![Richard Acuña habla sobre Paolo Guerrero y Alianza Lima](https://elcomercio.pe/resizer/0L_1DbVYaoMzwMkUKc0IFdqnH2E=/85x85/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cdn.jwplayer.com/v2/media/nwRMKUey/poster.jpg)
El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, advierte que la nueva Ley N°32108, promulgada por el Congreso y que no fue observada por el Ejecutivo, ya está afectando la lucha contra este flagelo. Solo es una de las últimas leyes dispuestas y pide —en entrevista con El Comercio— que la Corte Suprema se pronuncie. Tráfico de migrantes, tráfico de terrenos y pornografía infantil son algunos de los más de cincuenta tipos penales los que están en juego.
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—La Ley N°32108 entró en vigor el 9 de agosto. ¿Cuáles han sido sus efectos a lo largo de los últimos días?
Ya lo estamos viendo. Incluso los medios han estado difundiendo noticias. En los dos últimos operativos que hemos tenido, tanto en Huaura como en Cusco, estos han sido demorados porque los abogados no se han presentado [hasta] dos, cuatro horas. Incluso la misma policía reclama y nos dice: ‘estamos aquí, hay que entrar’. Pero hay una ley que dice que tiene que estar el abogado. ‘Pero, doctor, ya estamos aquí, se van a perder las evidencias’. Sí pues, pero reclámale a tu ministro que no hizo nada para observar la ley. Lamentablemente, les tenemos que explicar a los policías que no podemos hacer el registro porque la norma establece que tiene que haber el abogado. Y obviamente, en esas dos horas, se pierden evidencias.
—¿La norma en qué frentes golpearía a su subsistema?
Bueno, ya está golpeando. En el tema operativo, es así. No como algunos abogados dicen ‘no es posible, el doctor Chávez Cotrina habla disparates’. Qué les podemos decir... los abogados tienen que defender sus intereses. Pero, ¿quién defiende a la población? ¿Quién defiende a la ciudadanía del crimen? Los delincuentes están fortalecidos, los delincuentes están aplaudiendo al gobierno. Realmente estamos poniendo a nuestra población a merced de la delincuencia, y eso lo estamos viendo en la práctica.
"¿Qué jueces se van a arriesgar a pretender hacer un control difuso cuando usted tiene al Congreso como una ‘espada de Damocles’ a fin de sancionar cualquier cosa que no favorezca a la delincuencia?"
—¿También se golpean las prisiones preventivas?
Definitivamente. Ya los jueces de la sala nacional, dando cumplimiento a la ley —porque no les queda otra, porque está vigente y tienen que cumplirla— ya están dictando la libertad de aquellas personas cuya imputación no encaja dentro de la nueva tipificación del artículo 317. Si no lo hacen, van a ser denunciados. Y todavía con este nuevo proyecto que quieren crear una ‘comisión fiscalizadora contra jueces y fiscales’, imagínese. ¿Qué jueces se van a arriesgar a pretender hacer un control difuso cuando usted tiene al Congreso como una ‘espada de Damocles’ a fin de sancionar cualquier cosa que no favorezca a la delincuencia? Ese es el problema.
—Algunos podrían decir que la norma solo salió a favor de Vladimir Cerrón (quien ya pidió acogerse a la misma) o de ciertos políticos; pero la realidad es que golpea a todo el sistema...
El problema es ese. Creo que la motivación ha sido, justamente, proteger los casos de corrupción de funcionarios. Y por querer proteger esa gama de delitos han afectado a toda la población, lamentablemente. No han visto las consecuencias que esto podría acontecer. Lo más justo hubiera sido que sean sinceros, sacar una ley que diga que no son imputables los delitos de corrupción de funcionarios. Y se acabó el asunto. Dejamos a la población tranquila, con la policía y el Ministerio Público protegiéndolos frente a delitos de otro tipo de criminalidad, como las extorsiones, sicariatos, robos agravados, tráfico de terrenos, pornografía infantil, minería ilegal, todos los que se ven afectados. Ese es el grave problema.
—¿Qué es lo que hace esta ley? ¿A quién favorece?
Esta ley favorece a la delincuencia en general. Pero no solamente es esta. Hay una serie de normas que están beneficiando a la delincuencia. Por ejemplo, han elevado los estándares de la prisión preventiva, ahora ya no es mayor a 4, sino mayor a 5 años. También han cambiado el código en el tema de la pena. (...) ¿Cómo le respondemos a la sociedad cuando tenemos un ministro que sale a decir todos los días que los fiscales sacan a los delincuentes? Los sacan porque la norma lo ha dado su gobierno. ¿Cómo nosotros podemos pedir prisión preventiva cuando nos han elevado los estándares para pedir la prisión preventiva y a los jueces para aplicarla? Entonces, no pueden salir a decir ‘los fiscales y los jueces sueltan a los delincuentes, la policía los detiene en flagrancia’ Sí pues, los detienen en flagrancia. Pero cuando vamos al órgano jurisdiccional nos chocamos con la pared porque tenemos normas que no permiten las prisiones preventivas. Así de siempre. Y estas normas las ha dado este gobierno, esa es la verdad.
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—Entonces no se debe de analizar leyes específicas, como la Ley N°32108, sino como toda una gama de leyes que están saliendo de este Congreso y de este Gobierno...
Definitivamente. Así es. Es un paquete. No es solamente esta norma, es un paquete de normas que viene de atrás. Las modificaciones de la prisión preventiva, las modificaciones del Código Penal respecto a la suspensión de la pena. Hay un paquete. Pero obviamente para tratar de desviar la atención, le echamos la culpa al fiscal. Pero explíquele a la población que no podemos solicitar la prisión preventiva al juez y el juez no le va a aplicar la prisión preventiva porque este gobierno ha dado normas que definitivamente hace mucho más difícil meter a los delincuentes a la cárcel. Esa es la verdad.
—¿Qué ha pasado en Huaura, qué ha pasado en el Cusco?
Ha habido demoras de dos a cuatro horas. Porque obviamente los fiscales tienen que cumplir con la ley. La ley dice que tiene que estar presente el abogado para el registro, se le ha esperado. La policía ha protestado, le dice al fiscal ‘tenemos que entrar, tengo a toda la policía acá, ordene usted que entremos’. Pero nosotros le decimos, señor, no podemos entrar porque el gobierno ha cambiado las normas, ha cambiado las reglas. Tenemos que esperar aquí sentaditos, en la puerta de la sala, hasta que venga su abogado. Y esos problemas vamos a tener en todos los operativos.
—Vemos entonces que hay problemas a nivel operativo y a nivel investigación. ¿Pero qué pasa con los casos que ya han sido sentenciados?
La ley penal tiene carácter retroactivo cuando favorece al reo. Y, obviamente, todos los abogados, con todo derecho, van a solicitar que se adecúen a la nueva norma, para empezar, los procesos. Y si no encaja, van a tener que salir de las figuras de organización criminal. Por ejemplo, tráfico de influencias. Y ahí, también hay una discusión. Estos días son trascendentales en el órgano jurisdiccional. [Menciona a modo de ejemplo la solicitud del Eficcop de control difuso en el caso conocido como ‘Los Waykis en la Sombra’ y también las solicitudes planteadas por Waldemar y Vladimir Cerrón en ‘Los Dinámicos del Centro’. Ambos aún pendientes]. El Poder Judicial tiene que tomar una posición al respecto. ¿Va a aplicar la norma o va a hacer un control de convencionalidad? Son los únicos que tienen esa decisión, nosotros los fiscales no podemos hacerlo.
"Un juez puede decir que hace un control de convencionalidad y otro juez no. Creo que al final esto lo va a tener que decidir la Corte Suprema dictando una doctrina jurisprudencial al respecto conforme lo ha hecho con la norma de la suspensión de la prescripción"
—Entiendo ello, pero también es cierto que el crimen únicamente no está en Lima y va a quedar a criterio de los jueces si aplican o no la Ley N°32108...
Y no todos los jueces van a tener el mismo criterio. Un juez puede decir que hace un control de convencionalidad y otro juez no. Creo que al final esto lo va a tener que decidir la Corte Suprema dictando una doctrina jurisprudencial al respecto conforme lo ha hecho con la norma de la suspensión de la prescripción. Creo que la Corte Suprema también tiene que pronunciarse sobre este tema, porque es el máximo órgano de justicia y son los únicos que pueden dictar doctrina jurisprudencial vinculante.
—Pero, ¿con la Ley N°32108, tal y como está planteada, van a salir delincuentes no solo investigados sino ya sentenciados?
Si es que el abogado solicita la aplicación de la norma, sí pues, no queda otra, porque le favorece. Y el principio del derecho penal es que la norma nueva se aplica a hechos pasados, siempre que favorezca al reo. Entonces van a pedir la adecuación de la imputación de la sentencia y, si no marca dentro del tipo penal, pues o se reduce la pena o van a tener que salir en libertad.
—¿De qué delitos estamos hablando?
Pues sobre todo de tráfico de migrantes, organizaciones criminales dedicadas a la pornografía infantil que hay muchos [casos], traficantes de terrenos, minería ilegal, ni se diga. Entonces hay varios, son más de 50 tipos penales. Pero bueno, hay que esperar que nuestra Corte Suprema también se pronuncie.
—Y el tema de la inconstitucionalidad, ¿cabe la posibilidad?
Es un tema que también está en estudio, cabe también. Personalmente, pienso que ir por una acción inconstitucionalidad va a demorar mucho. El Tribunal Constitucional se va a demorar mañana, tarde y nunca.
—Y mientras tanto salen los delincuentes...
Sí. Yo creo que lo más factible es que la Corte Suprema lo haga lo más pronto posible.
—¿El Tren de Aragua está celebrando?
Si no están celebrando, deben estar por celebrar. Deben estar haciendo los preparativos.