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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realiza este viernes una audiencia para evaluar la denuncia presentada por Jorge Montoya, de Renovación Popular, contra los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que plantea su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.
La acusación presentada por el vocero de Renovación Popular pide esta máxima sanción contra los siete integrantes de la junta por haber permitido la permanencia de Inés Tello más allá de los 75 años.
Los acusados no se presentaron sino que estuvieron representados por sus abogados. Samuel Abad acudió en representación de seis integrantes de la JNJ y Omar Cairo lo hizo en representación específica de Tello.
En primer lugar, se le dio la palabra a Jorge Montoya quien expuso su acusación asegurando que los miembros de la JNJ cometieron infracción constitucional al tomar acciones y seguir operando junto a Tello luego que esta última hubiera cumplido 75 años en setiembre del 2020.
Resaltó que esta actuación se ve agravada porque incluso en el 2021 se eligió a Inés Tello como presidenta de la junta cuando, según su consideración, estaba impedida de seguir ejerciendo el cargo.
A su turno, Omar Cairo descartó que haya algún tipo de impedimento en las normas o en la Constitución para que Inés Tello ejerza el cargo porque la limitación de 75 años es para que sea elegida en el cargo y no es causal para que renuncie.
“Esta norma ni le ordena a mi patrocinada hacer algo ni le prohíbe hacer nada. A quienes les ordena verificar los requisitos para ser miembros de la junta es a los miembros de la comisión seleccionadora, por lo tanto es imposible que haya infringido la ley y los miembros de la comisión tampoco lo hicieron”, aseguró.
Samuel Abad, durante su presentación, también descartó que exista alguna infracción constitucional y cuestionó que se trate de hacer un tipo de control político contra la JNJ, porque esto vulnera su autonomía e independencia.
“El riesgo de involucrar a los siete integrantes de la JNJ es el riesgo de entender que podría haber un cese masivo de operadores de justicia o ataque institucional que termina afectando la institucionalidad democrática”, expuso el abogado.
