El jefe del gabinete técnico de la Presidencia de la República, Fredy Hinojosa, brindó una reciente conferencia de prensa en la cual fue cuestionado sobre la “Lista de los más buscados”, del Ministerio del Interior (Mininter). Pues, según informó El Comercio, 691 prófugos de la justicia que llevan varios años sin ser ubicados por las autoridades.
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“Tal como lo ha señalado el Ministerio Público, la Policía Nacional se encuentra empeñada en la captura de las personas prófugas de la justicia y para ello implementa los planes y mecanismos que la propia normativa les franquea”, señaló ante la prensa.
“Existe la voluntad de que la justicia tenga frente a ellos a todas aquellas personas que deban rendir cuentas ante ella. En ese sentido, el gobierno y la Policía Nacional continuaran en su acción constante de la búsqueda, ubicación y captura de estos delincuentes”, agregó.
De acuerdo con un informe de la Unidad de Datos de este Diario, 691 de 856 personas con requisitorias en el Perú se encuentran prófugos desde hace más de cinco años.
Cabe mencionar que del total del listado, el 808 son hombres y el 48 son mujeres buscadas por la justicia. La mayoría son buscados por violación sexual de menores de edad (250 hombres y una mujer), mientras que el segundo delito más recurrente es el tráfico de drogas.
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Gobierno niega ser parte de la fuga de Vladimir Cerrón
El pronunciamiento de Hinojosa se dio en medio de las acusaciones que vinculaban un vehículo presidencial con el traslado del prófugo Vladimir Cerrón. El funcionario negó tajantemente dichas versiones y aseguró que esto solo busca generar desconfianza entre los ciudadanos y las instituciones del país.
“El vehículo asignado al desplazamiento de la señora presidenta fue utilizado el 24 de febrero para su traslado en las jurisdicciones del sur de Lima, donde realizó actividades familiares. También es falso que el vehículo en mención habría trasladado al prófugo de la justicia hacia la región Ica el 27 de febrero”, señaló.
Como se recuerda, Cerrón Rojas cuenta con una orden de captura emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín y con una sentencia condenatoria de tres y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva.
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