Desactivar la JNJ y elevar el número de fiscales supremos: Estos son los cambios que propone la Comisión Especial del Congreso

Con más de 24 sesiones desde marzo del 2025, la Comisión Especial de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia del Congreso de la República buscará aprobar su Informe Final-Etapa1 , entre el lunes y martes de la próxima semana.

Así lo anunció este jueves su presidenta, la congresista María del Carmen Alva (No Agrupados), luego de escuchar los últimos cuestionamientos a diversos puntos del documento que el grupo de trabajo busca aprobar y presentar ante la Comisión de Constitución.

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Durante la sesión, se dio cuenta de las más recientes modificaciones realizadas al informe, entre las que destacan aumentar el número miembros del Tribunal Constitucional (TC) y los años en el cargo, elevar a once el número de fiscales supremos titulares, desactivar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en poco más de un año, tiempo en que deberá ponerse en marcha la Escuela Nacional de Justicia.

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Esta sesión contó también con la participación virtual de los congresistas Lady Camones, Luis Aragón Carrillo, Américo Gonza Castillo, Patricia Juárez Gallegos, Alejandro Muñante, Segundo Quiroz Barboza y Rosselli Amuruz Dulanto

Precisamente, uno de los últimos en ser escuchados por la comisión especial fue el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, quien se presento el pasado 29 de setiembre.

Entre los más recientes cambios y precisiones, de acuerdo al informe que se dio cuenta en la sesión, se propuso la creación de la Escuela Nacional de Justicia -que tomó el proyecto de ley presentado por la congresista Gladys Echaíz—lo que tendrá como efecto la desactivación de la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de la Academia de la Magistratura (Amag).

Ello, se indica en el documento, a efectos de contar con una escuela del más alto nivel académico que se encargue, no solo de formar, capacitar y promover a los futuros jueces y fiscales del país; sino también de realizar convocatorias con la finalidad de generar incentivos en los mejores perfiles para que puedan iniciar la carrera fiscal y judicial.

Según la propuesta, al integrarse como un “nuevo órgano constitucionalmente autónomo”, la Escuela Nacional de Justicia deberá estar comprendida dentro de los alcances del juicio y antejuicio político del artículo 99 de la Constitución.

En un punto complementario, la sugerencia legislativa plantea siete disposiciones, para la transición de la Escuela Nacional de Justicia, en los que se precisa que esta se pueda implementar en un plazo de un año, más 30 días y otros 90 días hasta que se presente un propuesta de Ley Orgánica.

También se incorpora la propuesta de autonomía constitucional de las Autoridades de Control del Poder Judicial (PJ) y del Ministerio Público (MP) y que según el referido documento ha contado con el aval de ambas entidades.

En el caso de las Procuradurías Públicas, la opinión legislativa señala que se deben precisar su autonomía constitucional, de tal forma que solo se pueda ingresar a este cargo vía concurso público de méritos

En el caso del Tribunal Constitucional, la propuesta precisa, sobre su composición y mandato, que el número de magistrados aumente a dos plazas adicionales, con lo que se elevaría de siete a nueve integrantes de su Pleno.

Además, se propone que el mandato de los magistrados del TC se eleve de cinco a ocho años.

Respecto a la predictibilidad, el documento establece que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que será reemplazada por la Escuela Nacional de Justicia, sean irrevisables, a fin de que ninguna decisión judicial pueda alterar, en el caso de las resoluciones del JNE, el calendario electoral establecido.

Sobre los procesos de amparo, se establece en el documento que no proceden con relación a cuestionamiento de Resoluciones Administrativas, en el extremo de la ejecución de las mismas. Por tanto, cualquier reclamo se debe realizar vía un proceso contencioso administrativo, el mismo que con la sola interposición de la demanda no suspenderá los efectos de la ejecución; sin perjuicio de que se pueda interponer una medida cautelar emitida por un juez.

Sobre el presupuesto, la propuesta señala que el Poder Judicial podrá contar con un mínimo del 4% del Presupuesto General de la República; y en el caso del Ministerio Público se ha precisado que su presupuesto no se verá reducido respecto del año anterior.

Sobre el Poder Judicial, la propuesta también señala que para efectos de elegir a su titular en el máximo nivel, se equipara con el plazo que hoy tiene el fiscal de la Nación. Es decir, la elección en el cargo será por un período de tres años, renovables por dos años más.

Además, se ha precisado en el documento que el número de miembros de la Corte Suprema debe estar precisado en la Ley Orgánica del PJ a fin de evitar la discrecionalidad que pueda convertirse en arbitrariedad.

Además, las Salas Especializadas del PJ funcionarán en razón a la especialización de la materia, precisándose que las salas o sus integrantes deben ser necesariamente jueces titulares.

Sobre las funciones de la Corte Suprema se ha establecido que continuarán conociendo los recursos de casación; dejándose a la ley la posibilidad de que bajo discrecionalidad y razonabilidad puedan conocer determinada materia.

Finalmente, se propone eliminar las ratificaciones de los jueces y fiscales cada siete años; sin perjuicio de que haya una evaluación permanente no solo para sanciones disciplinarias sino también para la promoción en la carrera judicial y fiscal.

Se precisó que esto último es un pedido expreso y formal que no solo está previsto en el informe de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia-CERIAJUS del 2004, la Política de Reforma de Justicia del 2021 y en el informe de la Convención de Viena.

Tras culminar la lectura del informe actualizado, la presidenta María del Carmen Alva, invitó a los parlamentarios para el debate.

La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) fue la única que hizo uso de la palabra y expresó sus reparos respecto a diversos puntos, entre ellos la diferencia de establecer el incremento de un número fijo para la Junta de Fiscales Supremos, a diferencia de la cantidad de jueces supremos que la propuesta no precisa.

“Respecto a la organización, se propone modificar el artículo 158 (de la Constitución) para fijar en 11 el número de fiscales supremos. La pregunta es, ¿por qué se establece acá un número fijo para los fiscales supremos y no así para los jueces supremos?”

Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular

El referido artículo, cabe precisar, en la actualidad no hace precisiones respecto a la cantidad de fiscales supremos que deben ser nombrados.

Otro de los puntos cuestionados por la parlamentaria fue la propuesta para modificar el artículo 138 de la Constitución cuya redacción señala que “para la ejecución de control difuso de la ley, las sentencias son elevadas en consulta a la Corte Suprema de justicia”. Sin embargo, señaló que se debe suplir la palabra “ejecución”, puesto que el tema es elevar en consulta para “controlar o validar ese ejercicio de constitucionalidad”.

También cuestionó la modificación del artículo 141 de la Constitución para que la Corte Suprema admita recursos de casación a su discrecionalidad. La congresista señaló que dicha facultad debe ser evaluada pues otorga un “gran poder de selección” a dicha instancia.

“También se ha omitido establecer un plazo máximo para eliminar la situación de los jueces y fiscales provisionales. Creo que el plazo máximo para la provisionalidad debe ser como máximo de tres años”, comentó.

Junto a ello, puso en cuestionamiento elevar el número de magistrados del TC, señalando que la propuesta había sido de diez integrantes y que su permanencia en el cargo por ocho años debía revisarse, ya que sería más tiempo de lo que tiene ahora un presidente de la República o un congresista.

Respecto a la Escuela Nacional de Justicia (que reemplazará a la Junta Nacional de Justicia) adujo que se debía analizar al detalle dicha sustitución puesto que se estaría variando la forma de selección de magistrados, entre otros temas.

En su última intervención, la congresista Alva adujo que revisarán las propuestas señaladas por Juárez, y remarcó que no todos los integrantes del grupo de trabajo están de acuerdo, pero que buscaba que el informe se apruebe por unanimidad.

Recordó que se trata de un informe de propuesta que será remitido a la Comisión de Constitución y allí, “en un mes”, se volverá a debatir con especialistas, la academia, constitucionalistas y los mismos titulares de los órganos de administración de justicia.

“Lo que queremos es aprobar este informe por unanimidad. La idea es que se escuche alguna propuesta de los congresistas y tomar esas propuestas, evaluar más profundamente y la próxima semana, aprobarlo. Porque yo tengo un compromiso con el presidente de la Comisión de Constitución. Él me ha requerido que presentemos en este mes, lo antes posible, para que él tenga un mes en la comisión de Constitución para debatir esta propuesta. Considerando que esta es una reforma constitucional que requiere 87 votos para aprobarla en esta legislatura, sabemos que la legislatura termina el 15 de diciembre.”

María del Carmen Alva, presidenta de la CE para la reforma de Justicia

En esa línea, la presidenta de la comisión especial suspendió la sesión para analizar lo indicado por Juárez y hacer un nuevo texto, con la finalidad de que la próxima semana pueda aprobarse.