La neutralidad electoral “frenó” el programa de Dina Boluarte en el canal del Estado

El llamado a los comicios generales determinó la prohibición de la publicidad estatal, salvo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo autorice. Usualmente, el tribunal electoral permite propaganda sobre campañas de educación, salud y desastres naturales. Pero no para resaltar obras del gobierno saliente.

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Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

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Fuentes cercanas al Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) señalaron a El Comercio que uno de los motivos de la próxima salida de Ninoska Chandía como titular de entidad que maneja TV Perú y Radio Nacional es que “demoró” en concretar el programa de la jefa de Estado. Esto porque temía que se viole la neutralidad electoral.

Las mismas fuentes refirieron que el contenido de “Cada domingo a las 8”- al ensalzar la administración de Boluarte Zegarra- podía “ser interpretado como propaganda” y no como información. Agregaron que el análisis de esta situación tuvo paralizado el proyecto varias semanas, lo que no fue bien visto en Palacio de Gobierno.

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Chandía, antes de ingresar al IRTP, fue directora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de la Presidencia y, además, directora de Comunicaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) cuando la mandataria era su titular en el gobierno castillista (2021-2022). En sus primeras semanas en el cargo, forzó la salida de, al menos siete periodistas y dos funcionarios.

Mónica Vargas, gerente de prensa, renunció. A Alicia López, gerente general; Carlos Fonseca, gerente de Radio Nacional; y a Christian Stein, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del IRTP, les pidieron sus renuncias. Y a Ximena Carrasco, reportera; Jorge Ballón, conductor; Nely Torres, productora general de TV Perú Noticias; Jorge Urbina, coordinador general; y a Renato Fernández, jefe de edición, no se les renovó su orden de locación de servicios.

Carrasco fue quien preguntó a la presidenta Boluarte sobre el informe de las matanzas ocurridas en las protestas de 2022 y 2023, emitido por Human Rights Watch.

Otras fuentes señalaron que el “globo de ensayo” del programa de la mandataria fue “A toda máquina”, espacio en TV Perú a donde acudían los ministros, viceministros y otras autoridades a dar cuenta de sus “logros”. Agregaron que, incluso, el 28 de julio del año pasado, periodistas de la televisora estatal acudieron a Palacio de Gobierno para entrevistar a Boluarte, pero no pudieron.

“El único ministro que acudió fue Gustavo Adrianzén. El programa cambió de turno, de la tarde a la mañana y se amplió a la noche, pero a fines del año pasado salió del aire”, mencionaron.

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De otro lado, luego de que “Panorama” revelara que la mandataria está alistando su espacio, en TV Perú, el último lunes, le solicitaron la renuncia “a todos los directores y jefes de área”. Solamente se aceptó la de Olinda Merzthal Yap, quien era directora de la Dirección de Televisión del IRTP, y de Gregorio Falconí Vallejos, quien era el subdirector de la Subdirección de Producción de Radio del IRTP.

Se evaluará caso por caso

Fuentes cercanas al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señalaron que, si se concreta el lanzamiento del programa de la presidenta Boluarte, cada emisión será evaluada de manera individual.

Agregaron que si el espacio televisivo tiene invitados a congresistas, gobernadores regionales y alcaldes que participarán en las elecciones generales, sí podría violar la neutralidad electoral.

“Ahí el procedimiento será en contra de la autoridad que organiza el encuentro. Y hay que recordar que existen dos instancias, la primera en los jurados electorales especiales y la última en el pleno del JNE”, manifestaron.

Al respecto, el abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho electoral y constitucional, consideró que el programa de la presidenta Boluarte “hubiese sido pertinente antes de la convocatoria a elecciones generales, pero estando en período electoral, ella no puede ensalzar sus obras y tampoco críticas a diferentes corrientes políticas”.

En comunicación con El Comercio, remarcó que toda propaganda estatal está prohibida y que solo, de manera excepcional, se pueden realizar campañas de vacunación, de seguridad vial y otras que sean imprescindibles.

“El JNE va a tener que revisar programa por programa, si este sale al aire. Las acciones del jurado son graduales, primero es una amonestación, luego irá por un pedido de cese y por último las multas, que pueden llegar hasta el medio millón de soles. ¿Quién lo pagaría? ¿La presidenta, Palacio de Gobierno o el IRTP? Sería un hecho insólito”, subrayó el letrado.

Rospigliosi afirmó que existe un trasfondo político en la intención de la jefa de Estado de contar con un programa en TV Perú en el último año de su mandato. “Ella podría postular como senadora en calidad de invitada, pero tendría que renunciar al cargo [de presidenta]. Algunos asesores le deben estar calentando el oído, diciéndole que podría ser una buena senadora y tener impunidad, inmunidad y protegerse de todo lo que se le viene”, acotó.

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A su turno, el abogado Enzo Elguera, experto en derecho electoral, advirtió que un programa en el canal del Estado, donde la presidenta Boluarte exalte su figura y “los logros” de su gobierno, constituiría “una manera de sacarle la vuelta” a la neutralidad electoral.

“Obviamente, hay personas allegadas a la presidenta que van a querer y poder postular [en las elecciones de 2026]. Entonces, en esa eventualidad, hay un beneficio comunicacional, publicitario de una propaganda indirecta y que por asociación puede ayudar a un candidato o grupo de postulantes. Esto significa no tener el suelo parejo. Por eso, precisamente, nace la regulación de la propaganda”, explicó.

La sombra de Santiváñez

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron a El Comercio que Juan José Santiváñez, censurado exministro del Interior y asesor presidencial, impulsa el lanzamiento del programa de Boluarte Zegarra, a quien le ha prometido mejorar su imagen ante la ciudadanía en su último año de mandato. Por ello, el abogado ha extendido su influencia a los principales ejes comunicativos del gobierno: la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia y el IRTP.

Por ejemplo, el último miércoles, Mónica Tiburcio Orbezo fue designada como secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia, en reemplazo de Luis Urmeneta Delgado. Esto tras haberse reunido en dos oportunidades con Santiváñez, entre el 17 y 18 de junio último, según el registro de visitas de Palacio de Gobierno.

Antes de su nombramiento, Tiburcio acudió al Despacho Presidencial el lunes 23 de junio.

Fuentes cercanas al IRTP detallaron que el jueves 19 de junio, Chandía convocó a una reunión de todos los directores y jefes de la institución, en la que les comunicó sobre su salida a fines de este mes. En su lugar, ingresaría el comunicador Luis Francisco Vivanco, quien desde inicios de marzo último es director técnico de Difusión del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Vivanco, entre el jueves 5 y el martes 24 de junio, se ha reunido cuatro veces con Santiváñez.

En “Panorama”, el comunicador dijo que en estos encuentros abordaron temas relacionados al INEI, pero está entidad depende de la PCM y no de la Presidencia.

Otras fuentes explicaron que Vivanco aún no asume la presidencia del IRTP porque su perfil no calza y, por ello, Chandía sigue en el cargo.

Las mismas fuentes subrayaron que estos cambios no solo apuntan a que Santiváñez tenga el control del discurso comunicativo del gobierno, sino también sobre los fondos que se destinarán a la publicidad estatal en medios de comunicación. Agregaron que Tiburcio ha trabajado en la Secretaría de Comunicación Social de la PCM durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

También refirieron que las salidas de las comunicadoras Ximena Pinto, exdirectora del Centro de Estudios del Ministerio de Justicia (Minjus), y de Giovanna Arrunátegui, exdirectora de comunicaciones del Minjus, fueron promovidas por el exministro del Interior, a fin de bloquear su ingreso a la PCM. Ambas eran personal de confianza del primer ministro, Eduardo Arana, cuando este se desempeñaba como titular del referido sector.

Las mismas fuentes señalaron que responsabilizaron a Pinto de haber filtrado la información sobre el aumento de salario de la mandataria, aunque sin ninguna prueba.

El jueves 19 de junio, Santiváñez también recibió en Palacio de Gobierno a Carlos Camacho Sánchez, quien fuera su principal asesor en el Mininter.

Camacho, según informó “Cuarto Poder”, fue portavoz del abogado Rodolfo Orellana, sentenciado por soborno, cohecho y otros delitos.

“Las reuniones de Santiváñez son sospechosas, que se reúna con Vivanco, Camacho y Tiburcio, está claro que él está coordinando los temas comunicacionales. Él quiere hacerse con el control, porque le ha ofrecido a la presidenta que él sí puede remontar y cambiar su imagen”, indicaron las mismas fuentes.

Este Diario intentó comunicarse con el exministro del Interior, pero no respondió a nuestros mensajes.

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El gobierno reconoce propuesta

Tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete, Eduardo Arana, reconoció que la presidente Boluarte sí ha evaluado contar con un programa en la televisora del Estado.

“La presidenta tiene varias ideas que probablemente no han podido cristalizarse. Una de ellas la que usted menciona [la del programa de TV] y me parece muy válida, que sí, lo ha considerado”, respondió este miércoles.

Arana refirió que el lanzamiento de este espacio televisivo “no está dentro del esquema inmediato” de la mandataria. Pero remarcó, que “es legítimo y adecuado que la presidenta se dirija a la población a través de varios mecanismos”.

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