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El Gobierno respondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y contradijo la resolución de esta última, al asegurar que no se ha cometido desacato al liberar al expresidente Alberto Fujimori.
En un comunicado emitido este viernes 22 de diciembre por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se indica que el Gobierno pidió expresamente a la corte que implemente un “mecanismo de supervisión reforzada”.
“En el sentido expuesto, no ha existido desacato alguno por parte del Estado, puesto que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte”, aseguró.
Pese a que la corte interamericana declaró al Estado peruano en desacato, el Ejecutivo insistió que es “plenamente respetuoso de los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos” y ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Finalmente, detallan que presentarán el informe requerido por la corte dentro del plazo establecido que vence el 4 de marzo del 2024.
Con esto, el Gobierno responde a la Corte IDH que resolvió este 19 de diciembre que el Estado peruano incurrió en un “desacato” al tramitar la liberación del expresidente Alberto Fujimori, sin tomar en cuenta las resoluciones en las que se estableció que se debían abstener de ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional (TC).
La corte, al publicar la resolución este 21 de diciembre, advirtió que las autoridades peruanas incurrieron en “desacato” al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de marzo del 2022 que restituía el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori otorgado el 24 de diciembre del 2017 por Pedro Pablo Kuczynski.
Todo esto “a pesar que la Corte había dispuesto que debía ‘abstenerse de implementar[la]’ debido a que no se observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional de dicho indulto”.
El desacato del Estado peruano a la corte será informada ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el informe anual de la Corte Interamericana para el 2023.
Finalmente, la Corte IDH dispone que el estado peruano informe, a más tardar el 4 de marzo del 2024, sobre cómo se está cumpliendo con la obligación de sancionar las graves violaciones a los derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“El Estado deberá continuar presentando informes cada tres meses, por el tiempo que esta Corte considere necesario”, indica la corte interamericana.
