equivalente a poco más de S/ 2.5 millones.
La ley vigente prohíbe que las empresas con fines de lucro, ya sean nacionales o extranjeras, aporten a los partidos. En el 2018, se aprobó mediante un referéndum la reforma constitucional para prohibir el financiamiento luego de revelarse que diversas constructoras brasileñas y peruanas, entre ellas Odebrecht, solventaron campañas políticas de manera irregular.
Actualmente, la excandidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y su entorno enfrentan un juicio oral por los presuntos aportes de Odebrecht y otras empresas a sus campañas electorales del 2011 y 2016. Por este caso, la fiscalía pide 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción a la justicia.
El expresidente Ollanta Humala también enfrenta un juicio oral por presuntos aportes ilícitos del Gobierno de Venezuela en el 2006 y de Odebrecht en el 2011. Por este caso, la fiscalía solicita 20 años de cárcel contra el exmandatario y otrora líder del Partido Nacionalista y 26 años y seis meses de prisión contra la ex primera dama Nadine Heredia.
Posturas
El proyecto de ley de Muñante también propone incrementar el límite de los aportes anuales de personas naturales, de 120 UIT (equivalente a S/ 618,000) a 200 UIT (un millón treinta mil soles).
Además, plantea que los límites de aportes de empresas privadas y personas naturales no se apliquen cuando se trate de financiamiento de capacitaciones, siempre que el costo se pague directamente a una institución educativa con experiencia previa en esa labor.
La propuesta considera la modificación de cinco artículos de la Ley de Organizaciones Políticas y la incorporación de dos. Entre otros puntos, también propone que el aporte se realice mediante una entidad financiera cuando supere el 25% de una UIT, es decir, sea mayor a S/ 1,287.5. Actualmente, es obligatoria bancarizar los aportes solo cuando son mayores a una UIT (S/ 5,150)
El abogado José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, consideró que los cambios que plantea el proyecto de ley son positivos.
“Es innegable que los partidos necesitan recursos, necesitan financiarse. Siempre y cuando el financiamiento sea transparente, que se publicite quién es el aporte, creo que es positivo”, dijo.
Añadió que prohibir el financiamiento de empresas privadas fue una respuesta reactiva al Caso Lava Jato. “Al prohibir, hay muchas organizaciones políticas recibieron por lo bajo. El tema es que el financiamiento es necesario, es positivo. Lo que hay que garantizar es la publicidad, la transparencia, que se sepa quién es el financista, y que sea dinero bien habido, no dinero del delito, que es el que suele colarse en algunas campañas”, señaló.
Villalobos destacó que la mayoría de países de la región permite el financiamiento de personas jurídicas. “La tendencia es a permitir, más que a prohibir. Y al ser una ley que beneficiaría a todos los partidos por igual, es muy posible que tenga consenso”, estimó.
En tanto, la politóloga Daniela Ibáñez, analista del Centro Wiñaq, destacó que prohibir el financiamiento privado dejó la puerta abierta para que economías ilegales solventen campañas políticas.
“Hay una cuenta regresiva para las siguientes elecciones [del 2026] y es necesario que sectores ilegales no tengan un pie adelante en cuanto al financiamiento político, que no tengan ventaja en poner sus fichas en sectores de la representación nacional”, dijo.
En opinión de Ibáñez, permitir el financiamiento privado “es una de las reformas políticas más importantes que se podrían dar para las siguientes elecciones, y una de las más urgentes”.
“El financiamiento público no les es suficiente a los partidos políticos para hacer campaña. Y si es que no pueden recurrir al sector formal, van a recurrir al informal o ilegal”, dijo.
La politóloga destacó que hoy existen intereses ilegales que cuentan con representación en el Congreso. Como ejemplo, señaló los intentos de ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Este, en lugar de formalizar la minería, ha permitido que los mineros ilegales camuflen sus operaciones.
Recientemente se frenó un segundo intento al interior del Congreso de aprobar la ampliación del plazo del Reinfo, pero se hizo más que evidente una inusitada premura de un sector de legisladores por extenderlo, como dio cuenta El Comercio.
Ibáñez también destacó que el 60% de la ciudadanía considera que el financiamiento de los partidos para las campañas políticas debe salir del sector formal de la economía; es decir, de personas naturales y jurídicas, según una encuesta de opinión pública de Datum Internacional para la consultora Centro Wiñaq, publicada por El Comercio el mes pasado.
El mismo estudio determinó que para ocho de cada diez peruanos, la influencia de las industrias ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal es elevada y significativa en el sector político.
Más información
La convocatoria a las elecciones generales del 2026 se realizará en abril del próximo año. El Congreso solo puede legislar en materia electoral hasta antes de esa fecha.
Por ello, la reforma sobre el financiamiento privado podría aprobarse antes de que finalice la actual legislatura, es decir, en la segunda quincena de diciembre próximo, o bien en marzo del 2025, al inicio de la siguiente legislatura.
