Diversidad de personalidades: los caminos contradictorios de Acción Popular en el Congreso

El apelativo se hizo popular en la prensa en los últimos años del primer gobierno de Fernando Belaunde, aunque no fue incluida en el diario de debates, ni en el folleto editado con la respuesta de Townsend por razones de caballerosidad de aquellos tiempos, recuerda el historiador Hugo Vallenas, autor de una biografía del exlíder aprista.

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Townsend le dijo a Alva Orlandini que su partido era uno de esos “que creen que el poder es como un violín; se agarra con la izquierda pero cuando hay que tocar, se toca con la derecha (…) [donde] se realiza el milagro extraño de que convivan, por un lado, estos plutócratas de nuevo cuño y estos izquierdistas de vieja estampa”. Era octubre de 1966.

Más de cincuenta años después, el mote ha resurgido por los caminos entrecruzados que da su bancada en el Congreso. Las facciones internas han revelado la diversidad de personalidades que hay en el partido, pero en muchos casos lindando con el populismo.

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Partidos: Ajuste y flexibilización

Durante la campaña electoral, AP emitió un documento con su agenda legislativa para el periodo 2020-2021. Allí decía que consideraban prioritario “concluir las reformas políticas y judiciales iniciadas en el último Congreso de la República” en tres ejes: políticas anticorrupción, inmunidad parlamentaria y bicameralidad.

Ya en el Congreso, algunos de los proyectos presentados pretenden limitar la capacidad de las organizaciones políticas para recaudar recursos económicos. El legislador Hans Troyes –cercano a Mesías Guevara– presentó una iniciativa para reducir el monto máximo de los aportes privados a los partidos y de sus ingresos por actividades proselitistas: plantea que pasen de 120 UIT (S/504.000) a 20 UIT (S/84.000). El proyecto fue suscrito por varios congresistas del ala ‘lescanista’ de la bancada.

Uno de ellos, Carlos Perez, planteó una iniciativa para que este año los partidos no reciban financiamiento público directo a raíz de la crisis sanitaria. Troyes lo suscribió.

Del otro lado, el congresista Franco Salinas ha presentado una iniciativa para que, en tiempos de emergencia, los partidos puedan tomar acuerdos válidos y realizar elecciones internas a través de plataformas virtuales. Esta propuesta se adapta a los tiempos.

Pero otros proyectos buscan flexibilizar las elecciones internas. Una propuesta del presidente del Congreso, Manuel Merino, plantea no aplicar las primarias abiertas para los comicios del 2021, como ha sido recomendado por varios especialistas. La iniciativa también eliminaba requisitos que fueron discutidos en el Congreso anterior: la alternancia de hombres y mujeres en las listas y la participación obligatoria del JNE y Reniec en las internas; que solo los afiliados a la organización integren los órganos electorales internos; y el plazo para no modificar las normas electorales de la organización.

Intervencionismo en cobros

Sentado frente a su computadora, el excongresista Yonhy Lescano ha grabado videos sobre los problemas del pago de servicios públicos, pensiones educativas, deudas bancarias, entre otros, durante la cuarentena. La bancada acciopopulista ha presentado una lista de iniciativas que pretenden intervenir en esos cobros.

Freddy Llaulli, legislador asesorado por Lescano, presentó el proyecto de condonación de intereses en el pago de los servicios públicos, masivos, créditos de consumo, bancarios, en instituciones financieras y establecimientos comerciales con tarjeta de crédito. Se trataría de una medida temporal, por 6 meses, a raíz de la crisis por el COVID-19, a partir de marzo de este año.

Además, plantea un periodo de gracia de tres meses para los usuarios que tengan pagos pendientes por estos servicios, a partir del levantamiento de la cuarentena; y que las empresas no puedan reportar a los deudores a las centrales de riesgo. El proyecto fue suscrito por el vocero Otto Guibovich.

Llaulli también ha planteado que se regulen y reduzcan los cobros en los centros educativos durante los meses en que se llevan clases no presenciales.

A estas alturas no se puede responsabilizar solo a los ‘lescanistas’ de plantear proyectos intervencionistas. Walter Rivera presentó otro para reducir temporalmente las pensiones educativas, con las firmas de Mónica Saavedra, Leslye Lazo, Leonardo Inga y Ricardo Burga.

Para Lescano, estos proyectos no son intervencionistas, sino buscan la protección de los consumidores “de acuerdo a la línea del partido”. Aunque no reconoce que exista un ala ‘lescanista’, se siente satisfecho de que algunos partidarios se sientan identificados con él. “Somos amigos con varios de ellos [congresistas], por lo menos con 10 hemos hecho campaña, pero ellos están metidos en sus temas. Uno sería muy soberbio para decir que es el líder, sé que coincidimos en los planteamientos, me llaman porque me consideran una persona que ha trabajado por el partido”, dice.

Estas iniciativas generaron las primeras críticas públicas de dos líderes de Acción Popular: Raúl Diez Canseco y Jorge Muñoz, quienes se quejaron del populismo detrás de las propuestas, en entrevistas en Canal N.

Incluso Mesías Guevara señala que “estas propuestas están lejos de la posición del partido”, pues ellos están lejos del “estatismo”. Agrega que el comité político de AP está “muy preocupado” por este tipo de iniciativas personales de algunos parlamentarios.

Antimigraciones

El 7 de mayo, el pleno aprobó un dictamen para que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados abra una oficina en el país a fin de velar por la protección y la asistencia humanitaria de los refugiados y desplazados, con votos de AP.

En contra votaron Orlando Arapa y Kenyon Durand, quienes presentaron un proyecto para expulsar a los migrantes venezolanos del país. La vocera alterna Yessy Fabián retiró su firma, con lo que la iniciativa ha quedado coja. Arapa advirtió que insistirá en este tema.

Mano dura con la corrupción

La otra vertiente de AP son los proyectos que intentan endurecer las sanciones en casos de corrupción. El legislador Carlos Pérez plantea que los acusados por este tipo de delitos queden excluidos de la defensa y asesoría legal a cuenta del Estado. Mientras, Guibovich ha presentado un proyecto para reprimir con cadena perpetua a los altos funcionarios públicos que incurran en corrupción. Estarían sin defensa, y si son condenados, en prisión de por vida.

También se busca endurecer las sanciones contra autoridades locales ampliando los motivos de vacancia: el incumplimiento de los lineamientos dictados por el Gobierno nacional para responder ante emergencias sanitarias o desastres; “incurrir en fundados actos de corrupción como actos irregulares en el ejercicio de sus funciones”; etc. Los consejos regionales serán los que tengan la llave de esta puerta que podría abrir el Congreso.

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