Separan a Jorge Chávez Cotrina de la coordinación de fiscalías contra crimen organizado. (Foto: Andina)
Separan a Jorge Chávez Cotrina de la coordinación de fiscalías contra crimen organizado. (Foto: Andina)
Redacción EC

En el marco de su estrategia para modernizar la gestión pública y optimizar la investigación de delitos complejos, la emitió una resolución que establece importantes cambios en las coordinaciones de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. Estas modificaciones buscan fortalecer la capacidad resolutiva del y garantizar una respuesta eficiente a las demandas sociales.

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Mediante la Resolución Nº 2980-2024-MP-FN, se designó a la abogadacomo nueva coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Asimismo, asumirá el cargo de Jefa de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, con funciones adicionales de representación ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (NAS) y la DEA, así como otros organismos internacionales vinculados a la lucha contra el narcotráfico.

La resolución también establece la culminación de las designaciones previas de los abogados Jorge Wayner Chávez Cotrina e Isabel Edi Galván Calle, quienes venían desempeñando funciones clave en estas fiscalías desde 2015 y 2023, respectivamente. Ambos deberán proceder con la entrega formal de sus cargos según las normativas internas de la institución.

El Ministerio Público destacó que esta reestructuración responde a la necesidad de unificar esfuerzos y estrategias en la investigación de delitos de alta complejidad, garantizando así mejores resultados en la persecución del crimen organizado y el narcotráfico. La nueva coordinación permitirá estandarizar criterios investigativos, maximizar el uso de recursos y mejorar la articulación entre despachos fiscales.

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Con esta medida, la Fiscalía de la Nación reafirma su compromiso con la lucha contra los delitos que afectan gravemente la seguridad del Estado y los derechos fundamentales. La institución continúa trabajando en fortalecer su capacidad institucional y en brindar una administración de justicia más efectiva, transparente y alineada con las demandas de la sociedad peruana.

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