Iber Maraví: los atentados terroristas en los que fue involucrado y el contexto en el que ocurrieron

Los documentos policiales se refieren a hechos sucedidos entre junio de 1980 y octubre de 1981 en Ayacucho, región de origen del ministro y donde realizó sus estudios de primaria y secundaria entre 1967 y 1978. Actualmente, Maraví tiene 60 años, mientras que por entonces estaba entre los 19 y 20.

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Posteriormente, tras los sucesos a los que la policía lo relacionó, estudió Derecho entre 1982 y 1990 en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, según la hoja de vida que presentó al JNE cuando postuló al cargo de regidor provincial de Huamanga. Sin embargo, luego se desempeñó como docente del sector público en Ayacucho y encabezó un frente de defensa en dicha jurisdicción.

Los ilícitos

Uno de los atestados, fechado el 3 de agosto de 1981, da cuenta de diversos delitos: “Contra la autoridad de la constitución (rebelión), contra la tranquilidad pública (incendio), contra la seguridad pública (incendios), contra el patrimonio (asalto y robo a mano armada y daños) y terrorismo”. Entre los agraviados se consignan al “Hotel de Turistas, Oficina N°2 cobranzas de agua potable, Electro-Perú, librería Chanka, zapatería Astor, subestación de Electro-Perú, teatro Cavero” y una persona natural de nombre Benigno Quilla Cruz.

De acuerdo al atestado N° 12-SE-JDp, se trata de hechos ocurridos entre junio de 1980 y mayo de 1981. Entre los 19 involucrados, Maraví aparece como uno de los “no habidos”. Asimismo, figuran Edith Lagos –consignada como presa en Ayacucho–, quien fue abatida en septiembre de 1982 durante un enfrentamiento con policías. También, Arturo Morote, hermano del excabecilla senderista Osmán Morote, quien permanece recluido en la Base Naval del Callao.

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Asimismo, el atestado N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982, da cuenta de los presuntos delitos: “Contra el D.L. N°046 del 10Mar81 [terrorismo], contra la autoridad de la constitución (rebelión), contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidios y lesiones con arma de fuego); contra la seguridad pública (incendios), contra la tranquilidad pública, contra las comunicaciones públicas, contra el patrimonio (asalto y robo a mano armada y daños), contra la fe pública (falsificación de documentación)”.

En estos hechos ocurridos en Ayacucho desde junio de 1980 a octubre de 1981 se señala como agraviados: “El Estado, puesto GC Tambo, puesto GC de San José de Cecces, Hotel de Turistas, Electro-Perú, oficina de cobranzas de agua potable, camioneta Toyota PIP, aeropuerto Mendivil Duarte Ayacucho, camioneta del Banco de la Nación, librería Chanka, zapatería Astor, Banco Hipotecario del Perú, Ayacucho; Registro Electoral de Huamanga, local de AP [Acción Popular] Ayacucho, agencia Faucett”.

El libro “Violencia Política en el Perú 1980 – 1988”, de Desco, da cuenta de algunos de los ilícitos señalados en los atestados. Por ejemplo, dicho texto reportó que la empresa pública ElectroPerú sufrió atentados subversivos en 14 torres solo en 1980 y 1981, cifra que se fue incrementó en los siguientes años. “Son blancos de ataque: locales públicos, bancos, torres de alta tensión y postes”, dice el texto.

Asimismo, reporta que el 24 de abril de 1981, en Ayacucho, una camioneta del Banco de la Nación fue dinamitada. “El día 25, la Oficina de Relaciones Industriales de Centromín Perú, en La Oroya, es reducida a escombros al estallar dos petardos de dinamita en su interior”, se agrega. También que, el 16 de agosto de 1981, “en la ciudad de Ayacucho es dinamitado el local departamental de Acción Popular”, partido político del entonces presidente Fernando Belaunde Terry.

Los actos subversivos recopilados en 1980 y 1981 en Ayacucho por Desco también incluyen el asalto a la mina Benito Melgarejo y robo de 1.520 cartuchos de dinamita (19/7/80), el asalto al fundo San Agustín de Ayzara, en Cangallo (24/12/80); una explosión en la casa del fiscal José Santos en Huamanga (24/4/81); el ataque de encapuchados a un puesto de la Guardia Civil en Quinua y el robo de armamento (15/8/81); el ataque a un puesto de la Guardia Civil en Tambo, La Mar, en donde mueren un policía y dos civiles (11/10/81), entre otros.

El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) también da cuenta de uno de los hechos mencionados en los atestados. Señala que el 14 de mayo de 1980 fue apedreado el hotel de Turistas de Huamanga, como parte de una serie de acciones que con las que los senderistas “trataban de involucrar a las ‘masas’ y dotar de experiencia a los cuadros senderistas”. Su objetivo, “es formar ‘destacamentos guerrilleros’”, agrega otra parte del documento.

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El contexto

Los atestados se refieren a hechos de 1980 y 1981. El informe de la CVR ubica a dichos años como parte del inicio de la violencia armada.

Este período comprende la primera acción terrorista de Sendero Luminoso (la irrupción en un local electoral de la localidad ayacuchana de Chuschi y la quema de ánforas el 17 de mayo de 1980, un día antes de las elecciones generales) y la disposición del presidente Fernando Belaunde, el 29 de diciembre de 1982, para que las Fuerzas Armadas ingresen a la lucha contrasubversiva en Ayacucho.

Ese contexto corresponde a la realización de atentados aislados contra la propiedad pública y acciones de propaganda armada, cubiertos escasamente por los medios de comunicación debido a la transferencia del poder a un civil tras la dictadura militar.

Ayacucho fue el punto de partida, aunque la organización terrorista también se concentró en la etapa inicial en lo que denominó su “Comité regional principal”: las provincias del norte de Ayacucho, así como parte de Apurímac y Huancavelica.

“Entre 1980 y 1982, el PCP Sendero Luminoso desarrolló una sistemática acción de penetración en las áreas rurales de las provincias de Cangallo y Víctor Fajardo en la zona central de Ayacucho (la cuenca del río Pampas), y en Huanta, la Mar y Huamanga en el norte del departamento […] En todas estas zonas, sea a partir de la acción militante de maestros rurales sea por la prédica de jóvenes universitarios que las visitaban, se inicia un trabajo de concientización de la población rural”, indica la CVR.

Ya luego vendrían otras etapas, como la militarización del conflicto armado interno, el mayor despliegue de violencia, la ofensiva subversiva y contraofensiva estatal y el declive de la acción subversiva.

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Los senderistas mencionados

Edith Lagos figura en uno de los atestados policiales. Fue parte de las primeras detenciones de terroristas. La estudiante de Derecho de la Universidad San Martín de Porres fue detenida en Ayacucho el 20 de diciembre de 1980; sin embargo, estuvo entre los senderistas rescatados tras un ataque subversivo en el Centro de Reclusión y Adaptación Social (CRAS) de Huamanga, en marzo de 1982.

Lagos murió el 2 de setiembre de ese año, a los 19 años de edad, abatida durante un enfrentamiento con la Guardia Republicana en Umacca, Apurímac. Uno de los cuestionamientos contra el primer ministro Guido Bellido es haber tenido expresiones de homenaje contra la terrorista el 2017 a través de su cuenta en Facebook.

Otro de los mencionados en los atestados que implican a Maraví es Arturo Morote, a quien se identifica como ‘Mario’ y un “carpintero que vive en la calle Belén”. Él fue una de las personas identificadas por el GEIN en el video hallado en enero de 1991 en donde se aprecia al mando terrorista Abimael Guzmán en una reunión social con otros senderistas, señala la CVR.

Asimismo, es hermano de Osmán Morote, miembro de la cúpula senderista que actualmente cumple cadena perpetua a raíz de una sentencia por el atentado en la calle Tarata, Miraflores, en 1992.

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Los descargos de Maraví

Consultado por la prensa durante la jornada, el ministro Iber Maraví sostuvo no tener alguna responsabilidad en los hechos citados en los atestados policiales y descartó alguna relación con grupos terroristas.

“Estamos hablando de casos de hace 40 años, donde obviamente el Estado, en una lucha contra la subversión, y muchos ciudadanos como yo seguramente han sido involucrados en investigaciones, pesquisas, seguimientos, labor de inteligencia, todo eso que está bien que se haga. Pero lo que tenemos que informar completo a la población: en qué quedó. Yo estoy libre, de todos esos atestados estoy libre. Y he hecho mi vida con tanta normalidad, que he estudiado dos carreras profesionales en la ciudad de Ica”, explicó y apuntó que por esos años radicaba en Ica.

En cuanto a Edith Lagos, dijo haberla conocido como una estudiante de secundaria en Ayacucho. “A Edith Lagos la conozco porque ha sido una persona de mi generación, ella era estudiante de una institución pública de Ayacucho, como yo de otra”, refirió. “En un atestado policial se procesa informaciones que luego tienen que ser contrastadas, llevadas a niveles de la justicia, donde se tiene que determinar con el accionar del Ministerio Público qué va a ser de la responsabilidad, la individualización de la responsabilidad penal. No han encontrado nada”, agregó.

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Piden su salida

Desde partidos políticos con presencia en el Parlamento se ha pedido a lo largo del martes que Maraví sea retirado del Consejo de Ministros. En el caso de Fuerza Popular, la lideresa de la agrupación, Keiko Fujimori, manifestó a través de Twitter que los atestados revelados son muy graves.

“Frente a estas nuevas revelaciones, me parece que un voto de confianza al gabinete Bellido es inviable. Está en manos del presidente Pedro Castillo evitar este desenlace tomando medidas antes de la presentación de los ministros en el Congreso”, manifestó la dirigente de la segunda fuerza política del Parlamento.

Desde Acción Popular, la vocera alterna Karol Paredes indicó a El Comercio que Maraví debería dar un paso al costado “por el bien del Gabinete y, principalmente, para el bien de nuestro país”. En Renovación Popular, el portavoz Jorge Montoya refirió vía Twitter que su bancada exige “la inmediata renuncia” del titular de Trabajo.

En tanto, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, calificó de “insostenible” la presencia de Iber Maraví en el Gabinete. “Son evidencias fuertes como para no mantenerlo en el cargo. Debieron haber hecho antes estas indagaciones, debió haberse aplicado filtros más exigentes, no solo en su caso, sino en buen parte del Gabinete. Queda claro que no lo hicieron y ahora el gobierno está en la necesidad de tomar en consideración estos correctivos en la brevedad posible. Sería mejor, mucho más saludable que el ministro mismo presentara su renuncia ante estos hechos e informaciones”, expresó a este Diario.

Por su parte, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, consideró que la información conocida refuerza las preocupaciones respecto de los antecedentes personales de Maraví. Por ello, sostuvo que el Gobierno debe tomar una decisión al ser responsable del nombramiento del funcionario, pues se trata de “un problema con los antecedentes de una persona que debió ser considerado antes de la designación”.

El Gabinete Ministerial se presentará ante el Congreso este jueves para solicitar el voto de confianza. Los cuestionamientos contra Maraví, el propio primer ministro Guido Bellido y otros ministros acrecientan la incertidumbre sobre la decisión del Poder Legislativo.

* Con apoyo de Ernesto Astonitas.

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