Cerrón fue sentenciado, en segunda instancia, a tres años y medio de cárcel efectiva por las irregularidades en la concesión del Aeródromo Wanka. (Foto: El Comercio)
Cerrón fue sentenciado, en segunda instancia, a tres años y medio de cárcel efectiva por las irregularidades en la concesión del Aeródromo Wanka. (Foto: El Comercio)

En tres semanas, el secretario general de Perú Libre, , cumplirá un año prófugo de la justicia. A lo largo de ese tiempo, el condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por colusión ha evadido, al menos, ocho operaciones de la Policía, se ha mantenido activo en redes sociales y ha hecho política desde la clandestinidad.

Según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, el 55% cree que Cerrón Rojas continúa prófugo, porque cuenta con la protección del gobierno de . La presidenta no solo fue militante de Perú Libre, sino también tesorera de la agrupación fundada por el exgobernador regional de Junín.

Además, el 29% considera que el médico cuenta con el respaldo de los congresistas perulibrista para mantenerse oculto. Y el 13% responsabiliza a la “incapacidad” de la Policía por su no captura.

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A inicios de setiembre, los dominicales Punto Final, Cuarto Poder y Panorama emitieron un audio que comprometía al Ejecutivo. En la grabación una voz atribuida al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, refirió que el “cofre”, vehículo asignado a la presidenta, habría sido usado para transportarlo dentro de su clandestinidad.

La semana previa, estos programas también habían publicados audios -siempre negados por Santiváñez- en los que la voz atribuida al ministro dice que Dina Boluarte le pidió cerrar la Diviac.

Cerrón fue sentenciado, en segunda instancia, a cárcel efectiva por las irregularidades en la concesión del Aeródromo Wanka. Y deberá pagar- junto con los otros condenados, Aldrin Zárate Bernuy (en calidad de autor), así como Luis García Morón y Serafín Blanco Campos (en calidad de cómplices)- una reparación civil de S/800 mil a favor del Estado.

Al respecto, el exministro del Interior Rubén Vargas sostuvo que el elemento principal que asocia al gobierno con una protección a Cerrón son los audios atribuidos a Santiváñez.

“También la relación que ha existido entre la presidenta Boluarte y los miembros del partido Perú Libre y particularmente con Cerrón. Ambos son coprocesados en una investigación por lavado de activos y eso puede generar alguna razón para que no sea detenido. Quizás para no involucrarla en situaciones que forman parte de la pesquisa”, manifestó a este Diario.

Vargas refirió que, si se confirma la autenticidad de las grabaciones atribuidas al titular del Mininter, el país estaría ante un hecho “inaudito”.

“No solo habría protección, sino ayuda directa para que este señor eluda las acciones de la autoridad, es triste el papel que estaría jugando la presidente, de acuerdo con los audios”, remarcó.

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A su turno, el ex viceministro de Seguridad Pública del Mininter Ricardo Valdés explicó que la percepción de más de la mitad de la ciudadanía de que el gobierno protege a Cerrón está fundamentada en el vínculo de la presidenta con este, cuando ambos eran dirigentes de Perú Libre, y también en el audio atribuido al ministro del Interior.

“A lo largo de este tiempo se han visto deficiencias en la búsqueda de Cerrón. Es clarísimo que la Policía Nacional no ha mostrado ser la más eficiencia. Si se corrobora el audio, ahí hay una confesión de parte importante. Todos estos elementos justifican que la mayoría de la población piense que Cerrón es protegido por las altas esferas del gobierno”, expresó a El Comercio.

La inseguridad en aumento

La encuesta nacional, realizada entre el 6 y 10 de setiembre, revela que el 86% se siente inseguro en las calles de su ciudad. En marzo último, esta cifra se ubicaba en 84%. Solo el 13% se siente seguro.

El 48% ha señalado que, en los últimos tres meses, su familia, personas de su entorno y hasta ellos mismos han sido víctimas de robos.

De acuerdo con el estudio de opinión, el 38% refiere que conoce a personas de su entorno social han o son víctimas de extorsión, el 8% de su hogar y el 7% de su familia. Es decir, el 53%.

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Vargas consideró que el gobierno de Boluarte “ha fracasado rotundamente” en la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia común.

En declaraciones a este Diario, el exministro del Interior señaló que el Ejecutivo no tiene una estrategia clara para enfrentar a estos dos males. “Tenemos a un ministro concentrado en perseguir a los policías que han investigado casos de corrupción en el poder, vemos que la presidenta se ha convertido en parte del problema”, complementó.

También dijo que el afán de Santiváñez de enfrentar al Ministerio Público solo beneficia a la delincuencia.

Valdés detalló que el temor a ser víctima de un asalto o de la inseguridad está relacionado a las economías ilegales como la minería ilegal y la trata de personas. “A nivel urbano, hay pugnas por bandas delincuenciales para controlar un territorio donde cometer actos ilícitos, como ocurre en Lince. Para controlar la explotación sexual de mujeres, las redes criminales peruanas y extranjeras se enfrentan, y eso se ve expresado en grandas, balaceras y muertes”, añadió.

El ex viceministro de Seguridad Pública indicó que la extorsión es un delito que afecta la vida y también la capacidad adquisitiva de sus víctimas.

“Se debe medir mucho mejor [el impacto] de la extorsión, la delincuencia se ha apoderado de territorios y ahora para tener un pequeño quiosco también tienes que pagar. Esto está creciendo de manera muy alta y fuerte”, finalizó.

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El factor Nicanor

El estudio de opinión, de otro lado, señala que el 83% piensa que la presidenta Boluarte tenía conocimiento de la utilización de los prefectos nombrados por el Ejecutivo por parte de su hermano Nicanor Boluarte para la formación e inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del partido Ciudadanos por el Perú (CPP). Solo el 6% indica que ella no sabía de estas acciones.

(Foto: AFP)
(Foto: AFP)

El hermanísimo afronta una solicitud de 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, entre otros por el llamado Caso Los Waykis en la Sombra.

Columna
“La sensación de inseguridad en las calles es muy alta”

Por Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional


No es solo la presidenta: todas las instituciones caen en su calificación, aumentando la desconfianza hacia las mismas. La crisis política es profunda y va más allá de Dina Boluarte. El Congreso es la institución en la que más se desconfía, pues la población le atribuye responsabilidad por la inestabilidad en el país. 


El poder y el conflicto entre poderes del Estado termina siendo ajeno a los problemas de los peruanos. La sensación de inseguridad en las calles es muy alta: 9 de cada 10 peruanos sienten miedo y la mitad ha sido víctima de algún tipo de delito o robo. Y una proporción similar conoce a alguna persona de su entorno que ha sido extorsionada.


Pero ser asaltado no es el único temor de la población. Perder el empleo tampoco deja dormir a la mayoría de peruanos. Pese al control de la inflación y el crecimiento de la economía, los hogares viven bajo el estrés de que sus ingresos no alcanzan. 


Esta desconexión entre las instituciones y la realidad impacta en la percepción de que los políticos y las autoridades no entienden los problemas reales de la población. Así, resulta difícil imaginar cómo se puede restaurar la fe en un sistema que parece ajeno a las preocupaciones cotidianas. Solo a través de un compromiso genuino con el bienestar de la población será posible restablecer la confianza en un sistema que luce fracturado.

“La sensación de inseguridad en las calles es muy alta”

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Según la encuesta de Datum Internacional, el Congreso es la institución que genera mayor desconfianza en los ciudadanos con un 78%. Solo el 1% confía en el Parlamento.

El 72% no confía en el gobierno de Dina Boluarte, mientras que el 26% confía poco.

La Iglesia (católica o cristiana) es la institución que mayor confianza genera entre los peruanos con un 39%.