Al no encontrar elementos de prueba suficientes contra los investigados por el Caso Los Dinámicos del Centro, la jueza de investigación preparatoria July Baldeón rechazó el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra 20 de los 38 imputados por el Ministerio Público en este caso.
De esta manera, los investigados, entre los que se encuentran exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín y militantes de Perú Libre, afrontarán la investigación en libertad. Entre ellos Arturo Cárdenas, dirigente de Perú Libre y exasesor de Vladimir Cerrón en el Gobierno Regional de Junín; Eduardo Bendezú y Waldys Vilcapoma, exfuncionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la región.
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Después de varios días de audiencias, en los que la magistrada escuchó los argumentos de la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista y los de las defensas, determinó declarar infundado el requerimiento fiscal y, en su lugar, impuso una orden de comparecencia con restricciones contra los investigados.
Entre las medidas que deberán cumplir figuran la regla de no variar de domicilio sin autorización judicial, la obligación de concurrir al juzgado cuando sean requeridos, prohibición de comunicarse entre procesados y concurrir cada mes a la fiscalía para justificar sus actividades.
Además, la jueza Baldeón decidió que los implicados paguen una caución de S/5.000 cada uno.
El Ministerio Público apeló la resolución, e insistirá en que se dicte prisión preventiva contra los 20 investigados. Este recurso será visto por una sala superior y en las próximas semanas se determinará si se confirma o revoca el fallo emitido el miércoles.
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La investigación del Caso Los Dinámicos del Centro tuvo su origen en noviembre del 2019, y apuntaba a desarticular una presunta organización criminal que operaba desde el Gobierno Regional de Junín, durante la gestión de Perú Libre, para expedir licencias de conducir y dirigir puestos de trabajo a cambio de dinero. A la fecha, otro despacho fiscal desarrolla una pesquisa por presunto lavado de activos.
Días atrás, este Diario informó que hubo una demora de 16 días por parte de la jueza Baldeón en la aprobación del pedido de detención preliminar contra los investigados, cuando los pedidos de este tipo se resuelven en un plazo máximo de 48 horas.
La jueza July Baldeón consideró que las pruebas presentadas por la fiscalía eran insuficientes y tenían poca contundencia contra varios de los investigados, según explicó en su resolución. Así, Baldeón dictó una medida menos gravosa también contra Eduardo Reyes, Marina Vásquez, Francisco Muedas, entre otros.
La magistrada señaló que no existían graves y fundados elementos de convicción para dictar prisión preventiva. Por el delito de organización criminal, que imputa el Ministerio Público, Baldeón indicó que no encontró las pruebas necesarias ante el pedido hecho por la fiscalía. Aunque señaló que sí había graves y fundados elementos de convicción para el delito de cohecho.
Si bien se trata de elementos y datos reveladores que ameritan que se continúe con la investigación, sostuvo que estos no son suficientes para acoger el pedido fiscal. Además, consideró que estas pruebas irán variando y perfeccionándose con el avance de las investigaciones. Baldeón también indicó que era necesario corroborar los testimonios de los aspirantes a colaboradores eficaces.
En el caso del delito de negociación incompatible, la jueza tampoco acogió los elementos proporcionados por la fiscalía, bajo el mismo argumento: la poca contundencia de las pruebas.
Otro aspecto por el que rechazó el pedido fiscal fue el cálculo que hizo el Ministerio Público sobre las posibles penas contra los investigados. Según dijo, no se individualizaron las penas y se habló de manera genérica, pues no todos tienen el mismo grado de participación en el caso; existen autores y cómplices, y en algunos casos no se ha identificado a los intermediarios.
Al finalizar la lectura de resolución, la magistrada hizo referencia a la independencia de los jueces para emitir resoluciones como en estos casos. “La expresión de independencia del juez puede percibirse a través de su resolución sobre todo lo actuado en el proceso y la convicción personal del magistrado”, expresó.
A través de las redes sociales, Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder fundador de Perú Libre, dijo que el caso es “el perpetuo daño a la honra de los investigados que bien pudieron llevar el proceso en libertad”.
EL DATO: La jueza Baldeón indicó que existieron favorecimientos por parte de algunos investigados, y para esto se cuentan con escuchas telefónicas.
Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, rechazó que se hable de fraude en las decisiones del ente electoral. (Fuente: JNE) 
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