Juez dilata decisión sobre Sada Goray y Mauricio Fernandini: ¿qué pasó en la audiencia de resolución de prisión preventiva?

El magistrado había citado al representante del Ministerio Público, a los procesados y sus defensas para la lectura de su resolución en una audiencia presencial, la cual se realizó este miércoles desde las 4 p.m. El pedido de prisión preventiva también alcanza Pedro Arroyo y Roger Gavidia, expresidente del directorio y exdirector del Fondo Mivivienda (FMV), respectivamente.

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Para esto, los cuatro investigados fueron trasladados de la sede del equipo especial de la Policía Nacional, donde cumplen detención preliminar desde el 7 de julio, hasta la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Allí esperaban escuchar el anuncio sobre si iban a seguir detenidos o si iban a salir en libertad.

El juez comenzó la lectura de la resolución dando cuenta del pedido fiscal y recordado que las defensas de los procesados se opusieron a este. Luego, comenzó a relatar la tesis de la fiscalía en este caso, la cual ya había sido expuesta a lo largo de una serie de audiencias de prisión preventiva que iniciaron el 18 de julio pasado.

PRIMERA PARTE DE LA AUDIENCIA

Para el Ministerio Público, en este caso se investiga una presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo e integrada por el exministro de Vivienda Geiner Alvarado como coordinador, el exjefe del gabinete asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo como coordinador y operador; y la empresaria Sada Goray como coordinadora y operadora; entre otros.

Con el objetivo de obtener ganancias ilícitas, continúa la imputación fiscal leída por el juez, se dispuso el copamiento de “cargos estratégicos” en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Todo esto a partir de un supuesto pacto ilícito por el que Goray habría entregado S/ 5.4 millones a Salatiel Marrufo entre septiembre del 2021 y junio del 2022.

Allí se mencionan una serie nombramientos en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y el Fondo Mivivienda (FMV), adscritos al MVCS; así como en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), adscrita al Ministerio de Justicia. Todo esto durante la gestión de Pedro Castillo y las gestiones de los exministros Geiner Alvarado (Vivienda) y Félix Chero (Justicia), quien también son indagados por estos hechos, pero a nivel de la Fiscalía de la Nación.

En cuanto a la SBN, ente adscrito al Ministerio de Vivienda, se señalan los nombramientos de Cyntia Rudas Murga como titular de la SBN, Jackeline Perales Olano como gerente; y Marina Subiria Franco y Héctor Chávez Arena como directores de Gestión Patrimonial; y Flor Olivera Orellana como abogada de la Dirección de Gestión Patrimonial.

En lo relacionado al FMV se menciona a Pedro Arroyo como presidente del directorio, y a Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta como directores, José Carlos Forero como gerente general, Luz Mayhua como supervisora de fideicomisos y Luis Mesones, exesposo de Sada Goray, como consultor. El pedido de prisión preventiva también alcanza a Arroyo y Gavidia, mientras que Mesones está prófugo desde el 7 de julio y se ha solicitado para él la misma medida.

Finalmente, se postula un tercer “subcopamiento” en la Sunarp. Allí se señalan los nombramientos de Luis Longaray como su titular, y de Cyntia Rudas Murga y Roger Gavidia como miembros del directorio.

A lo largo de cinco horas y media, solo interrumpidas por breves recesos a pedido de la defensa de Sada Goray, el juez Raúl Justiniano leyó la imputación general del caso y la imputación contra cada uno de los cuatro detenidos, comenzando con la empresaria.

Luego hizo lo mismo con la evidencia (elementos de convicción) presentada por la fiscalía de forma general y luego con la evidencia para cada uno de los investigados. Esto a pesar de que todo esto ya había sido leído y expuesto por la fiscalía en las audiencias previas de debate.

Pasadas las 9:30 p.m., el juez anunció que iba a suspender la audiencia hasta este jueves a las 3:30 p.m. Se espera que el juez termine de leer todos los elementos de convicción contra cada investigado y que luego, finalmente, comience a pronunciarse sobre si se cumplen los presupuestos o requisitos para dictar una prisión preventiva.

Estos son, principalmente, que exista un nivel de sospecha fuerte (graves y fundados elementos de convicción) respecto a los delitos que atribuye la fiscalía a cada investigado; y que junto a esto exista peligro de que fuguen y/o que pongan obstáculos a las indagaciones fiscales. También debe determinarse si la eventual condena que podrían recibir es superior a cuatro años y si dictar prisión preventiva resulta proporcional, idóneo y necesario para cada caso.

Culminada la audiencia del jueves, los detenidos volvieron a la sede policial donde llevan cerca de un mes bajo detención preliminar. Si bien la orden original era que estén detenidos por 10 días, la medida seguirá vigente hasta que el magistrado termine de leer su resolución este jueves, de no mediar una nueva postergación.

A su salida de la sede judicial, el abogado de Mauricio Fernandini, Gino Dagnino, dijo a la prensa que tienen “la esperanza y la confianza” de que el juez resolverá “de acuerdo a ley”. “Se va a dar cuenta que mucha [de la evidencia presenta por la fiscalía] no tiene sentido con cada procesado y podría dar una medida de comparecencia”, indicó.