Pedro Castillo: PJ dicta 36 meses de prisión preventiva contra expresidente

El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó este viernes 36 meses de prisión preventiva contra el vacado expresidente Pedro Castillo por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La medida, según indicó el magistrado, se computa del 9 de marzo del 2023 hasta el 8 de marzo del 2026.

Se trata de la segunda prisión preventiva para Castillo Terrones, quien desde diciembre se encuentra recluído en el penal de Barbadillo, por presunta rebelión y conspiración tras perpetrar un golpe de Estado.

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El Poder Judicial también dictó 36 meses de prisión preventiva contra el prófugo exministro Juan Silva y ordenó que se oficie a la Interpol para su captura nacional e internacional. Sin embargo, no aplicará dicha restricción al extitular de Vivienda, Geiner Alvarado, para quien dispuso reglas de conducta y el pago de una caución de 35 mil soles.

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Por su parte, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, se mostró en contra de este segundo mandato de prisión preventiva, anunció que apelarán y afirmó que su defendido es un “perseguido político”.

De acuerdo con el magistrado, existen evidencias que vinculan al expresidente, con un alto grado de probabilidad, a la comisión de los mencionados delitos. Además, concluyó que hay un riesgo de que fugue del país si está en libertad y de que obstaculice la justicia por sus antecedentes, que incluyen el intento de tomar el Poder Judicial y el Ministerio Publico en su golpe de estado.

Mira aquí la audiencia:

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Sigue aquí los detalles:

NOTA PREVIA

Durante la audiencia del miércoles, la fiscal suprema Galinka Meza proyectó que a Castillo le correspondería una condena de 32 años de prisión, por los delitos por los que se le procesa.

Mientras tanto, dijo, Geiner Alvarado podría ser sentenciado a 17 años y 8 meses y Juan Silva podría tener una condena de 24 años y 8 meses de cárcel.

Pedro Castillo ya cumple una primera orden de 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.