Dina Boluarte convoca a mesa de trabajo sobre el proceso de formalización minera

La presidenta Dina Boluarte anunció el domingo que ha convocado para hoy lunes, a las 11:00 a.m., a una mesa de trabajo para tratar el proceso formalización minera. Se espera la participación de autoridades, gremios empresariales y legisladores.

Según adelantó la propia mandataria fueron invitados, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), la titular del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

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También fue convocado el saliente presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), quien ha sido cuestionado por impulsar una Ley MAPE (Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal) que favocería a los que realizan dicha actividad de maner ilegal.

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Además, se ha convocado a representantes de gremios mineros como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), entre otros.

“En la mesa de trabajo tocaremos la siguiente agenda: proceso formalización minera para los 31.560 registros autorizados; implementación de los derechos labores de los trabajadores mineros, y; trabajar en conjunto una Ley para la pequeña minería y minería artesanal que responda a los intereses de los trabajadores, el medio ambiente y el país”, señaló.

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En la actividad donde los ministros de Estado brindaron un balance sobre los efectos de la minería informal, la jefa de Estado reveló que ese rubro le ha costado S/7.500 millones al país en términos tributarios.

“Las cifras son claras: S/7.500 millones le ha costado la minería ilegal al país en términos tributarios. Con el dinero que la minería ilegal no tributa se hubiera podido financiar 1.500 escuelas primarias rurales o 500 colegios secundarios urbanos, 750 centros de salud de primer nivel, 375 comisarías distritales, 8 plantas de tratamiento de agua residuales, 5 proyectos eléctricos, 4 establecimientos penales o 3 centros de rehabilitación juvenil”, expresó.

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“Se hubieran construido 750 kilómetros de red vial nacional, 5.420 puentes y hubiéramos mejorado nuestro capital humano con 500.00 jóvenes capacitados en carreras técnicas, la entrega de 40.000 para estudiar maestrías en el extranjero, 83.000 becas para posgrados en el país”, agregó.

La mandataria también reiteró la posición del Gobierno en contra de la minería informal porque destruye el medio ambiente, promueve la trata de mujeres y fomenta el trabajo infantil.

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“Nuestro gobierno se mantiene firme en la formalización de los mineros informales que trabajan en beneficio del país. Nuestra posición es transparente y firme frente a la minería ilegal que destruye el medio ambiente, contamina los ríos, las fuentes de agua, explota a los trabajadores en forma inhumana en niveles similares a los de la esclavitud, organiza y promueve la trata de mujeres y la explotación del trabajo infantil”, subrayó.

Boluarte también pidió a la ciudadanía que sea vigilante de las conductas de “algunos malos congresistas” que en el pasado promovieron y organizaron la violencia contra su gobierno. Insistió en que su gestión no pactará con la ilegalidad.

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“Los mineros ilegales están al margen de la ley, con ellos no hay pactos, acuerdos ni diálogo porque como se ha demostrado en estos días, sus medios son violentos en defensa de su actividad destructiva del país (...) nosotros no pactamos con la ilegalidad”, enfatizó.

Pérdidas para el país

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, señaló que la minería ilegal generará pérdidas por S/5.200 millones en la recaudación del Impuesto a la Renta este año.

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“Este año 2025 la minería ilegal va a generar pérdidas en el Impuesto a la Renta por 5,200 millones de soles, pérdidas en canon minero por S/2.600 millones, afectando la oferta de bienes y servicios para nuestras poblaciones”, manifestó.

“Específicamente se está perjudicando a regiones como Puno con S/460 millones en pérdida de impuestos; Arequipa, S/450 millones; Madre de Dios, S/240 millones; La Libertad, S/215 millones; Apurímac, S/213 millones; y Ayacucho, S/160 millones”, agregó.

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En tanto, el titular del Interior, Carlos Malaver, precisó que si bien su sector y la Policía Nacional (PNP) priorizaron el diálogo con los mineros informales que bloquearon vías en diversas regiones del país, fue necesario actuar con firmeza para restablecer el orden.

Detalló que las fuerzas policiales ejecutaron operaciones de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público con la finalidad de garantizar el derecho al libre tránsito y desalojar a quienes acamparon en los exteriores del Congreso.

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A su vez, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, pidió no “politizar” la discusión en torno a la formalización minera, sino realizar un análisis técnico para alcanzar consensos.

“Hago una invocación a que estos temas que involucran al Perú entero no se deben politizar, se deben analizar técnicamente y se debe llegar a un consenso en el que sea la ciudadanía la que se beneficie, no es solo un sector en particular”, sentenció.