Un año y nueve meses atrás, cuando Dina Boluarte era la vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo, criticó el fallo del anterior Tribunal Constitucional (TC), que restituyó el indulto al exmandatario Alberto Fujimori. En aquella oportunidad, en su cuenta de X (hoy eliminada) dijo que anhelaba “una justicia que no permita casos de impunidad, cuyas decisiones no sean parte de negociaciones políticas”.
Boluarte Zegarra, incluso, expresó su preocupación por la sentencia del TC y se solidarizó con los deudos de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, “afectados” con la decisión.
Hoy, ya instalada en Palacio de Gobierno como jefa de Estado, su administración decidió acatar un nuevo fallo del colegiado que ordenó la excarcelación del exmandatario en cumplimiento de la anterior sentencia. Esto a pesar de que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado peruano abstenerse de poner en libertad al patriarca de los Fujimori, condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado y lesiones.
👩🏿⚖️👨🏿⚖️Resolución de Medidas Urgentes del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de diciembre de 2023 en relación con el Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta Vs. Perú.🇵🇪
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) December 6, 2023
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Fuentes de El Comercio indicaron que tras esta comunicación de la Corte IDH, dentro del Ejecutivo surgieron dudas sobre si se debía o no liberar a Fujimori. Hasta el martes, la posición había sido cumplir el fallo del Tribunal Constitucional.
Las mismas fuentes refirieron que la presidenta Boluarte convocó a una reunión al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, a Palacio de Gobierno, donde analizaron los diferentes escenarios jurídicos que tenían. La cita concluyó minutos antes de las 3:30 p.m., debido a que la mandataria tenía programada su participación en el foro Expo Perú Regiones 2023.
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Otras fuentes de este Diario relataron que un sector del Ejecutivo estuvo a favor de acatar el emplazamiento hecho por la Corte IDH. Agregaron que les hacía ruido el impacto que puede llegar a tener fuera del país el no respetar un tratado internacional.
También señalaron que otro sector, donde estuvo Otárola, valoraba las consecuencias políticas que le traería al gobierno no liberar a Fujimori.
En paralelo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su hermano menor, el excongresista Kenji Fujimori, se dirigían al penal de Barbadillo, en Ate. Fuentes cercanas a la cúpula naranja señalaron que en ese momento no tenían conocimiento sobre la decisión del gobierno y que esperaban que la orden de salida se dé “en paralelo” a su llegada a la Diroes.
(Foto: El Comercio)
Minutos después del arribo de los hermanos Fujimori Higuchi, fuentes cercanas a Palacio de Gobierno confirmaron que en la reunión entre Boluarte, Otárola y Arana se decidió ejecutar el fallo del TC.
“[Si no se hacía] se perdía el apoyo de los fujimoristas en el Congreso, eso se había previsto, el gobierno no tiene una bancada”, remarcaron.
Ni Boluarte ni Otárola se han pronunciado públicamente sobre esta medida. Y fuentes de sus entornos indicaron que los portavoces sobre este asunto serán Arana y el canciller Javier González-Olaechea.
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La presidenta, en Expo Perú Regiones 2023, se limitó a hacer un llamado de “paz” y la unidad al país.
“Para que la inversión pueda tener la seguridad y la garantía, necesitamos un país en paz que no solo genere confianza al inversor privado, sino también al de afuera”, expresó.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue la primera (y única institución, al cierre de esta nota) en confirmar de manera oficial la decisión.
“El INPE en cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional que dispone la inmediata libertad del interno Alberto Fujimori, luego de procesar el documento de conformidad con los protocolos internos, procederá con la ejecución de la libertad”, señaló la entidad en un tuit.
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El lado naranja
Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron que más allá de las celebraciones que los seguidores de Fujimori puedan haber realizado por su liberación, en el partido naranja se ha pedido a sus dirigentes y congresistas mesura. Agregaron que el expresidente tendrá un perfil bajo, alejado (por el momento) de la política.
“La prioridad será su salud, que el expresidente se reencuentre con su familia. Por ello, su familia decidió que viva con Keiko Fujimori (en la casa de San Borja que le pertenecía a la ex primera dama Susana Higuchi y que sus hijos heredaron tras su muerte), que esté al lado de sus nietas y cerca de Kenji. La idea es que se recupere, que haya una terapia familiar”, expresaron.
También descartaron que exista a corto o mediano plazo “un plan político” para el ex jefe de Estado.
(Foto: Difusión)
Otras fuentes de la dirigencia del fujimorismo subrayaron que no tendrán un trato especial con el gobierno de Boluarte, aunque valoren su decisión. Añadieron que si optaban por no acatar el fallo del TC hubieran sido pasibles de denuncia constitucional y otras medidas legales.
“Nosotros nos consideramos de oposición, hemos intentado varias censuras a ministros [solo lograron la del titular del Interior, Vicente Romero]”, manifestaron.
En diálogo con El Comercio, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi saludó que el gobierno haya tomado la decisión de ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional.
“[Si la liberación no se daba] no significaba una ruptura, un quiebre se produce cuando hay una alianza y aquí no hay una alianza con el gobierno. Realizamos una función fiscalizadora que se ejerce dentro de lo razonable dada la situación de crisis [social y económica] en el Perú. Naturalmente cuando haya que apoyar al gobierno, cuando estén haciendo las cosas correctas, se hará”, acotó.
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Otárola, en marzo de 2022, también cuestionó el fallo del anterior TC que reponía el indulto a Fujimori, al considerar que esta sentencia “quiebra memoria histórica y estándares internacionales”. Agregó que “salvo medida cautelar urgente de la CIDH”, la decisión “es vinculante y se tiene que ejecutar, eso diferencia a la democracia de la dictadura”.
El 25 de diciembre de 2017, luego de que PPK indultara a Fujimori, el exministro de Defensa remarcó que el expresidente Ollanta Humala “tuvo entereza democrática y valentía para denegar indulto a Fujimori”, a quien calificó de “dictador”.
La procuraduría anticorrupción informó que Fujimori registra una deuda por reparación civil de S/ 57 millones por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial.
