El pasado 1 de agosto, en plena gestión de José Luis Fernández Latorre como Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), dicha entidad firmó un contrato por S/200 mil por la adquisición e instalación de un transformador trifásico a un contratista que presentó documentación falsa.
Así lo indica un informe de la Contraloría General de la República del pasado 19 de octubre, al que accedió El Comercio, tras la fiscalización del procedimiento de selección denominado: Adjudicación Simplificada N.° 003-2022-DINI-Adquisición e instalación de transformador trifásico de 1250 kVA.
Según el órgano contralor, los documentos presentados por el postor ganador Jaime César Cruz Viera –para acreditar su experiencia en la especialidad, así como la experiencia del personal clave– “carecerían de veracidad o son inexactos”.
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Pese a ello, dicha documentación le permitió ganar la buena pro, con lo que se habría comprometido el uso de recursos públicos por S/200.000; y además, según la contraloría, se pone en riesgo contratar a un proveedor no idóneo y que no pueda cumplir con los estándares para la provisión del bien.
Las irregularidades
De la fiscalización realizada se determinó que, para sustentar su experiencia, el postor Jaime César Cruz Viera presentó un “Contrato de Venta e Instalación Privado” de 7 de setiembre de 2015. Corresponde a un acuerdo con Servicios Generales Gómez de Lesbia Cabrejos Gómez para la venta de una subestación eléctrica tipo pedestal y puesta en funcionamiento del sistema de utilización eléctrica en media tensión 22.9KV para una planta industrial en la ciudad de Sechura, Piura, por S/ 75.800.
En dicho contrato, además, se señala que el ingeniero Ericson Nathals Solis supervisará los trabajos realizados por Cruz Viera.
Sin embargo, tras comunicarse la contraloría con Nathals Solis, este respondió que si bien hubo un ofrecimiento para realizar servicios de supervisión por parte de Servicios Generales Gómez, este no se concretó.
“Por lo que puedo afirmar que no presté servicios de supervisión en el contrato materia de consulta. No he laborado para Servicios Generales Gómez en el contrato materia de consulta”, respondió el supuesto supervisor acreditado por el postor Cruz Viera.
No fue lo único. El postor al que la DINI dio por ganador en la adjudicación simplificada presentó como prueba para acreditar la experiencia de sus trabajadores un contrato de su personal Hilario Conde indicando que este había trabajado de manera ininterrumpida –desde setiembre del 2013 a noviembre de 2019– en la empresa JVC Servicios Generales de Juan Carlos Viera Calle.
No obstante, a la contraloría solo le bastó una búsqueda Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE para determinar que Conde Ramírez figura como proveedor de servicios en diferentes entidades públicas en el período que supuestamente trabajó únicamente para la empresa JVC Servicios Generales, como indicó Cruz Viera.
Las irregularidades antes señaladas no fueron advertidas por el órgano de verificación de la DINI y, el 1 de agosto de 2022, se firmó el Contrato Nro. 005-2022-DINI que se encuentra en curso hasta el 21 de noviembre del 2022.
“Se tienen indicios de la falta de veracidad o inexactitud del contrato en mención, único documento presentado por el postor para acreditar su experiencia en la especialidad; y, por lo tanto, indicios de que dicho postor, conociendo que no cumpliría con este requisito, introdujo en su oferta un documento que carecería de veracidad o que es inexacto, lo que le permitió ganar la buena pro”, indica la Contraloría.
Por ello, el órgano contralor indicó si tras la verificación con el contrato en curso, el órgano encargado de conducir el procedimiento haya identificado elementos que le hagan presumir de la vulneración al principio de presunción de veracidad en la documentación presentada por el postor ganador, debe adoptar las las acciones administrativas y/o penales que tuvieran lugar.
Ya en el 2021, el Instituto Geofísico del Perú había pedido al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) sancionar a dicho proveedor por incumplir con un contrato donde se adquirió puertas, postes y casetas metálicas. Sin embargo, el tribunal de Osce determinó que no se le podía sancionar puesto el proveedor sustentó que enfermó y no pudo cumplir con el contrato.
Este Diario se comunicó con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para solicitar información sobre las acciones adoptadas ante las actuaciones evidenciadas por la Contraloría; sin embargo, hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.
Adjudicaciones en curso
Por estos días, la DINI realiza procesos para la Adquisición de un Sistema de Prevención de Pérdida de Datos e Información DLP. Sin embargo, debido a la cantidad y complejidad de la revisión técnica de las propuestas la evaluación de estas se postergó hasta el último martes y la buena pro se otorgará el 11 de noviembre.
Durante la gestión de Fernandez Latorre, la DINI también ha firmado más contratos, entre ellos por la “Adquisición del Sistema de Protección y Seguridad para Red Firewall Interno” por S/716,841.30, “Adquisición de Sistema de Respaldo de Información Institucional” por S/524,800.00, “Contratación de Renovación de Licencias de Software y Garantías de Equipamiento del Sistema de Virtualización de Aplicaciones” por S/92,600.00; entre otros.
Hasta el momento, la DINI ha gastado S/54′637.961,29 millones de los S/70′068.002 que se le otorgó para el año 2022. Dicho presupuesto, se ha incrementado en 9% respecto a lo recibido en el 2021, que ascendió a S/64′465.722.
Según el cuadro de asignaciones iniciales de enero del 2021, la DINI promedió un gasto general por necesidades bienes, servicios y obras S/10′466.226,26 para el mejor desempeño laboral de esta dirección.