Un último grupo de cuatro testigos de la fiscalía declaró este jueves en el juicio seguido contra Martín Vizcarra por presuntamente haber recibido coimas de empresas constructoras a cambio de ganar licitaciones en el Gobierno Regional de Moquegua. Fue la primera audiencia del 2025 de este juzgamiento, en el que, de parte del Ministerio Público, ahora solo falta interrogar a “testigos técnicos” y peritos.
De los testimonios recibidos este jueves por el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, el más relevante fue el brindado por la testigo Marta Gutiérrez Yupanqui. Se trata de la gerenta de Administración y Finanzas de ICCGSA, empresa cuyos directivos han confesado y ya han sido condenados como colaboradores eficaces por el pago de S/ 1,3 millón como coima por la licitación del proyecto Hospital de Moquegua.
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Gutiérrez no participó directamente en el presunto acuerdo ilícito o los presuntos pagos a Martín Vizcarra, imputaciones que son negadas por el expresidente. De eso ya hablaron otros directivos como Fernando Castillo, Rafael Granados y Javier Jordán. Sin embargo, la fiscalía centró su testimonio en detallar cómo se generaba el dinero usado para los pagos ilícitos de la empresa en el período atribuido a esas coimas.
De acuerdo con la acusación, en noviembre del 2013, el expresidente solicitó el pago de S/ 1,3 millón -a través de su entonces amigo José Manuel Hernández- al directivo de ICCGSA Rafael Granados. Este consultó con Javier Jordán, representante legal de la empresa, quien admitió haber dado luz verde para el acuerdo. El dinero habría sido para que Martín Vizcarra, como gobernador regional de Moquegua, no observe que la constructora gane la licitación.
Los pagos se habrían concretado entre 2014 y 2016, con José Hernández como intermediario en algunos de ellos y con Rafael Granados y Fernando Castillo como los representantes de la empresa que entregaron el dinero. Los directivos y el examigo de Martín Vizcarra ya confirmaron esas versiones dentro de este juicio.
Los ejecutivos de ICCGSA también indicaron que el dinero en efectivo para esos pagos se generó a través de boletas por servicios ficticios a favor de la empresa Mzarq. En esa línea, las preguntas de la fiscalía para Gutiérrez apuntan a reforzar la forma en que ese dinero llegó hasta las oficinas de la constructora para luego ser destinados a los pagos.
Gutiérrez, contadora de profesión, detalló que comenzó a trabajar en ICCGSA en 1966 y que ha hecho toda su carrera profesional allí. Al momento de los hechos por los que se acusa a Martín Vizcarra (2014-2016), ya era gerente de Administración y Finanzas. Como tal, entre sus funciones estaba “revisar los estados financieros para entregar a los accionistas, programar pagos previa revisión de facturas, ver temas de tributos, de todos los pagos que hacía la empresa, y custodiar fondos”.
Respecto a este último, indicó que guardaba fondos de “caja chica” y de “fondos que solicitaba Fernando Castillo”. Los primeros se referían a dinero generado, mediante cheques, para “gastos pequeños”, por aproximadamente S/ 5 mil. Sobre el otro tipo de fondos, era dinero que le entregaba Manuel Zariquey Núñez, proveedor de ICCGSA y gerente de la empresa Mzarq
“En el 2012, Fernando Castillo fue a mi oficina y me dijo que el sr. Manuel Zariquey, de Mzarq, me iba a traer unos fondos; que yo se los reciba y los ponga en la caja fuerte. También mencionó que Carlos Zariquey [trabajador del área comercial de ICCGSA] iba a estar indicando los montos que iba a traer su hermano. Inicialmente, venían ambos, luego ya venía Manuel solo”, declaró.
La testigo detalló que Zariquey iba a su oficina “con un maletín, trayendo los fondos. Como el señor Fernando Castillo me había indicado, lo recibía. [Él] mencionaba la cantidad de dinero que había, generalmente era entre S/ 100 mil a S/ 400 mil”. “Yo en los paquetes ponía el monto que había, pero no lo contaba, porque esa había sido la indicación del ingeniero Castillo, y los guardaba en mi caja fuerte”, agregó.
También por indicación de Fernando Castillo, por entonces gerente general de ICCGSA, indicó que no llevaba un registro de esas entregas. Solo recibía el dinero, lo ponía en su caja fuerte y lo guardaba allí “hasta que me solicitara el ingeniero”. “Eran billetes grandes, de S/ 100 y S/ 200″, afirmó. Si bien no recordó la cantidad de veces que recibió esas entregas, indicó que fueron entre el 2012 y 2016.
La testigo aseguró que no conocía el origen del dinero. Sin embargo, en lo referido a los presuntos pagos a Martín Vizcarra, los otros directivos de ICCGSA ya indicaron que fue dinero generado mediante facturas por servicios ficticios a nombre de Mzarq.
Respecto a cómo le pedía el dinero Fernando Castillo, afirmó que este le decía que necesitaba una suma y que “le separe para que él pase a mi oficina a recogerlo”. Agregó que cuando le preguntó para qué eran estos montos, inicialmente le dijo que “para el reparto a los accionistas”. Nuevamente, indicó que esto fue entre el 2012 y 2016.
Recién en el 2019, luego del estallido del Caso Lava Jato y el Caso Club de la Construcción, Fernando Castillo le admitió que ese dinero “servía para obtener contratos de obras públicas”. Es decir, era el dinero para pagos ilícitos de sobornos.
Los presuntos pagos de ICCGSA a Martín Vizcarra, según la acusación, fueron entre el 2014 y 2016. Según declaró Fernando Castillo en este juicio, la mayoría de veces, el dinero era entregado por él a Rafael Granados para que este se lo dé al hoy acusado; mientras que en el último supuesto pago, de agosto del 2016, indicó que él se lo hizo personalmente.
Culminadas las preguntas de la fiscalía, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, realizó un contrainterrogatorio. El defensor hizo énfasis en que las entregas de dinero por parte de Manuel Zariquey comenzaron en el 2012, antes de los hechos relacionados al Hospital de Moquegua.
Por otro lado, ante otras preguntas del abogado, explicó que ella no contaba el dinero por órdenes de Fernando Castillo Dibós, pero que Zariquey le indicaba de qué monto se trataba.
El abogado intentó evidenciar una supuesta contradicción entre lo dicho por la testigo en el juicio y sus declaraciones en el procedimiento de colaboración eficaz de ICCGSA. Sin embargo, la jueza rechazó que se proyecte esa declaración porque esta no era parte del expediente judicial del caso.
Frente a ello, Siccha indicó que la testigo estaría declarando “de forma sorpresiva”, lo que generó rechazo y un llamado de atención por parte de la jueza Fernanda Ayasta, presidente del juzgado y directora de debates del juicio.
Más testimonios
En el juicio también declaró como testigo Celia Cruz, extesorera del Gobierno Regional de Moquegua. quien se refirió al pago del adelanto directo del 20% del costo de la obra al consorcio Hospitalario Moquegua, integrado por ICCGSA e Incot. Su interrogatorio no se pudo escuchar de forma completa debido a que Justicia TV inició tarde la transmisión de la audiencia virtual cuando sus declaraciones ya habían comenzado.
También se presentó Iván Manchego, exasesor de Martín Vizcarra como gobernador de Moquegua, como ministro de Transportes y Comunicaciones, como embajador de Canadá y como presidente. En su testimonio, confirmó una reunión entre el acusado y el exministro José Manuel Hernández en mayo del 2019, para la que él hizo la coordinación.
De acuerdo con la acusación y con lo ya declarado por Hernández en este juicio, fue en esa reunión que Vizcarra le pidió averiguar si las constructoras ICCGSA y Obrainsa (las que le habrían pagado coimas) estaban colaborando la fiscalía.
Manchego indicó que él no escuchó directamente que Vizcarra y Hernández hablaron sobre esas constructoras en la reunión. No obstante, indicó que “es probable” que ambos también hayan conversado solos durante ese encuentro.
La última testigo de la jornada fue Karem Roca, exsecretaria de Martín Vizcarra como gobernador, ministro, vicepresidente y presidente. Su testimonio sirvió para ilustrar cómo fue la relación de su exjefe con Martín Vizcarra y para corroborar que este asistió a una reunión en casa de Hernández en agosto del 2016, en la que habría recibido el último pago de ICCGSA.
La defensa de Martín Vizcarra intentó desacreditar la declaración de Karem Roca a partir de las críticas públicas que esta ha hecho a su exjefe desde el 2020, año en que ambos se vieron involucrados en el Caso Richard Swing. Pese a ello, la exsecretaria aseguró que no guarda rencor al hoy acusado.
Lo que viene
Con estas cuatro declaraciones, ya son 27 testigos de la fiscalía los que se han presentado en el juicio, el cual tendrá su próxima audiencia este lunes 13 de enero desde las 8:30 a.m. Para ese día están citados cuatro “testigos técnicos”.
Estos son los contadores públicos Liliana Sánchez Haro y Cesar Gonzales Agreda, el experto en contrataciones Aldo Flores Alfaro, y el perito Luis Guerrero Cazuzo. A diferencia de los testigos anteriores, estos no se referirán a hechos que hayan presenciado, sino sobre aspectos vinculados a sus especialidades.
De acuerdo con el auto de enjuiciamiento del caso, Sánchez Haro realizó informe contables que servirá para detallar cómo se generó el dinero para los presuntos pagos de Obrainsa y de ICCGSA al acusado, por un total de S/ 2,3 millones. En tanto, el testimonio como especialista de Flores Alfaro servirá para explicar que el Gobierno Regional de Moquegua, bajo la dirección de Martín Vizcarra, tenía la última palabra para otorgar la concesión de ambas obras.
Por su parte, Gonzales Agreda se referirá a su informe pericial para acreditar que el dinero para el presunto soborno de Obrainsa, por S/ 1 millón, sí salió de sus cuentas y fue cobrado. Finalmente, Guerrero Cazuzo detallará su informe pericial respecto al origen y la ruta del S/ 1,3 millón supuestamente pagado por ICCGSA a Martín Vizcarra.
Luego de esto “testigos técnicos”, la fiscalía también presentará a siete peritos oficiales para que declaren ante el juzgado. Después comenzarán las declaraciones de los 20 testigos de la defensa y sus tres peritos de parte.
Concluidas todas esas declaraciones, el juzgado pasará a evaluar los 143 documentos presentados como pruebas por la fiscalía y los 109 documentos del abogado del expresidente. Con ello se prevé que culmine la etapa de análisis de pruebas y que el juicio entre en su recta final de cara a su futura sentencia.