“Los mayores problemas de corrupción en el Perú están en el sur”

—Durante el gobierno de Pedro Castillo se revelaron casos de presunta corrupción. Algunos de ellos, como el caso Puente Tarata, el de Petro-Perú, irregularidades en el Ministerio de Vivienda, entre otros. ¿Cuál es el impacto económico al Estado del que estamos hablando debido a estas y otras situaciones advertidas durante el anterior gobierno?

No hay información desagregada solo para el Poder Ejecutivo. Pero, en general, el 2022 la Contraloría ha identificado a 8.730 funcionarios públicos con indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal. De esos, 3.044 corresponden al gobierno nacional. ¿Cuántos de ellos tienen que ver con los ministerios? Seguramente la gran mayoría. […] La lógica es que, de toda la operación estatal, hay irregularidades cometidas por 8 mil funcionarios públicos, que están relacionadas a irregularidades que se han encontrado en S/5.700 millones de transacciones que están mal y que han generado un perjuicio económico de más de S/ 1.134 millones a nivel nacional.

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—De otro lado, además de su impacto económico, ¿cómo han afectado estos malos manejos en la gestión pública y qué debe entender la población sobre cómo afecta la corrupción a la sociedad?

Estos problemas que la Contraloría ha detectado en la operación estatal, al revisar solo una muestra de las transacciones, si lo extrapolamos a nivel nacional considerando todas las operaciones del gasto que hace el Estado peruano, lo que tenemos es que la pérdida debe superar los S/24.000 millones. Imagina todo lo que se podría hacer con eso. La autopista central que se va a hacer costará aproximadamente S/12.000 millones. En un año perdimos el doble.

—¿La Contraloría ya cuenta con informes sobre la gestión de Pedro Castillo y el impacto de las decisiones del anterior gobierno en diferentes sectores?

En el 2022, los principales sectores que se han visto afectados por los problemas de corrupción e inconducta funcional han sido Transportes, Educación, Salud, Saneamiento, en términos de montos. Siempre es así. Esa es la constante. Pero evidentemente, y podemos calcular todas las pérdidas que hubo a partir de los informes de auditoría, la Contraloría solamente ha visto una muestra de las transacciones. Por tanto, no podemos pensar que solamente esta pérdida es la que existe. Ese proceso de extrapolación y de estimación es lo que se está haciendo ahora, nos toma enero y febrero, así que yo espero que en marzo podamos dar cuenta de esta preocupación totalmente legítima de tratar de ver y de comparar qué es lo que ha pasado durante el año 2022 con los años anteriores e incluso focalizarnos dentro del gobierno nacional, en el Poder Ejecutivo.

—¿Cuáles son las principales conclusiones a las que ha podido llegar la Contraloría sobre cómo se manejó el gobierno central durante la gestión de Pedro Castillo?

Sin particularizar el gobierno del expresidente Pedro Castillo, lo que tenemos es información sobre el gobierno nacional. […] Lo que sí es cierto es que el 2022 prácticamente ha sido el año con mayor cantidad de funcionarios públicos con imputaciones en la vía administrativa, civil y penal. En el año 2021, fueron 7.723, ahora han sido casi mil más. Pero en el gobierno nacional, que es casi todo el Ejecutivo, en el año 2021 hubo responsabilidades imputadas a 2.219 funcionarios públicos y el año 2022 a 3.044. Ha tenido un crecimiento sustancial de casi 30%.

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—¿En esta cifra están incluidos los funcionarios que han sido designados en estos cargos de confianza, llevados a esos puestos por afinidades, por cuestiones de cuotas de poder?

Muchos de esos funcionarios, no todos, están dentro de estos procesos. Hay que ser conscientes de que, frente a las acciones de la Contraloría que se emitieron, más de medio centenar de informes de control sobre determinados casos que la propia prensa nos alertó respecto del nombramiento irregular o la designación irregular porque no cumplían con el perfil, muchos fueron separados de sus cargos en su momento.

—¿Lo tienen individualizado?

En lo que se refiere estrictamente a ese tema, fueron más de 70 los funcionarios públicos específicos, cuyos casos vio la Contraloría, en donde no cumplían con el perfil.

—El total de 8 mil funcionarios, ¿a qué sectores mayoritariamente pertenecieron?

Fundamentalmente, hay 3.044 en el gobierno nacional, 2.249 en el gobierno regional y 3.493 en el gobierno local.

—En el gobierno anterior, ¿usted tuvo la oportunidad de presentar estas situaciones al expresidente Castillo, qué tipo de actitud tuvo él?

Nosotros tuvimos un par de reuniones en Palacio de Gobierno con el expresidente Castillo, donde se conversó sobre algunos de estos temas, pero no hubo una disposición o una apertura para poder discutir estos temas como sí lo hubo con presidentes anteriores. En este casi mes y medio de la presidenta Dina Boluarte ya hemos tenido varias reuniones de trabajo con ellos y con sus ministros para abordar casos específicos en temas de Transportes, Educación, Salud y Vivienda.

—Hay un hartazgo en regiones del sur que se está volcando a las calles. La forma en que han sido conducidas las regiones en los últimos años es un indicador a tomar también en cuenta. Entonces, ¿qué diagnóstico ha hecho la Contraloría sobre la corrupción en esta representación subnacional?

Los mayores problemas de corrupción en el Perú están en el sur. Los mayores problemas de brechas de infraestructura y de salud están en el sur, los menores niveles de desarrollo de los controles internos en las organizaciones están en el sur.

Es absolutamente lógico y natural que la gente del sur esté absolutamente fastidiada respecto de la gran inequidad que hay en cómo acceden a los bienes y servicios públicos. La mayor cantidad de obras paralizadas también están en el sur. […] estas protestas, que en la medida que sean pacíficas, son un derecho constitucional. El problema es que no pueden volverse violentas, no pueden destruir y poner en riesgo el derecho de los otros millones de peruanos a partir de las tomas de carretera, la destrucción de la propiedad pública y privada. […] Eso es absolutamente inaceptable en un Estado constitucional, democrático, de derecho. Pero es cierto que hay una serie de demandas postergadas que se pueden verificar empíricamente.

—Usted ha dicho que los mayores problemas de corrupción están en el sur. ¿Qué regiones específicamente tienen este diagnóstico?

Los mayores problemas de corrupción que percibe la gente en las encuestas de opinión, de percepción de la corrupción, revelan que, efectivamente, los principales problemas de lo que la gente percibe como corrupción están en el sur y en el oriente, pero sobre todo en el sur. Cuando hemos visto dónde se pierde la mayor cantidad de plata, naturalmente en la zona sur es mucho más que en la zona centro y norte del Perú. Toda la zona sur: Puno, Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Apurímac.

—¿Tienen hechos específicos de presunta corrupción que se han podido advertir en estas regiones del sur?

Hemos intervenido en Puno, por ejemplo, en el Hospital Núñez Butrón y en otros. Tuvimos el año pasado un despliegue muy importante, hemos cubierto más del 44% de todas las instituciones públicas en el Perú.

—Y estas deficiencias finalmente impactan en la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a estos servicios básicos.

La indignación de la población en esas zonas es absolutamente comprensible. La clase política y la administración tienen que hacer que el Estado funcione. El Estado existe para resolver esos problemas.

—No se puede negar que estas situaciones, de manera acumulada, afectan la institucionalidad, la operatividad y la gestión pública. ¿Consideraría que estamos en una situación peor a la vista años anteriores?

El deterioro institucional de las capacidades del Estado para hacer su trabajo ha sido tan grande, producto de las malas designaciones de funcionarios, de los casos de corrupción que todos conocemos, etc, que no me cabe ninguna duda de que la capacidad del Estado ahora es mucho menor para atender las necesidades de la población de manera efectiva de la que teníamos años atrás. Producto de todas las malas decisiones que se tomaron durante, esencialmente, en el gobierno del expresidente Castillo.

—Ese deterioro institucional ha sido, podríamos decir, peor a lo hemos vivido anteriormente.

Por supuesto, el deterioro institucional durante el gobierno del expresidente Castillo ha sido el más grande y el más veloz que he podido conocer en toda mi carrera pública.

—¿La Contraloría ha hecho o está en camino de hacer informes de la actual gestión, sobre la designación de funcionarios?

Sí, ahora en el caso del Poder Ejecutivo y del gobierno nacional en febrero se va a iniciar un gran mega operativo que nos va a permitir intervenir en los ministerios, en casi todas las instituciones que dependen de los ministerios para ver una serie de hechos, entre ellos las designaciones, y otros casos de las cuales ya tenemos información preliminar que tendrían indicios bastante razonables de corrupción, de inconducta funcional que se han cometido durante el año 2022, 2021 y 2020. Pero además vamos a hacer en marzo un operativo a nivel nacional específicamente para ver los perfiles.

—Actualmente, ¿se han advertido irregularidades en contrataciones o están recibiendo informes al respecto?

No se ha advertido todavía ninguna irregularidad. Seguramente es porque está recién empezando [la gestión]. Cuando cambia un gobierno, hay como olas de cambio.

—En el gobierno del expresidente Castillo hubo incluso desde el inicio.

La velocidad con la que han deteriorado el Estado ha sido tremenda, ha sido absolutamente burda.

—El jueves, usted participó en la reunión con los gobiernos regionales, ¿qué salidas puede usted avizorar para poder abrir el diálogo?

Estábamos viendo los temas de Salud. […] con relación a lo que mencionas, efectivamente desde la Contraloría todos estamos también como ciudadanos muy preocupados por la situación en la que vive el país. Evidentemente, si no hay diálogo no vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero para que haya diálogo se tiene que restablecer el orden interno y mínimas condiciones de paz y tranquilidad para poderse sentar a dialogar. El Gobierno ha tomado una serie de medidas tratando de promover el diálogo, pero evidentemente no tiene interlocutores válidos. Es un problema tremendamente complejo, que yo espero que las decisiones que tome el Poder Ejecutivo y las decisiones que tome el Poder Legislativo permitan de una vez por todas resolver este problema.

—¿La situación en que estamos es también un riesgo para la correcta conducción del Estado, de la gestión pública?

Situaciones como las que estamos viviendo tan difíciles y que han generado tantas pérdidas humanas en nuestro país, nos afecta a todos. Afecta no solo la gestión pública, afecta la vida cotidiana de la gente. […] Hay tanta incertidumbre e inseguridad que la economía no puede funcionar. Eso también tiene una repercusión directa en el Estado.

—Usted también es parte del Consejo de Estado. ¿Considera que debería reunirse nuevamente para encontrar una salida?

Sí, yo creo que el Consejo de Estado es una instancia de coordinación a nivel de todo el Estado en su conjunto y participan las más altas autoridades de la República. Dado que ya tenemos al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, deberían participar ellos y también los representantes de los gobiernos locales. Creo conveniente, tal como se lo he hecho saber a varios de los ministros con los que hemos conversado, que se retome.

—Vamos a ir a nuevas elecciones. Estos constantes cambios de gestiones, ¿cómo impactan en la conducción de la gestión pública, de las políticas públicas y de nuestro funcionamiento como Estado?

Impacta dramáticamente. Soy contralor ya casi seis años, he trabajado con seis presidentes, con tres congresos. Para que el Estado funcione tiene que haber orden, y tiene que haber estabilidad y continuidad en las políticas públicas. Las políticas públicas no son del ministro o del funcionario que cambia a cada rato, sino estatales y, por lo tanto, si hay tanto cambio producto de tanta inestabilidad institucional, terminamos reduciendo las reales capacidades del Estado para poder intervenir y resolver los problemas de la gente. Luego de estas elecciones deberíamos hacer lo necesario para reducir de una vez por todas estos problemas de inestabilidad, para que el Estado con sus nuevas autoridades pueda desplegar las políticas que la población necesita.