La denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión continúa con su lento avance en el Congreso.
La Comisión Permanente tenía previsto debatir y votar este martes 7 febrero el informe final de dicha investigación, casi un mes después de haberlo postergado. Sin embargo, el análisis del caso fue nuevamente reprogramado para el viernes 10 tras un pedido de la defensa del exmandatario.
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Lento avance
La denuncia - que también alcanza a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado - llegó al Poder Legislativo el pasado 11 de octubre del 2022, cuando Castillo aún era presidente de la República.
El entonces mandatario buscó sin éxito anular esta demanda presentando un recurso ante el Poder Judicial y también recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para deslegitimarla.
El 16 de noviembre, un mes después y pese a la gravedad del caso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones (Alianza para el Progreso), recién admitió a trámite la denuncia.
El 24 de noviembre, la Comisión Permanente otorgó a la subcomisión un plazo de 15 días hábiles para la investigación. La fecha límite era el 19 de diciembre.
Sin embargo, el informe final de la denuncia fue sustentado ante la subcomisión el 29 de diciembre por el congresista delegado Diego Bazán (Avanza País). En esa fecha, Castillo Terrones ya había dejado de ser presidente de la República debido a que fue destituido por el Congreso a raíz del golpe de Estado que perpetró el pasado 7 de diciembre.
Revisa el informe que recomienda acusar a Castillo:
Dicho documento, que recomienda acusar al exjefe de Estado, fue aprobado por mayoría con 16 votos a favor, 6 en contra y una abstención.
El rechazo vino de los aliados de Castillo en el Congreso: Perú Libre, Cambio Democrático, Perú Bicentenario y Perú Democrático.
✅ El informe final de la DC 307 contra el expresidente Pedro Castillo ha sido aprobada por mayoría con 16 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.
— Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (@sac_congreso) December 29, 2022
Luego de su aprobación en la subcomisión, el informe fue elevado a la Comisión Permanente el 3 de enero para que sus integrantes decidan si envían o no el caso al pleno del Congreso.
Una semana después, la Comisión Permanente puso en agenda la votación del documento; sin embargo, a pedido de la congresista Lady Camones, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el debate se postergó.
Este 7 de febrero desde las 10:00 a.m., el informe será debatido y votado en la Comisión Permanente.
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Opiniones
En diálogo con El Comercio, el exoficial mayor del Congreso César Delgado Guembes y el especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera señalaron que este tipo de situaciones se deben a posibles cálculos políticos y a la inexistencia de plazos en la Comisión Permanente para evaluar los informes finales que llegan de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
“La Comisión Permanente no tiene plazos para pronunciarse respecto a los informes finales de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales [...] Si el tema [el informe final de la denuncia contra Castillo] llega al pleno tampoco van a existir plazos y, si los hubiera en el pleno, no serían de naturaleza perentoria”, aseveró Delgado Guembes.
El exoficial mayor del Congreso también explicó que, en ocasiones, los legisladores “no saben qué hacer cuando se presenta una dificultad”, como cuando “se generan impedimentos” debido a “argumentos relacionados con jurisprudencia de los jueces, el Tribunal Constitucional u organismos supranacionales”, como ocurrió con las denuncias presentadas contra Castillo.
"La Comisión Permanente no tiene plazos para pronunciarse respecto a los informes finales de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales"
“Entonces, el Congreso por temor tiende a ser renuente”, añadió el especialista.
Para Delgado Guembes, otro factor a tomar en cuenta es el ponente de la denuncia. “Hay ponentes muy hábiles como otros que no lo son”.
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Una postura similar tuvo Martín Cabrera. “El procedimiento no regula un plazo específico de duración. Se debe tener en cuenta que para estos casos al Congreso no le corresponde la determinación de responsabilidades penales, pero sí de responsabilidades políticas y constitucionales [...] Teóricamente el caso [de Castillo] no debería haberse prolongado tanto”, opinó.
Cabrera recordó que cuando esta denuncia constitucional fue presentada, Castillo aún era presidente. Y quizás “por un cálculo político o estimación de riesgos o efectos” para “no victimizarlo más”, la SAC “no caminó a la velocidad” que correspondía.
Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presenta ante el Congreso denuncia constitucional contra el entonces presidente Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal. También incluye a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
Con 13 votos a favor, 8 votos en contra y cero abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia constitucional 307 presentada contra el exmandatario por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. Asimismo, como posible cómplice del delito de colusión.
La Comisión Permanente del Congreso dio un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente el informe final de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo.
Con 16 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional 307, que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El encargado de sustentar el documento fue el congresista Diego Bazán (Avanza País), delegado del caso.
La votación del informe final contra la denuncia 307 contra Castillo es postergada a pedido de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.
En un anterior informe de El Comercio, el penalista Andy Carrión explicó que si el caso prospera en el pleno de la representación nacional, la fiscalía estaría habilitada a pasar de la investigación preliminar a la etapa de investigación preparatoria en los casos Petro-Perú, Ministerio de Transportes-Provías Descentralizado y Ministerio de Vivienda.
Ello, precisó, permitiría que la fiscalía solicite al Poder Judicial medidas limitativas como prisión preventiva, impedimento de salida del país, levantamiento del secreto de comunicaciones y secreto bancario, entre otros.
- Anteriormente, este Diario informó que Castillo Terrones tiene acumuladas más de 20 denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
- Una de estas denuncias era la de traición a la patria. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dispuso que se anule dicho proceso.
- Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales,dijo a El Comercio que, tras la decisión del TC, ese caso "aún ha quedado pendiente" en su grupo de trabajo y que se nombraría a un nuevo congresista delegado.