JNE detecta firmas falsas en Primero La Gente y Perú Acción: ¿Qué sigue y cómo busca sancionarlos?

De acuerdo con un informe del jurado, los partidos Primero La Gente y Perú Acción presentaron firmas falsas entre los miles de registros que les abrieron las puertas de la legalidad.

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El Comercio accedió a ese documento mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El JNE encargó la elaboración del informe a un equipo técnico de fiscalización posterior. Se encontró que Primero La Gente presentó 32 fichas con firmas falsas; y Perú Acción, al menos cinco registros adulterados. Según se precisa en el documento, el hallazgo se sumó a otras fichas de afiliación identificadas por el Reniec como “no válidas”.

El equipo técnico del jurado precisó que, si bien la cantidad de firmas falsas identificadas no parecería cuantiosa, se debe considerar que “es el resultado proveniente de una muestra aleatoria seleccionada”, no de todas las fichas de afiliación. Esta precisión le permitió “deducir con claridad” que el número de firmas falsas sería mayor si se aplica la fiscalización posterior a todas las fichas.

El informe concluye que hay “evidencia suficiente” de que ambos partidos “tendrían una conducta que no guarda coherencia con el de la buena fe”. Destaca que los hallazgos son suficientes para que el JNE tenga “el deber de interponer acciones legales para revertir la inscripción”.

A esas acciones legales se refirió el presidente del JNE, Roberto Burneo, en entrevista con el diario El Comercio publicada el pasado 7 de septiembre. Burneo dijo que la estrategia es plantear un recurso de lesividad, una figura del derecho administrativo que le permite al Estado deshacer sus propios actos cuando afectan el interés público. En este caso, anular las inscripciones de ambos partidos.

Proceso inédito

El proceso de fiscalización posterior se realizó solo contra Primero La Gente y Perú Acción. ¿Por qué no contra el resto de partidos inscritos? El JNE responde a El Comercio que se trata apenas del primer paso.

“Se priorizaron aquellos procedimientos (inscripción de organización política) cuyo plazo de eventual declaratoria de nulidad estaba por vencer. Por tanto, la fiscalización posterior continuará en el futuro con los procedimientos de inscripción que corresponden, según lo establecido por las normas”, señala.

La sombra de Marco Zevallos

En el caso de Primero La Gente sobresale un protagonista clave: Marco Antonio Zevallos, su personero legal.

En la política peruana, Zevallos no es un recién llegado. Fue regidor de Lima con Fuerza Social, el ex partido de Susana Villarán, en 2010. Y en la campaña contra la revocatoria del 2013 tuvo un papel central: llevó la representación legal, firmó el pacto ético y respondió por los informes financieros ante el JNE.

Ese rol lo enfrenta a una posible condena. La fiscalía lo acusa de ser parte del “brazo legal” de la presunta organización criminal que habría montado Villarán para captar y lavar aportes ilícitos. Según el Ministerio Público, Zevallos no solo garantizó la permanencia de la red, sino que dio apariencia de legalidad a los activos que ingresaban disfrazados de contribuciones de campaña.

Zevallos enfrenta cargos por presunta organización criminal, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo. La fiscalía pide en su contra 18 años y cinco meses de prisión.

Con ese historial sobre la espalda, es el garante jurídico de Primero La Gente, agrupación inscrita el 5 de julio de 2023 y que ahora es cuestionada por la autenticidad de sus planillas de afiliados.

El otro partido observado, Perú Acción, fue inscrito apenas veinte días después, el 25 de julio de 2023. Su fundador es Francisco Diez Canseco Távara, empresario y político que ha transitado varias veces por la escena nacional.

Perú Acción se presentó como una organización capaz de convocar a más de 27 mil afiliados. Esa demostración de músculo organizativo es la que ahora el JNE pone bajo sospecha mediante la fiscalización posterior, un proceso inédito para el jurado.

Contra el JNE

En diálogo con El Comercio, Zevallos se aferra a la idea de que lo suyo es un partido legítimo, y acusa al presidente del JNE de irresponsable.

“He leído las declaraciones que ha dado el señor Burneo a su medio, donde hace mención a un informe en el sentido que usted refiere. No nos ha sido notificado para brindar algún descargo. Sí me parece de una enorme irresponsabilidad que el presidente de un órgano que debe mantener neutralidad y extrema pulcritud en el proceso electoral, brinde una declaración de ese tipo, sin previamente permitirnos conocer sobre ello”, afirma.

Zevallos se defiende con el mismo libreto que usan los políticos en aprietos: acusar de sesgo a las autoridades.

“Nos ratificamos en que nuestra inscripción se logró sin recurrir a ningún mecanismo de fábrica de firmas u otro similar, y respondió al esfuerzo sustantivo del conjunto de nuestra militancia a nivel nacional. Queda claro que actuaciones como la que usted señala, son una prueba más que evidente de que la cancha electoral está inclinada, con el conjunto de leyes y normas construidas en favor de la coalición autoritaria que gobierna el país”, señala.

Cuando se le pregunta cómo verificaron las afiliaciones antes de presentarlas al JNE, recurre a una explicación genérica. “Los mismos que utilizan todos los partidos políticos. Tenemos cerca de 29 mil militantes en todo el país, y alrededor de 80 comités provinciales en los 24 departamentos del Perú, y hemos hecho todo lo que el marco legal nos permitió y facultó para lograr la inscripción de un partido que se ponga al servicio de la gente, y no de los intereses subalternos y mafiosos que hoy nos gobiernan”.

Zevallos no solo responde en defensa del partido. También lo hace para limpiar su propio nombre frente al proceso judicial que lo acecha. “Nunca tuve injerencia en el manejo económico o financiero de la citada campaña electoral. Es injusto que se me involucre en una acusación donde las únicas pruebas de cargo es que yo he firmado dos notas de atención en mi condición de personero legal, o responsable oficioso de un equipo legal. Si a partir de ello se quieren restringir mis derechos políticos, pues es una prueba más de lo endeble de nuestra democracia, y de cómo desde la prensa concentrada, se tiene un tamiz diferenciado con relación a las propuestas políticas”.

El presidente de Perú Acción, Francisco Diez Canseco, también defiende la legitimidad de su partido y apunta directamente contra el JNE.

“No hemos falsificado firmas. Las firmas fueron trabajosamente recabadas por nuestros militantes y dirigentes, verificadas por una entidad especializada y luego presentadas al Reniec. Lo que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones es absolutamente ilegal porque el único organismo habilitado para autenticar la firma de los partidos políticos es el Reniec”, dice.

Para Diez Canseco, la fiscalización posterior realizada por el jurado “es absolutamente ilegal, discriminatoria y, por cierto, tiene un tufillo de política corrupta”.

“Se lo hice saber directamente al presidente del jurado en la reunión que sostuvo con dirigentes y presidentes de partidos políticos el día jueves [11 de septiembre]. Y tengo una reunión con él y su gabinete de asesores este martes a las 10 de la mañana para ver este tema”, agrega.

En opinión del presidente de Perú Acción, el JNE no tiene competencia para retroceder sobre lo ya avalado. “Es insólito que dos años después [de la inscripción], con un partido caminando con comités en todo el Perú, se pretenda una nulidad a través de una acción de lesividad presentada al Poder Judicial, como si fuéramos unos delincuentes. Y esto porque han encontrado cinco firmas falsas sobre 25,000”, sentencia con un timbre que demuestra su fastidio.

Mirada legal

La abogada Silvia Guevara, especialista en derecho electoral, subraya que el JNE cuenta con la facultad de realizar una fiscalización posterior y, llegado el caso, interponer un recurso de lesividad. Este mecanismo, explica, se utiliza cuando el acto administrativo que se pretende anular ya superó los dos años de vigencia.

“Si se superan los dos años, la entidad ya no puede declarar la nulidad de oficio. Ahí es cuando recurre al Poder Judicial. Pero solo lo puede hacer hasta tres años después de la emisión del acto”, detalla.

La especialista advierte, además, un escenario complejo: ¿Qué ocurriría si los candidatos de Primero La Gente o Perú Acción alcanzan representación en el Congreso y, tiempo después, se declara nula la inscripción de sus partidos?

La respuesta no es sencilla. “Si algo se declara nulo, significa que nunca existió, por ende, se tiene que retrotraer en la medida de lo posible”. Pero añade de inmediato: “Si uno de los partidos involucrados pasa la valla electoral y logra representación, se presentará una imposibilidad jurídica para revertir esa situación”.

Guevara se detiene en lo que califica como una contradicción del JNE: en pleno proceso electoral, el jurado anuncia medidas que podrían derivar en la desaparición legal de un partido en contienda. “Es curioso. Ellos han emitido un pronunciamiento distinto en el caso del partido del señor Duberlí Rodríguez, en el que señalaron que se alteraría el cronograma electoral”, recuerda.

Por eso lanza una pregunta que deja flotando en el aire una duda de fondo: “¿Es viable que se declare la nulidad de la inscripción de una organización política que ya compite en la elección? Me parece que habría un criterio contradictorio”.