Opereta

La decisión del gobierno de cesar a Hugo Coya como director del Instituto de Radio y Televisión Peruano es un despropósito y un error político. Un despropósito porque se está enterrando uno de los pocos procesos de construcción institucional en curso en el país. Y un error porque el gobierno se desprestigia frente a los grupos y voceros que, con menor o mayor entusiasmo, lo apoyan por representar algo distinto al fujimorismo.

Comencemos por el despropósito. Canal 7 y Radio Nacional no son medios públicos si por ello entendemos medios con un diseño institucional que preserve su autonomía. Son dependientes del Poder Ejecutivo. Han sido, en el mejor de los casos, tímidos en su relación con el poder político, y en el peor, sobones y cómplices.

Cada presidente vive la ilusión de que el pequeño canal 7 puede influir en la opinión pública. En vez de construir algo mejor, se le deja como está, sujeto a los humores del gobierno. Quentin Skinner y Philip Pettit señalan que la libertad no es real si uno sabe que alguien tiene el poder de dominarlo. Una libertad concedida no es libertad. Algo así se siente en canal 7: aun en tiempos de mayor independencia siempre se teme importunar a Palacio.

Pues bien, Coya y su equipo estaban rompiendo con esa tradición, legitimando y fortaleciendo el IRTP. Además, contra una visión extendida en el país de que lo más importante para la construcción de instituciones es cambiar leyes, se estaba haciendo sin modificar una sola norma. Respetados tanto por su línea informativa plural como por el tipo de programas que se estaban produciendo, estos medios ya eran otros.

Paradoja interesante. Con frecuencia decimos que las instituciones son más que las personas. Sin embargo, en nuestros contextos de debilidad institucional, la confianza y legitimidad se construye con rostros concretos. Sin reformadores reputados y comprometidos que presten su legitimidad, es difícil que se fortalezcan instituciones. Todos ya sabemos que, más allá de sus aciertos y errores, Coya no aguanta presiones y es plural. No es la reputación de su reemplazante.

Un gobierno reformador hubiese entendido que lo que correspondía era dar reglas que protejan lo avanzado. El próximo Congreso pudo ser el espacio preciso para hacerlo, construyendo sobre esa legitimidad hacia medios de verdad públicos. En vez de eso, se opta por defenestrar al reformador y, hasta el momento en que escribo, dejar en su cargo a un ministro que no da garantías.

Pero también es un grave error político. La decisión toca directamente al presidente. Él firma la resolución. La legitimidad de Vizcarra en diversos grupos y actores con fuerte vocería pasa por transmitir que no le interesa concentrar poder. Hoy se le ve jugando en pared con un ministro para volver un órgano plural, con amplia libertad, en uno pro gobierno. Y en tiempo electoral. Si creen que esto es un tema de caviares que pasará ligerito, están mal asesorados.

El mensaje no puede ser peor. Si el círculo de gobierno cree que puede salirse con la suya, es que han perdido la visión prudente que les ha permitido llegar hasta aquí. Para quienes creemos en el pluralismo, es un deber que no lo logren.