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La fiscalía pidió al Poder Judicial que levante el secreto de comunicaciones del expresidente Pedro Castillo como parte de la investigación en su contra por el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. La solicitud será evaluada en una audiencia virtual programada este 5 de julio.
El pedido fue hecho por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios - a cargo del fiscal Uriel Terán- y encargada de la investigación por rebelión y, alternativamente, conspiración.
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El objetivo del Ministerio Público es que el Poder Judicial ordene a las empresas Movistar, Claro y Entel brindar el reporte de llamadas del investigado entre el 2 y el 16 de diciembre del 2022. Se trata de los días previos y posteriores al intento de Pedro Castillo de cerrar inconstitucionalmente el Congreso, tomar las instituciones del sistema de justicia y gobernar por decreto.
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El requerimiento fiscal fue recibido por el magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, quien está a cargo de este caso a nivel judicial. Este dispuso que se notifique a la defensa del expresidente para que pueda responder a la fiscalía y participar en la audiencia donde el tema será debatido.
La audiencia virtual para debatir el pedido se realizará de forma reservada el miércoles de la próxima semana desde las 11:30 a.m. Según indicó el magistrado a las partes, esto se debe a que el debate se centrará entorno a “información sensible del afectado”.
Pedro Castillo cumple desde diciembre pasado una orden de 18 meses de prisión preventiva por este caso, la cual fue dictada por el juez Checley y confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Junto a él son procesados sus exministros Betssy Chávez (también en prisión preventiva), Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez.
La resolución con la que el magistrado convoca a la audiencia señala que el requerimiento fue notificado a la defensa del expresidente. Sin embargo, Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, comentó a El Comercio que “no han comunicado nada”. Al margen de ello, indicó que no se opondría a este pedido de la fiscalía: “[Que] se descubra la verdad. Es lo que se quiere”.
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