Ola de criminalidad: ¿Cómo salimos de la crisis de inseguridad ciudadana?

Si bien no existe varita mágica que solucione, de la noche a la mañana, la crisis de inseguridad que vivimos, tampoco es necesario inventar la pólvora. La experiencia dicta que es posible implementar medidas eficaces. Aguila Negra es tal vez uno de los mejores ejemplos donde la colaboración entre la Asociación de Bancos y la Policía Nacional, permite un control muy eficaz de la seguridad bancaria. En su momento, la División de Secuestros de la Dirincri logró controlar una ola de secuestros en Lima, a partir de un trabajo muy profesional. 

Los megaoperativos -que fueron posibles gracias a varios aspectos ahora derogados con la modificación de la Ley de Crimen organizado- permitieron un trabajo que combinó la inteligencia e investigación criminal, que logró desarticular a mas de medio centenar de organizaciones criminales en menos de un año. 

Evidencias más cercanas se encuentran en el apoyo que municipalidades como Chorrillos, Magdalena, San Miguel y algunas otras, brindan a la PNP. Esto consiste en habilitar infraestructura para Grupo Terna, Halcones, patrullaje integrado, centrales de vigilancia y la estrategia Vecindario Seguro. La base de todo ello es la planificación, el trabajo coordinado, la colaboración público-privada, el compromiso de los alcaldes y el binomio PNP-Fiscalía. Si bien la situación es crítica, estamos a tiempo de implementar medidas efectivas.

Para enfrentar la crisis de seguridad se debe trabajar desde dos frentes de acción.

Un frente referido a la lucha contra la criminalidad organizada, en la cual los operadores de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, policía e INPE) deben trabajar articuladamente en acciones de control y sanción, logrando desarticulaciones, capturas y sanciones de bandas criminales.

En este sentido, se debe fortalecer a la Policía Nacional del Perú para que desarrolle eficientemente sus acciones de inteligencia e investigación criminal, con infraestructura, logística, recursos humanos, tecnología y capacitación. 

El otro frente se gestiona siguiendo el principio del “control territorial”. Para esta acción, la policía nacional, los gobiernos locales y la población deben trabajar en acción de prevención, con patrullajes, articulación con los programas, recuperación de espacios públicos, intervenciones en mercados ilícitos, intervenciones frente a la violencia contra la mujer, y acciones de prevención social y comunitaria.

Todas las acciones adoptadas en la lucha contra la criminalidad organizada deben ser respaldadas por el Gobierno Central, logrando así que tanto los gobiernos locales, el sector privado y la población se unan en búsqueda de una convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y el desarrollo humano sostenible. El cambio solo podremos lograrlo unidos.

El Ejecutivo no puede continuar enfrentándose a la Fiscalía, al Poder Judicial y desarticulando los cuerpos más eficientes de la PNP. La soberbia del Ejecutivo es una pésima consejera. Debe tender puentes en el CONASEC y coordinar una estrategia conjunta. Ello empieza por reconocer que la inseguridad se les fue de las manos. Se requiere el concurso de todos.

Declaren el CONASEC en sesión permanente, establezcan indicadores, monitoreen el cumplimiento de los mismos y proporcionen los recursos que se requieren, a todo nivel, para enfrentar el crimen común y organizado, incluidas las economías criminales. Incorporemos al sector privado en la implementación de las soluciones.

Para empezar, superemos las deficiencias logísticas a través de un procedimiento urgente de adquisiciones. Vehículos operativos y equipados para cada realidad. Sistemas de comunicación integrados e inteligentes. Interconexión de la video vigilancia entre municipios. Incremento de la capacidad de reacción y respuesta rápida desde lo distrital a lo provincial. Control territorial con fuerzas integradas. Inteligencia operativa y estratégica, articulada y financiada. Control e intervención de las comunicaciones en los penales. Potenciar la investigación criminal conjunta, entre otras medidas. 

1)     Convocar a un Consejo de Estado con la participación del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, representantes de los gobiernos regionales y locales a fin de que se implementen acciones concretas para combatir la creciente ola de violencia en el Perú. Por eso, la respuesta debe ser contundente articulada y consensuada en todos los niveles de gobierno.

2)     Los gobiernos locales, sin ser nuestra responsabilidad directa, somos la primera respuesta ante la inseguridad, por ello ponemos a disposición los recursos logísticos, vehículos de serenazgo, cámaras de video vigilancia, entre otros, para que, junto a la PNP, podamos anticiparnos a los hechos delictivos y acudir en auxilio inmediato a los vecinos.

3)     A fin de dar un golpe contundente a la criminalidad, las unidades especializadas de la PNP deben ingresar a los puntos calientes identificados en los mapas delictivos. Allí, están los focos de comercialización de drogas y otros ilícitos, ya que, muchas veces, la lucha entre bandas criminales ocurre por los territorios, lo que ocasiona ajustes de cuentas.

4)     Fortalecer los operativos conjuntos con Migraciones para el control de la migración irregular y SUCAMEC para determinar la vigencia de las licencias para portar armas.

5)     Es necesario acelerar los procesos de justicia mediante el fortalecimiento o instalación de las Unidades de Flagrancia.  

Emprender en el Perú de hoy, es ser un mártir. No solo estamos expuestos a la competencia desleal, sino que además, debemos lidiar con delincuentes que, amenazan, extorsionan, cobran cupo y actúan con total impunidad porque al frente tenemos un Gobierno indolente. Una gestión durante la que -según cifras del INEI- los robos a negocios han crecido en 300% y las extorsiones y amenazas en 100% sin que se hayan ejecutado acciones efectivas para detener este flagelo que ataca sobre todo a los emprendedores.

Es urgente que se declare en emergencia la seguridad en todo el Perú y eso permita la salida de las Fuerzas Armadas para ayudar a la Policía Nacional en el patrullaje y con su servicio de inteligencia preparada para una guerra externa usarla para enfrentar esta guerra interna por la vida de los peruanos.

Nuestras Fuerzas Armadas podrían brindar la seguridad a ministros y congresistas para que tengamos más policías persiguiendo a los criminales. Se necesitan más cárceles para los delincuentes, el Ejecutivo puede recurrir al mecanismo de OxI para que en el inmediato plazo tengamos suficientes centros penitenciarios para recluir a los delincuentes que amenazan el futuro del país. En el mediano plazo es urgente una reforma total del sistema de justicia, que permita que los jueces y fiscales corruptos tengan cadena perpetua.