La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, rechazó la denuncia constitucional en su contra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual realiza este lunes una audiencia pública en la que se evalúa su caso.
“Hoy estoy frente a ustedes para expresar la verdad y ejercer mi derecho constitucional a la defensa”, dijo ante los legisladores que integran este grupo de trabajo.
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“No ha existido ningún acto de dirección o de gestión, ni mucho menos llamadas o gestión de intereses”, remarcó.
Boluarte Zegarra asistió a la sede del Parlamento junto a su abogado, Alberto Otárola. Es acusada de haber representado intereses de otra institución, el Club Departamental Apurímac, mientras fue ministra, algo que está prohibido por la Constitución.
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Con relación a este tema, señaló que si bien había una presidenta encargada del Club Apurímac, esta no podía ejercer el cargo ni firmar documentos porque no estaba regularizada en Registros Públicos. Boluarte aún figura como representante del club.
“Los documentos firmados corresponden a asambleas generales extraordinarias iniciadas en el 2019, antes de haber asumido el cargo de ministra”, manifestó.
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A su turno, Alberto Otárola, abogado de Boluarte Zegarra, sostuvo que algunos miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales han adelantado opinión a favor de la inhabilitación de la integrante del Ejecutivo, por lo que pidió, como cuestión previa, que dichos parlamentarios se abstengan de conocer y votar dicha causa.
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