Dina Boluarte: ¿Hasta dónde puede avanzar la fiscalía en su investigación por presunto abandono del cargo?

La presidenta Dina Boluarte pidió que cesen los rumores de una posible vacancia presidencial luego de que el Ministerio Público iniciara una nueva investigación en su contra por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y abandono del cargo.

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La pesquisa fiscal se abrió luego de que el exprimer ministro Alberto Otárola confirmara que la jefa de Estado se sometió a una intervención quirúrgica el año pasado.

De acuerdo a informes periodísticos, Boluarte se habría sometido a una operación estética a mediados del 2023 y, debido a ello, habría estad incapacitada para desempeñar sus funciones entre el 29 de junio y 9 de julio de ese año.

Según ha podido verificar El Comercio, la agenda pública de la presidenta no registra actividades oficiales en esas fechas, a excepción del 5 de julio, que Boluarte lideró una sesión del Consejo de Ministros de manera remota.

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Este viernes 6 de diciembre, a puertas de cumplir 2 años en el cargo, Boluarte pidió que se detengan los rumores de vacancia presidencial y la polarización. Sin embargo, continuó sin explicarle al país sobre su intervención quirúrgica y los días que se habría ausentado del cargo.

“Basta de estar polarizando a la sociedad, basta los rumores de vacancia presidencial”, expresó.

La mandataria añadió que el pedido de vacancia viene de quienes “les gusta estar en el poder sin haber ganado nunca una elección democracia”. “Hagan lo que hagan, digan lo que digan, seguiremos trabajando por el desarrollo de la patria”, subrayó.

En otro momento, señaló que su gobierno seguirá enfocado en la seguridad del país, educación, entre otros, hasta julio del 2026, cuando entregue la banda presidencial a su sucesor.

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Este Diario intentó contactarse con Fredy Hinojosa, el vocero presidencial, pero no respondió al cierre de este informe.

Fuentes de Palacio señalaron a este Diario que la presidenta ni su portavoz se pronunciarán sobre el tema. Afirmaron que Hinojosa ya dio explicaciones.

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En tanto, en diálogo con Canal N, el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, restó importancia a la investigación fiscal contra la presidenta e indicó que aún no ha sido notificado.

Descartó que la presidenta haya incurrido en el delito de omisión de funciones o abandono de cargo.

“El delito de omisión de función supone en esencia no hacer algo que por mandato le corresponde hacer. En el caso de la presidenta, gobernar, promulgar leyes, emitir decretos supremos, realizar un trabajo en servicio de la patria. Y esto no ha sido así”, declaró.

El abogado afirmó que, durante el periodo en cuestión, la jefa de Estado ha tenido participación en las dos sesiones de Consejo de Ministros y emitió 91 normas.

“No podríamos hablar de una omisión de función cuando, por el contrario, hubo actos funcionales; y no se podría hablar de abandono del cargo donde, al contrario, hubo actos protagónicos en donde la presidenta de la república siguió en comunicación”, aseveró su abogado.

Añadió que el propio Alberto Otárola ha asegurado que estuvo en permanente contacto con la mandataria.

En otro momento, Portugal aseguró que, en el hipotético caso de que la mandataria se haya sometido a una rinoplastia, esta intervención no la incapacitaba mental o físicamente. Por lo tanto, a su juicio, no habría infracción constitucional o comisión de delitos.

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En diálogo con El Comercio, los constitucionalistas Óscar Urviola, Natale Amprimo, Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina estimaron que la investigación contra Boluarte sería archivada pues, a su juicio, la mandataria no habría cometido los delitos de omisión de funciones o abandono del cargo.

Para Urviola, si bien el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar una investigación contra la presidenta, este ejercicio tiene que hacerse dentro de los marcos de razonabilidad y proporcionalidad.

“Se trata de una situación en la que no veo abandono del cargo. [La rinoplastía es un procedimiento que, con el avance de la tecnología, se hace incluso hasta ambulatoriamente”, dijo.

Urviola añadió que la Constitución no establece que la presidenta debe informar sobre las procedimientos médicos a los que se somete y que esto corresponde a un ámbito de la intimidad, salvo que sea una cirugía invasiva, que le impida ejercer el cargo.

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Amprimo tuvo una opinión parecida. Agregó que el delito de omisión se configura cuando se ha producido un daño en el servicio funcional.

A su juicio, este hecho debe evaluar bajo tres aspectos: penal, constitucional y político. Sobre lo último, consideró que, “sin lugar a dudas, es un error de la presidenta distraerse en una cuestión que no requiere urgencia y hacerlo de manera secreta”.

“No es la primera vez que la señora nos da una versión distinta y que, incluso, tiene una respuesta poco política”, agregó.

Amprimo subrayó que no era la obligación de la presidenta dar cuenta sobre su operación, pues la Constitución no lo establece. “No hay norma que la obligue”, recalcó.

Sin embargo, a su criterio, se trataría más de un acto de transparencia.

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En esa línea también declaró Rospigliosi: “¿La presidenta tenía impedimento o no? ¿Qué es el impedimento temporal? ¿La rinoplastía es un impedimento? ¿Estaba privada del discernimiento? La respuesta es no. La rinoplastia es un procedimiento ambulatorio, según la literatura médica”.

Por lo tanto, según Rospigliosi, no era imprescindible que la presidenta comunicara al Congreso de su intervención. “Eso no quita que sea una frivolidad y una vanidad”

No obstante, para el constitucionalista es saludable que el Ministerio Público investigue a presidenta porque en una democracia ninguna autoridad está exenta de control.

Explicó que durante la investigación preliminar, la fiscalía citará a los investigados y también al médico que supuestamente operó a Boluarte. Y que, en caso que prospere la investigación, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, deberá presentar una denuncia constitucional.

“La denuncia permanecerá en la mesa de partes del Congreso hasta que acabe el mandato de Boluarte, ya que no puede ser de un acusada en su periodo por ningún delito, excepto traición a la patria”, apuntó.

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De otro lado, Urbina consideró que la investigación no tendría éxito a nivel penal, pero sí a nivel político en el Congreso, donde mediante una denuncia constitucional Boluarte podría ser inhabilitada hasta por 10 años.

“A nivel penal no le veo futuro”, remarcó.

Agregó que no hay una norma expresa que obligue a la mandataria a informar sobre sus intervenciones quirúrgicas, pero lo que establece la Constitución es que ella es presidenta las 24 horas del día.

“Cuando se ausenta tiene que quedar suspendida su presidencia para que asuma el vicepresidente o el presidente del Congreso”, aseveró.

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