Los peligrosos cambios en la Procuraduría General: ¿Cómo afectan los procesos clave en la lucha anticorrupción?

Esta unidad tenía a su cargo 87 casos en contra de funcionarios“aforados” en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía de la Nación, entre ellos la que comprende a la presidenta Dina Boluarte; el jefe del Gabinete Alberto Otárola; el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta; el ex primer ministro Pedro Angulo; y los ex titulares de Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

Esto a raíz de la muerte de 49 ciudadanos en enfrentamientos con las fuerzas del orden en las protestas entre diciembre de 2022 y marzo último en contra del gobierno y el Congreso.

Boluarte, durante los interrogatorios sobre esta pesquisa, se negó a responder a las preguntas hechas por el representante de la PGE.

Y en octubre último, Otárola criticó al entonces procurador general, Daniel Soria, al dejar entrever que no respetaba la reserva de las investigaciones.

La Unidad de Defensa Jurídica contra Altos Funcionarios también participa en las pesquisas en contra del ex jefe de Estado Pedro Castillo por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, a raíz del golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del año pasado. En este proceso también están comprendidos los ex primeros ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres.

Y también tiene a cargo el seguimiento de la investigación en contra del expresidente Martín Vizcarra, el titular del Congreso, Alejandro Soto, y de otros 71 parlamentarios [Ver cuadro].

Fuentes cercanas a la Procuraduría General del Estado (PGE) indicaron que Pacheco ha tomado el control de los 87 casos. No obstante, alertaron que no cuenta con el personal ni la logística para realizar todas las diligencias que estos demandan. Agregaron que una parte de los trabajadores de la Unidad de Defensa Jurídica contra Altos Funcionarios fue trasladada a la procuraduría de pérdida de dominio y a otro sector, a quienes se les vencían sus contratos, no se le renovó.

Algunos de los casos que tenía la Unidad de Defensa Jurídica contra Altos Funcionarios de la PGE

Intentó reducir requisitos

Entre los funcionarios que renunciaron se encuentran Omar Rojas, coordinador de la referida unidad; Jorge Pasco Loayza, director de la Oficina de Control Funcional; Roxana Paz Cárdenas, de Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización; Napoleón Fernández, de la Oficina Jurídica; y Zenaida Calderón, de Valoración y Pericias.

Los otros tres funcionarios que dimitieron fueron Saúl Ampuero, de Aplicación Jurídico Procesal; Luis Tapia Soriano, de Información y Registro; y Carolina Garcés, del Centro de Capacitación.

Otras fuentes ligadas a la PGE señalaron que los cambios realizados por Pacheco tienen como finalidad “vengarse” o hacer “justicia personal” por actos o decisiones que no fueron de su agrado durante la administración de Soria. Por ejemplo, cuando a Ampuero le hizo notar, en la reunión de presentación, que él le quitó la encargatura de la procuraduría anticorrupción “de manera injustificada”. Unos días después le solicitó su renuncia.

Lee también: Gobierno de Boluarte cierra 2023 con hasta 100 cambios en altos cargos dentro de ministerios

Las mismas fuentes refirieron que la salida de Paz de la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización, fue por “haber proporcionado información de sus casos ante dicha instancia de control disciplinario”. Esto sirvió para dejar sin efecto su encargatura.

Pacheco es investigado en la fiscalía por el presunto delito de negociación incompatible, tras el nombramiento de Katia Portugal en la procuraduría anticorrupción. De acuerdo a “Panorama”, ambas personas serían pareja.

De otro lado, las fuentes cercanas a la PGE también remarcaron que el procurador general interino ha intentado reducir los requisitos de los perfiles para reemplazar a los altos funcionarios que retiró. Pero que Servir lo ha frenado. “No encuentra a todos los reemplazos. En la práctica, ha paralizado en parte a la institución”, manifestaron.

Lee también: El actual Congreso termina el 2023 con el máximo número de no agrupados | INFORME

Al respecto, el ex procurador anticorrupción José Ugaz afirmó que las decisiones de Pacheco son “muy cuestionables”, porque si la administración de Soria adoptó la medida de contar con una unidad especial es “por lo delicado y complejo que es el universo de casos” que involucra a altas autoridades del Estado.

“Lo único que ha hecho es diluir las funciones de la procuraduría general, esto va a redundar en un trabajo menos eficaz en la defensa del Estado. Un sector dice que está tomando estas acciones como un encargo del Ejecutivo, que es el gobierno al que le interesa que el Estado no se defienda en los actos en donde están involucrados Boluarte y sus ministros”, manifestó en diálogo con El Comercio.

A su turno, el también ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que “no es una buena noticia” la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica contra Altos Funcionarios “por la importancia y la gravedad” de los casos que ahí se trataban. Añadió que esta medida “genera suspicacias” porque a largo plazo puede beneficiar a Boluarte Zegarra, quien precisamente nombró a Pacheco en la PGE.

Maldonado contó a este Diario que Pacheco lo llamó por teléfono el último martes para decirle que detrás de los cambios en la Procuraduría General del Estado no ha habido ninguna instrucción del gobierno. No obstante, el abogado penalista dijo que existe “la razonable sospecha” de que pueda haber intereses oscuros tras bambalinas.

Lee también: Tres partidos arrastran multas en la ONPE por más de S/2.4 millones | INFORME

El siguiente paso: Lava Jato

Las mismas fuentes cercanas a la PGE señalaron a El Comercio que el próximo paso del procurador general interino sería la destitución de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del Caso Lava Jato e incluso, la desactivación de esta entidad. Añadieron que el abogado cree que este equipo dúplica las funciones de la procuraduría anticorrupción.

El último 18 de setiembre, la procuraduría ad hoc Lava Jato, la procuraduría anticorrupción y la procuraduría de extensión de dominio se incorporaron a la PGE.

“Él [Pacheco] cree que la procuraduría anticorrupción, donde aún es adjunto, debe ver todo, que hay una duplicidad de función con la procuraduría de Carrión. Pero no es así, se trata de una dedicación a casos de alto impacto en el país”, refirieron las mismas fuentes.

Fuentes de la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato indicaron a este Diario que sí les preocupa una eventual desarticulación, porque estarían en riesgo al menos 125 investigaciones penales comunes sobre los sobornos que Odebrecht y otras firmas brasileñas y también peruanas habrían entregado a cambio de obras, donde tienen participación.

De estas 125 pesquisas, cinco ya se encuentra en juicio oral. Dos comprometen al expresidente Alejandro Toledo por los casos Ecoteva y carretera Interoceánica Sur tramos II y III.

Y, además, hay 13 procesos que se encuentran en la etapa de control de acusación, entre los que figuran las investigaciones al expresidente Martín Vizcarra por presuntamente recibir coimas a cambio de las obras Lomas de Ilo y hospital de Moquegua cuando fue gobernador regional en esa jurisdicción; y los presuntos sobornos en la campaña del No a la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.

Lee también: Prefectos y subprefectos eran usados para inscribir al partido de Nicanor Boluarte

Las mismas fuentes de la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato recordaron que en el 2019, Pacheco presentó una denuncia contra todos los que firmaron el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, entre ellas Carrión. Esto, porque desde su perspectiva, no se había garantizado el pago de la reparación civil.

No obstante, lo que estaría frenando a Pacheco en esta decisión es que Carrión, al ser una procuradora titular, no puede ser removida sin la autorización del Consejo Directivo de la PGE.

De acuerdo al artículo 7.1.1. del reglamento del Decreto Legislativo 1326 (norma que crea la Procuraduría General del Estado), es una “incompatibilidad” que un procurador titular o adjunto sea parte del Consejo Directivo de la PGE. Pacheco, al aún ser procurador anticorrupción adjunto no puede llamar a sesionar a esta entidad.

“Pacheco no es titular de la PGE porque a Soria solo han suspendido. Si la suspensión de Soria pasa a ser una destitución y lo desvinculan totalmente, ahí sí queda el camino libre para Pacheco, y todo depende del gobierno. Lo que se ve, hasta ahora, es un intento por concentrar el poder”, advirtieron fuentes de El Comercio.

Lee también: El top ten del Congreso: Lo bueno, lo malo y lo feo de la primera etapa de la gestión de Alejandro Soto

Fuentes de la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato alertaron que si en las próximas semanas se concreta la salida de Carrión y la desarticulación de su equipo sería “un hecho de graves consecuencias”, porque el acuerdo con Odebrecht y la información sobre los colaboradores eficaces podría “caer en manos equivocadas”.

En diálogo con El Comercio, el ex procurador Ugaz sostuvo que Carrión y su equipo tienen muchos años trabajado en los procesos que implican a Odebrecht, OAS y otras empresas brasileñas, por lo que si se produce su salida tendrá “un impacto negativo” para los intereses del Estado en lo que refiere a la reparación civil.

“Han acumulado experiencia, pretender removerlos o pasar todo a la procuraduría anticorrupción sería un error gravísimo, lo único que haría es operar en beneficio de los intereses de los investigados. El que asuma va a tener que pasar mucho tiempo empapándose de los casos”, expresó.

Ugaz opinó que claramente el gobierno de Boluarte “ha intervenido” en el cese de Soria en la PGE para colocar a un encargado “quien lo estaría obedeciendo”.

“Al Ejecutivo no le gustó la independencia con la que actuó la procuraduría general con Soria y por eso la descabezaron”, subrayó.

Lee también: Vladimir Cerrón buscó llegar a residencia del embajador de Bolivia para asilarse

El exprocurador Maldonado alertó que una salida de Carrión o la desactivación de la procuraduría ad hoc “tendría un impacto muy grave en el desarrollo de las investigaciones del Caso Lava Jato”. Destacó que ese equipo haya recuperado S/220 millones por concepto de reparación civil en los últimos años.

“La procuraduría Lava Jato ha tenido aciertos que no pueden ser desconocidos […] Los cuestionamientos que podría tener Pacheco tienen su origen en la creación de la procuraduría ad hoc. Enco y él pensaban que los casos debían ser asumidos por la procuraduría anticorrupción que ellos lideraban”, dijo.

Maldonado explicó que, en el 2016, cuando se crea el equipo de Carrión, la procuraduría anticorrupción tenía más de 30 mil casos pendientes. “Hoy deben ser más, darle a una procuraduría ya sobrecarga más casos, además casos como el de Odebrecht no era sensato”, concluyó.

Más información

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, le solicitó al Eficcop un informe sobre los “posibles actos obstruccionistas” que habría cometido Pacheco, luego de haber desactivado la Unidad de Defensa Jurídica contra Altos Funcionarios de la PGE.

En un oficio- dirigido al fiscal Freddy Niño Torres, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Pérez indicó que Pacheco podría estar interfirieron en los procesos del Metro de Lima, Interoceánica Sur (contra el expresidente Toledo), Caso Cocteles (contra Keiko Fujimori) y el del No a la revocatoria de Villarán.