Una carta y cuatro embajadores: la polémica que ha desatado la ley sobre peajes

La misiva, de fecha 4 de junio del 2020, lleva el membrete de la Embajada de Canadá, que encabeza Ralph Jansen. Sin embargo, también la suscriben los representantes diplomáticos de Australia, Francia y Colombia, respectivamente, Diana Nelson, Antoine Grassin y María Claudia Mosquera.

La noche del domingo, Meza-Cuadra informó que los embajadores le remitieron una carta expresando sus excusas y explicaciones. Con dicho documento y el diálogo que sostuvieron el canciller y miembros de la Mesa Directiva, la polémica parece haber quedada superada, aunque hay algunos puntos clave que dilucidar para comprender la magnitud del asunto.

El Comercio conversó al respecto con especialistas, mientras que desde el Congreso se espera una nueva comunicación formal de la cancillería e incluso se pide “mano dura”.

1. ¿Cuál es la posición de los embajadores?

El tema de fondo es la Ley N°31018, que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada a privados durante el estado de emergencia nacional a causa del brote del coronavirus (COVID-19). La medida, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso por insistencia, no cusa ni genera efecto compensatorio.

Los embajadores aseguran que dicha ley supone un “grave impacto” para diversas empresas concesionarias de la red vial nacional, cuyas inversiones se originan en sus respectivos países. Por ejemplo, Lima Expresa (exLamsac) forma parte de la firma francesa Vinci Highways y Rutas de Lima está a cargo del fondo de inversión canadiense Brookfield.

En esa línea, refieren que habrá un impacto financiero “incalculable”, afirman que se “desconoce los mecanismos de negociación contractual” en torno a compensaciones por daños infringidos, advierten una posible declaratoria de quiebra de los concesionarios y precisan que esto podría imposibilitar la operación y mantenimiento de vías, así como los servicios de auxilio vial perjudicando no solo a trabajadores, sino también a la población usuaria.

2. ¿Cuál debió ser la vía y forma para expresar dicha postura?

Expertos consultados por El Comercio señalaron que, en el derecho internacional, la Convención de Viena de 1961 es la que fija las normas sobre relaciones diplomáticas y contempla que las misiones diplomáticas en un país extranjero deben tratar asuntos con el Estado a través de las cancillerías.

“El principio es que es el Poder Ejecutivo es el que tiene las relaciones con el exterior. Y esa no es función del Congreso. Por lo tanto, ha sido un error sorprendente que [los embajadores] se hayan dirigido con una carta formal directamente al presidente del Congreso”, indicó el excanciller Eduardo Ferrero.

El internacionalista Juan Velit sostuvo que los embajadores “han equivocado los términos y las vías” y han tenido “una suerte de injerencia”. “Es posible que tengan alguna razón en sus solicitudes, pero esta no es la forma de plantear estos inconvenientes. Hasta me atrevería a decir que es una impertinencia de esas embajadas. Porque ellos saben que están protegidos por acuerdos internacionales, como los acuerdos de Viena, que protegen las inversiones extranjeras en el país”, acotó.

3. ¿Qué reacción ha tenido el Congreso?

El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, convocó el último domingo al canciller Gustavo Meza-Cuadra a una reunión en la que también participó el segundo vicepresidente Guillermo Aliaga (Somos Perú).

“La reunión concluyó con el compromiso del canciller Meza-Cuadra en tomar acciones de acuerdo al su competencia para hacer respetar la soberanía nacional y el Convenio de Viena referido a las relaciones diplomáticas”, informó el Parlamento.

Además, Aliaga envió un oficio al canciller solicitándole que entable comunicaciones que considere pertinentes con los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia y que “actúe y haga prevalecer lo dispuesto en las leyes y tratados internacionales debidamente suscritos y respetados por este Poder Legislativo”. El parlamentario comentó que está a la espera de una respuesta.

Por su parte, Gilmer Trujillo (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, indicó que está a la espera de que la cancillería le remita la respuesta a un oficio en donde pidió información sobre las acciones tomadas ante el incidente.

“Si no nos satisface la información que nos haga llegar el canciller, estamos en la posibilidad de invitarlo para que participe en la sesión del lunes [...] Si no tenemos respuesta, vamos a proceder a convocarlo en sesión extraordinaria u ordinaria”, adelantó.

4. ¿Qué ha respondido el Ejecutivo?

En una entrevista con “Cuarto Poder” la noche del domingo, el canciller Meza-Cuadra informó que enterado de la misiva de los embajadores, se contactó con ellos para expresarles la extrañeza de la cancillería peruana sobre su proceder.

Informó también que el embajador de Canadá le envió un mensaje electrónico a nombre de los otros diplomáticos, en el que “han reconocido su error”.

“Ellos reconocieron que no habían utilizado el canal correspondiente y han transmitido sus excusas. Esto ha ocurrido inmediatamente cuando se les hizo el llamado y el día de ayer uno de los embajadores, en nombre de los cuatro, me transmitió nuevamente las excusas y explicaciones del caso”, comentó. En otro momento, añadió: “Es un error, una descoordinación, es una grave situación. Han reconocido que no es intención en absoluto vulnerar las prácticas diplomáticas”.

En la cancillería se estaba a la espera de un oficio escrito y formal de los cuatro embajadores a fin de derivarlo también al Parlamento. Meza-Cuadra adelantó que, con ello, esperaba dar por superado el tema.

También se ha pronunciado sobre el tema el primer ministro Vicente Zeballos, quien aseveró que si bien los embajadores tienen derecho a velar por los intereses de empresas de sus países, tienen que ser respetuosos de los conductos regulares; es decir, a través de la cancillería. “No obstante este impasse, el cual se ha puesto de manifiesto en estos últimos días, el canciller ha convocado a los cuatro embajadores. Entiendo que en horas de la noche ayer, han cursado una carta y hoy tendrán una reunión”, detalló.

5. ¿Puede escalar más el problema?

El excanciller Ferrero sostuvo que Meza-Cuadra ya se ha quejado formalmente ante los embajadores y consideró que estos han hecho bien en disculparse, porque “han cometido un error, ha sido una impertinencia”.

“Espero que esto no escale más, porque son cuatro países amigos del Perú. Tenemos una muy buena relación política, económica, hay inversión de estos países en el Perú. Con las disculpas que han hecho de inmediato, según ha declarado el canciller, creo que es suficiente”, sentenció.

En ese mismo sentido se pronunció el internacionalista Velit. “No creo que escale más. Los embajadores de estos países se han percatado de que han dado un traspié diplomático en su acción política. En segundo lugar, ya está informado de alguna manera el Congreso de la República, que es el responsable de estos hechos”, dijo.

Según pudo conocer este Diario, en la Mesa Directiva se está a la espera de una comunicación formal de la cancillería con las excusas de los embajadores. Ello podría determinar que el asunto quede zanjado.

Sin embargo, el vocero de Somos Perú, Rennan Espinoza, sugirió que se solicite el retiro de los embajadores del país. Asimismo, ha solicitado una sesión de la Junta de Portavoces para abordar la situación y se emita un pronunciamiento institucional.

Trujillo sostuvo que no ha quedado satisfecho con las explicaciones de Meza-Cuadra tras su reunión con la Mesa Directiva y sus declaraciones públicas señalando que los embajadores admiten su error y piden disculpas. Consideró que dichos diplomáticos “no pueden justificar esa comunicación incorrecta aduciendo que han cometido un error”.

“Esperamos la mano dura, la decisión fuerte del canciller en defensa de nuestra soberanía [...] Se trata de una intromisión a un trabajo que es competencia exclusiva, en este caso las leyes, del Congreso”, respondió el legislador de Fuerza Popular consultado por si los embajadores deberían ser declarados personas non gratas, lo que implicaría su retiro, como plantea el vocero de Somos Perú.

6. ¿En qué estado se encuentra la norma en controversia?

La ley que suspende el cobro de peajes administrados por privados durante la emergencia por el coronavirus fue aprobada por insistencia por el pleno del Congreso el pasado 7 de mayo, luego de que el mes anterior la autógrafa fuera observada por el presidente Martín Vizcarra debido a que podría tener como consecuencia arbitrajes contra el Estado.

La norma fue publicada dos días después. Sin embargo, el primer ministro Vicente Zeballos informó el último sábado que el Gobierno ya ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

“Esta semana última hemos presentado, a instancias del Ministerio de Justicia, una acción de inconstitucionalidad contra esta norma. Reiteramos los argumentos de siempre: primero contraviene abiertamente la Constitución, y segundo, el tráfico es bastante menor por la inmovilización. Tercero, hay gastos de mantenimiento en las carreteras. ¿Quién lo va a asumir? El Parlamento no, el Ejecutivo. Cuarto, se deja abierta la posibilidad de que los contratistas acudan al Ciadi y eso va a significar para el erario nacional costos de reparación civil que se pudieran estar generando”, arguyó en RPP.

Recordó que los ministerios de Economía y Transportes emitieron observaciones que no fueron tomadas en cuenta por el Parlamento.