La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, revocó este martes 2 de diciembre la dictada contra el ex titular del Congreso, , por peculado, y lo absolvió de los cargos. Esto al declarar fundado un recurso de apelación presentado por el exparlamentario.

El 13 de marzo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema había condenado a Salaverry por los delitos de peculado doloso por apropiación para sí y peculado por apropiación para otros.

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Héctor Villalobos

En declaraciones para Canal N, Salaverry calificó el fallo como “ajustado a ley”. “Agradezco al Poder Judicial (...) Contento y satisfecho porque se corrigió el error”, exclamó.

Dijo que aún no ha contemplado postular a las elecciones 2026. “Siempre hay ofrecimientos para participar (en los comicios), pero debía dejar en claro que jamás cometí y delito y ser absuelto por la Corte Suprema”, expresó.

Mira aquí la lectura de su decisión:

El tribunal analizó el lunes 17 de noviembre el recurso presentado por la defensa legal del exlegislador, quien cumplía diversas reglas de conducta desde marzo de este año, cuando se dictó la sentencia en su contra.

En aquella audiencia, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que la condena no se ejecutaría hasta que quede firme cuando se resuelva la apelación. El tribunal, presidido por César San Martín, revocó la sentencia.

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El caso contra Salaverry comenzó con las acusaciones en su contra por presentar informes de semanas de representación que contenían información falsa para sustentar actividades que supuestamente realizó entre noviembre del 2017 y marzo del 2018.

Estos documentos oficiales incluían fotos y registros de actividades falsas, por lo que fue acusado constitucionalmente para que se levante su fuero y se lleve a cabo su proceso penal.

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En audiencia de adelanto de sentencia, la sala señaló que la condena contra Salaverry no se ejecutará hasta que quede firme, por lo que se le impusieron diversas reglas de conducta hasta que se resuelva la apelación.

Daniel Salaverry deberá pagar una indemnización de S/119,57.80. También se le impusieron 360 días multa por los dos delitos, equivalentes a la suma de S/71,699.40 que deberá a favor del Estado.

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Del mismo modo, el expresidente del Congreso fue inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. Deberá presentarse a la autoridad judicial el primer día de cada mes para el control biométrico y no ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juez competente.

Igualmente, deberá concurrir a la autoridad judicial y fiscal las veces que sea citado, bajo pena de apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la condena efectiva en su contra.

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