Algunos de los protagonistas de la reciente crisis que afronta el Poder Ejecutivo. (Foto: El Comercio)
Algunos de los protagonistas de la reciente crisis que afronta el Poder Ejecutivo. (Foto: El Comercio)
René Zubieta Pacco

La siguiente es una cadena de sucesos que han escalado y derivado en la salida de altos funcionarios del Estado y que podrían traer aún más repercusiones para el Gobierno, próximo a solicitar el voto de investidura ante el nuevo Congreso de la República. Los protagonistas de la historia son diversos, entre ellos se encuentran la empresa ; el renunciante ministro de Energía y Minas, ; el exprocurador ad hoc del Caso Lava Jato, ; la ministra de Justicia, ; y el primer ministro .

1. El pasado de Liu Yonsen

Un informe de “Panorama” reveló el último domingo que la empresa de Juan Carlos Liu Yonsen, renunciante ministro de Energía y Minas, realizó consultorías para Odebrecht en el 2010 a fin de explicar el funcionamiento del mercado eléctrico en generación y transmisión.

Liu fue gerente general de la compañía Cosanac del 2001 al 2019. Además, del 2010 al 2014 fue asesor del Minem y, en diciembre del 2012, la citada empresa realizó una consultoría externa para dicha cartera en torno al proyecto del gasoducto del sur.

Sucede también que Liu Yonsen se reunió el 9 de enero pasado con representantes de Odebrecht, en medio de las frustradas negociaciones de la empresa con el Estado Peruano, que finalmente derivaron en su decisión de demandar a este ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) pidiendo una indemnización de US$1.200 millones. Esto al señalar que se vio perjudicada por la terminación del contrato con el consorcio Gasoducto Sur Peruano, medida del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el 2017.

2. La salida del titular del Minem

Solo un día después del informe del citado dominical, el presidente Martín Vizcarra informó que aceptó la renuncia de Liu Yonsen. También consideró que los detalles de las consultorías que este último brindó a la firma brasileña “tienen que merecer una investigación”.

Un aspecto que giró en torno al asunto se refirió a si Vizcarra conocía de ese pasado de Liu. El mandatario dijo no haber tenido conocimiento.

Aunque Liu Yonsen es un amigo cercano de Vizcarra desde hace más de treinta años, admitió que no le comentó al mandatario —antes ni después de asumir su cargo en el MInem— un anterior vínculo de su empresa Cosanac con la empresa constructora Odebrecht. : “No, porque no lo consideré necesario, toda vez que la naturaleza de los servicios eran de capacitación”, dijo a Canal N el último lunes.

Se justificó al precisar que la declaración jurada de intereses que tienen que llenar los funcionarios públicos contempla consignar vínculos labores de los cinco años anteriores al inicio de sus gestiones en el Estado. “Y en ese periodo yo no presté servicios a esa empresa y nunca hubo conflicto de intereses”, aseveró.

3. La reunión

La cita del 9 de enero en la sede del Minem duró hora y media, y giró en torno a las acciones del Estado sobre el gasoducto del sur. Participaron cuatro funcionarios de Odebrecht —Mauricio Cruz Lopes, Rogerio Bautista Novoa, Ricardo Escobar Sánchez y Ricardo Machado Weyll— y Jorge Ramírez, según consta en el libro de visitas del ministerio. Es decir, es información pública.

El último lunes, Liu detalló a “Gestión” que fue Ramírez quien le solicitó la reunión. “El procurador quería hablar conmigo y fue la propia ministra [de Justicia] la que nos puso en contacto”, indicó. Agregó que sí informó al primer ministro Vicente Zeballos del encuentro: “Sabía de la reunión [...] La ministra de Justicia [Ana Teresa Revilla] me lo había pedido”.

Ese mismo día, tras el encuentro, Jorge Ramírez visitó el despacho de la ministra de Economía, María Antonieta Alva. El registro de visitas indica que ingresó a las 8:05 p.m. y se retiró a las 8:58 p.m.

Quienes también coincidieron días después, el 13 de enero, fueron Revilla y Zeballos. El registro de visitas señala que desarrollaron una actividad de “motivo institucional” por la tarde y durante más de una hora.

Días después, el 21 de enero, Odebrecht presentó la demanda arbitral contra el Estado Peruano ante el Ciadi.

4. La “extrañeza” de Zeballos

Sobre la reunión, Liu también precisó a Canal N el último lunes: “Lo que nos señala el procurador Jorge Ramírez es que Odebrecht requería de una reunión informativa para que le expliquemos cómo iba el proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), porque ellos decían que en función de esto, la pretensión de la empresa de plantear a futuro una querella se desvanecía si el Estado se aseguraba de que el proyecto iba adelante”.

Es decir, sí se mencionó la posibilidad de la demanda arbitral durante la reunión, que según el saliente ministro, fue propiciada por Revilla e informada a Zeballos.

Sin embargo, conocida la demanda arbitral de Odebrecht, el primer ministro Vicente Zeballos se pronunció en una conferencia de prensa el 5 de febrero, tras la sesión del Consejo de Ministros. El Comercio le consultó su posición sobre lo acontecido y respondió: “En primer lugar, nuestra extrañeza”.

Un día después, ratificó en Ideeleradio que la demanda de Odebrecht no solo les “causa extrañeza”, sino que resulta un “acto de provocación a lo que es la justicia”.

Quien también se pronunció sobre el tema fue Revilla. “Estamos indignados porque efectivamente no es una empresa que esté con las condiciones de honorabilidad que cualquiera esperase", indicó.

5. Los argumentos de Soria

La salida de Ramírez fue oficializada el último miércoles a través de una resolución del procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, quien lleva menos de dos semanas en el cargo.

En conferencia de prensa, Soria negó que la medida responda a una sanción o una evaluación de desempeño. Sostuvo que se busca fortalecer la procuraduría ad hoc y evitar que haya alguna “sombra de duda” sobre su actuación.

“Esta no es una decisión de carácter sancionador, no es producto de una evaluación de desempeño. Es una decisión que en ejercicio de sus atribuciones el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado ha adoptado para que el trabajo de la procuraduría ad hoc pueda fortalecerse, en la confianza de que hay un equipo consolidado y que seguirá trabajando”, afirmó.

Daniel Soria dijo que la separación de Ramírez fue tomada por el Consejo Directivo de la Procuraduría. (Foto: GEC/ Mario Zapata)
Daniel Soria dijo que la separación de Ramírez fue tomada por el Consejo Directivo de la Procuraduría. (Foto: GEC/ Mario Zapata)

6. El oficio de Ramírez

Soria también sustentó la salida de Ramírez basándose en que los procuradores son servidores de confianza. “El objetivo pudo haber sido defender los intereses patrimoniales del Estado, pero lo que debe quedar claro es que los caminos para llegar siempre al logro de ese objetivo deben ser diáfanos, claros”, dijo aludiendo a la reunión de 9 de enero.

Un oficio al que accedió El Comercio, sin embargo, evidencia que Ramírez informó de la reunión con Odebrecht incluso un día antes, el 8 de enero. Envió un oficio al secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Ahí, señaló: “...Le informo, adicionalmente, que en mi condición de procurador ad hoc que representa y defiende los intereses del Estado peruano para casos de corrupción vinculados al proyecto gasoducto sur peruano, asistiré a una reunión que se realizará el jueves 9 de enero en las instalaciones del Minem, en la que participarán funcionarios del referido ministerio y directivos de la empresa Odebrecht, con el fin de abordar aspectos relacionados a dicho proyecto, por ser de interés de esta procuraduría el eventual pago de la reparación civil, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz con dicha empresa”.

Además, aseveró al portal Convoca que él no llamó a Liu para gestionar la reunión con Odebrecht. Afirmó que fue la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla.

Pese a estas versiones que dan cuenta de que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Zeballos y Revilla estaban al tanto de la reunión, Soria Luján insistió el miércoles: “La idea es que no se ponga en tela de juicio la labor del sistema, que no haya ningún atisbo de duda, ninguna sombra de duda sobre la actuación que se está llevando durante todos estos años, que sea una actuación sin opacidad”.

Las dudas, para analistas consultados por este Diario, giran además en torno al manejo que ha tenido el Gobierno del tema, cuyo impacto aún está pendiente de conocerse en su totalidad.


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