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A poco más de tres meses desde que la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se conocen mayores detalles sobre cómo operó la presunta organización criminal que encabezó al interior de la cúpula del Ministerio Público. Por ejemplo, ella habría utilizado los recursos de esta institución a favor de la red, de acuerdo a la investigación que realiza la fiscal suprema Delia Espinoza.
En la disposición N°24- a través de la cual se abrió pesquisa a 14 congresistas y otros- la fiscal Espinoza detalló que Benavides Vargas “habría dispuesto que sus asesores, personal del área de Imagen y fiscales de diferentes niveles realicen labores ajenas a los cargos que desempeñaban e incluso fuera de la institución en horario de trabajo”.
De acuerdo al documento de 219 páginas, al que tuvo acceso El Comercio, la ex fiscal de la Nación habría dispuesto que Álvaro Castañeda Rojas, fiscal adjunto supremo, “elabore la denuncia” en contra de los jueces de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, quienes declararon fundada la medida cautelar interpuesta por los integrantes de la JNJ para paralizar el proceso sumario que buscaba su destitución en el Congreso.
Esta denuncia fue facilitada a la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) “para que la presente como propia”.
“Todo ello en afán de la investigada [Benavides] de que se vote la moción de remoción de los integrantes de la JNJ [en el Parlamento]. Es de indicar que sobre ello, Jaime Villanueva [otrora consejero de la ex fiscal de la Nación] dijo que en la elaboración de la denuncia también participó con Castañeda Rojas, el asesor Abel Hurtado Espinoza”, subrayó Espinoza en el documento.
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El viaje de Ríos al norte
De otro lado, la pesquisa da cuenta de que el fiscal superior Elmer Ríos Luque viajó en noviembre del 2022 a la ciudad de Chiclayo con recursos del Ministerio Público para “cumplir con la solicitud efectuada por el congresista José María Balcázar respecto de un caso seguido en su contra” por el presunto delito de apropiación ilícita en esa localidad norteña. Es decir, el archivo.
Ríos, quien en ese momento era el fiscal adjunto supremo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, solicitó el 17 de noviembre de ese año, por medio del oficio N°222-2021-AElyDC-MP-FN a la entonces titular del Ministerio Público la compra de pasajes y la asignación de viáticos para él y el fiscal provincial Edwin Núñez Ancino para su desplazamientos al norte.
El motivo del viaje sería que iban a interrogar a una persona recluida en el penal de la referida ciudad.
No obstante, la fiscal superior Carmen Miranda Vidaurre, quien tiene a su cargo el caso contra Balcázar, declaró que el 18 de noviembre de 2022, Ríos Luque se presentó a su despacho sin previo aviso y que le consultó sobre la investigación seguida contra el congresista. La respuesta fue que había enviado el expediente al juzgado solicitando que se realice una investigación suplementaria.
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Balcázar- según Villanueva- había votado a favor del archivo de una denuncia constitucional contra la entonces fiscal de la Nación a cambio de que lo libren de ese proceso en Lambayeque.
La fiscal suprema Espinoza también refirió que ha obtenido información sobre el presunto uso de recursos económicos del Ministerio Público para viajes internacionales por parte de Benavides y de su entorno.
En comunicación con El Comercio, Jorge del Castillo, abogado de Benavides Vargas, indicó que Ríos viajó a Chiclayo para realizar una diligencia que quedó “plasmada en un acta”. Añadió que la ex fiscal de la Nación no le realizó ninguna clase de favor al congresista Balcázar.
Del Castillo también indicó que la propia parlamentaria Chirinos ha negado que le hayan escrito las denuncias que presentó.
“Esto es un invento de Jaime Villanueva, todo el mundo lo desmiente, lo ha hecho Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y siga contando. Él está diciendo cosas que son de su cosecha […] Lo concreto y tomo las palabras de la fiscal Delia Espinoza es que la información que le mandó el Eficcop es incipiente y no prueba absolutamente nada”, expresó.
Un rosario de imputaciones
Benavides es investigada por los presuntos delitos de organización criminal agravada, cohecho activo específico, cohecho activo genérico, negociación incompatible, tráfico de influencias agravado, entre otros.
De acuerdo a la disposición N°24, la ex fiscal de la Nación habría encabezado una organización criminal de naturaleza mixta desde aproximadamente diciembre del 2021.
Asimismo, la red habría tenido dos dimensiones de intereses: “el interno y el externo” y para, lograr su objetivos, “se aprovechó indebidamente de la facultad constitucional” que tiene el Ministerio Público de ser el órgano de persecución y conducción de la investigación del delito, agrega el documento.
En la dimisión externa, detalló la fiscal Espinoza en su disposición, el plan de la organización criminal se habría orientado, inicialmente, al acceso de Benavides al cargo de fiscal suprema y luego a su elección como titular de la Fiscalía de la Nación. Tras ello, las acciones se orientaron a su permanencia en dicho cargo.
Esto a fin de “continuar con los beneficios, ventajas, influencias y otros” que esa posición le habría permitido “facilitar” para ella y para otros miembros de la red, en el sentido, de “favorecer a determinadas personas o grupos que se encontraban siendo investigados”. Y, además, para “sortear” la pesquisa disciplinaria en la JNJ y las denuncias en el Parlamento.
En la dimensión interna, Benavides habría realizado acciones para “instrumentalizar” los recursos del Ministerio Público “para su beneficio y de su entorno, así como presuntamente usar su posición para obstaculizar o entorpecer la acción de la justicia” en el caso seguido en contra de su hermana, la jueza superior Emma Benavides.
Más información
La presunta red criminal liderada por Benavides como fiscal de la Nación habría realizado “gestiones o coordinaciones indebidas” con representantes de al menos ocho fuerzas políticas, de acuerdo con la investigación que realiza el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza.
Estas son Fuerza Popular, Perú Libre, APP, Bloque Magisterial, Somos Perú, Avanza País y Acción Popular, todas con representación en el Parlamento. Y con el Partido Aprista, por medio de sus militantes. Esta última logró su reinscripción tras no superar la valla electoral en el 2021.
Además…
La coordinación con el abogado de Camayo
La ex fiscal de la Nación Patricia Benavides contactó a Mateo Castañeda Segovia, abogado del empresario Antonio Camayo, tras tomar conocimiento de que la Diviac de la Policía remitió un informe a la Fiscalía Suprema del Equipo Especial “Los Cuellos Blancos del Puerto”, a través del cual se advertía que ella registraba llamadas con este, según la declaración del colaborador eficaz N°33-2023 el último 27 de diciembre.
De acuerdo al delator, la intención de Benavides, al llamar al defensor de Camayo, dueño de Iza Motors comprendido en la investigación a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, habría sido para coordinar las explicaciones a brindar.
El mismo colaborador eficaz señaló que la entonces titular del Ministerio Público removió al fiscal superior José Díaz Cabello como coordinador del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, luego de que este haya elaborado un informe que daba cuenta de un audio entre el ex juez supremo César Hinostroza y el fiscal adjunto supremo Javier Huamaní. En su lugar, designó a Elmer Ríos.
Ríos aprobó el retiro de la fiscal provincial Magaly Quiroz Caballero del referido equipo especial.
Quiroz Caballero, tras la suspensión de Benavides, retornó a ese conjunto como coordinadora semanas después.
Jorge del Castillo, abogado de Benavides Vargas, calificó de “patraña” lo declarado por el colaborador eficaz.
“De dónde sacan una cosa así, me tiene sin cuidado eso, es otra campaña más, inventan una situación para empapelar”, remarcó.
