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A propósito de la presentación del Consejo de Ministros ante el Congreso, se ha suscitado un debate sobre la calidad del Parlamento, las relaciones entre los poderes y las correcciones que debe implementar el Ejecutivo en el crítico contexto actual.
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En cuanto a las relaciones entre ambos poderes, primó por el momento la sensatez. El Consejo de Ministros necesitaba políticamente la aprobación del Congreso, no solo de los actos realizados durante el interregno parlamentario, sino también sobre la política general y la estrategia de combate al COVID-19. Y más allá de las estridencias inevitables, los grupos más moderados votaron a favor (AP, APP, SP, PM, pero también Frepap y PP), y los abiertamente contrarios al Gobierno y sus políticas, en contra (FP, UPP y FA).
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En los días previos al debate se comentó mucho sobre el temor que despertaban diversas iniciativas “populistas” del nuevo Congreso. Esto es consecuencia de la debilidad de los partidos, de las bancadas, y de la lógica del voto preferencial, que tiende a generar conductas individualistas. Enfrentar este problema requiere actuar en dos frentes; de un lado, se debería modificar el reglamento del Congreso para darle más previsibilidad al proceso legislativo. La Mesa Directiva y los portavoces deberían fijar prioridades legislativas, así como todas las comisiones. Todos los proyectos deberían pasar por estas, y tener plazos y procedimientos claros de aprobación; y los proyectos con dictamen favorable deberían tener siempre dos votaciones. No “normalizar” las excepciones a las reglas.
Del otro lado, se debe mejorar el mecanismo de selección de candidaturas, apuntando a fortalecer los partidos y las carreras dentro de ellos, no a favorecer el oportunismo. Como hemos dicho anteriormente, para esto debe haber un padrón realista y transparente, mecanismos democráticos de selección, y con ellos, la desaparición del voto preferencial. Si no hacemos esos cambios, el Congreso seguirá funcionando como hasta ahora.
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Mejorar la relación Ejecutivo–Legislativo requiere además que el primero tenga una agenda más clara respecto a lo que se viene. Me parece que el Gobierno debe salir del esquema ampliar la cuarentena–entrega de bonos–intervención en mercados–ampliación de respuesta hospitalaria. Ahora el esquema debe centrarse en reforzar prácticas sanitarias en el contexto de la progresiva reanudación de actividades. Facilitar el acceso a mascarillas, agua y jabón, alcohol en gel, para toda la población; señalización y pautas para facilitar el mantenimiento de la distancia social en espacios públicos y laborales. Los temas centrales ahora están en cómo evitar que el transporte público sea la nueva fuente de contagios, los protocolos de reanudación de actividades para todos (no solo empresas formales), la implementación de campañas publicitarias agresivas para asentar las reglas de la “nueva convivencia”. Invertir aquí podría resultar más rentable que extender la lógica de bonos y créditos.
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