Pedro Castillo y Walter Ayala: ¿cuáles serían las consecuencias penales de denuncia sobre ascensos y a quiénes alcanzaría?

Este lunes, en entrevista con RPP Noticias, Vizcarra declaró que “el ministro de Defensa y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, insistieron en los ascensos de varios recomendados”, señalando en particular al coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra.

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El militar añadió que luego se reunió con el propio presidente Pedro Castillo y le explicó que no era posible ascender a las personas que estaba recomendando. “Le manifesté la situación y luego de que él me dijera cómo podía hacer para ascenderlos, yo le dije que era imposible porque sus puntajes no sobrepasaban a los demás candidatos. Me manifestó si se podía hacer algo, le dije que podía darle una vacante por decreto pero le advertí del impacto negativo iba a ser grande”, declaró.

Días después, el general fue relevado de su puesto. “Ni el presidente de la República, ni el ministro de Defensa, ni el comandante general del Ejército actual, me avisaron sobre la decisión de mi pase a retiro”, dijo Vizcarra. “Ese motivo [de su pase al retiro] me parece que debió decírmelo, de lo contrario, estaríamos hablando de un poder absoluto de cambiar cuando se le antoje o a su conveniencia al comandante general de una institución cuya estructura responde a normas establecidas”.

¿Podría traer consecuencias penales?

Para el abogado Luciano López, la Fiscalía de la Nación tendría elementos suficientes para abrir una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias. Esta indagación, a su criterio, podría incluir tanto al presidente Pedro Castillo como al ministro de Defensa, Walter Ayala.

“Es un hecho que la Fiscalía tendría que investigar” dijo López. “Si los hechos los miramos de manera integral, hay una secuencia que se presta para una sospecha: que la decisión de removerlo de su cargo no responde a criterios técnicos, en el contexto de estos hechos. Así como está planteado, esto es una sospecha inicial, da como para que se inicie una investigación. Son hechos que revisten gravedad sin duda, el presidente no tendría por qué haber hecho esta ‘recomendación’”.

“Es un hecho sumamente grave, me parece (…) podría tratarse de un presunto tráfico de influencias”, comenta López. “Si la presión está sobre este funcionario para que realice un determinado acto de su cargo y él se ha negado, por algo le han dado de baja. Habría un presunto tráfico de influencias, podría haber un abuso de autoridad. Habría ilícitos penales, sin perjuicio de una infracción constitucional”, señaló el abogado.

López añade que, a nivel del Congreso, lo más apropiado sería citar al ministro de Defensa a comisiones como la de Defensa o Fiscalización, o que el Pleno del Congreso lo invite para informar sobre este tema. “O de lo contrario, podría haber también una moción de interpelación, un pliego de preguntas sobre este hecho para que el ministro pueda responderlas y pueda absolver repreguntas en el Pleno”.

Respecto a posibles infracciones constitucionales, recordó que estas podrían ir contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, pero no contra el presidente de la República. “El único que tiene un ‘blindaje’, por decirlo de una manera, porque la Constitución prohíbe que pueda ser acusado durante el ejercicio de su mandato, es el presidente de la República”. Sin embargo, recordó que esto no impide que el Ministerio Público pueda abrirle una investigación preliminar.

Carlos Caro: “por lo que él ha narrado, ha sido objeto de coacción y tráfico de influencias”

En diálogo con El Comercio, el penalista Carlos Caro manifestó una postura similar, según la cual la Fiscalía de la Nación podría iniciar una investigación preliminar al ministro de Defensa y al propio Presidente de la República, aunque no podría acusar a este último mientras esté en el cargo.

“Acá, por lo que él ha narrado, ha sido objeto de coacción y tráfico de influencias. Lo han coaccionado para dejar de lado la regulación, para no aplicar las normas el proceso normal que tendría que seguir esto, y se ha querido favorecer a otras personas que no estaban en capacidad para ascender a ese puesto”.

Caro considera que tanto Pedro Castillo como el ministro Walter Ayala podría ser investigados, porque “conforme ha establecido ya la Fiscalía de la Nación, el presidente es una persona puede ser investigado, mas no acusada”.

El abogado indica que un posible tercer delito que podría ser investigado en este caso es el del patrocinio ilegal, que ocurre cuando un funcionario patrocina intereses particular frente a la administración, según explicó.

Añadió que, si estamos ante delitos como el tráfico de influencias, esto representa una infracción a la Constitución y atenta contra la institucionalidad democrática, los cuales son argumentos suficientes para iniciar una investigación a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el ministro Walter Ayala. “Para efectos de responsabilidades política sí hay otra regla. Esta solo recae solo en el ministro, nunca en el presidente, por más que este sea el autor”.

César Azabache: Denuncia “es muy grave”

El exprocurador César Azabache opinó que la denuncia “es muy grave” y que “lo que está describiendo quien hasta hace poco fue comandante general del Ejército parece corresponder a un delito”.

“Él ha relatado esta mañana haber confirmado con el propio presidente Castillo su interés en favorecer a determinados oficiales en la lista de ascensos. Y haberlo buscado confiando que desautorizaría a otros dos personajes, uno de ellos el Ministro de Defensa, que habría intentado obtener antes su favor para esas recomendaciones”, dijo Azabache.

Cuestionado sobre si la Fiscalía de la Nación podría iniciar una investigación sobre estos hechos, Azabache respondió que “sin duda” y que “cualquier responsabilidad debe discutirse después de oír las explicaciones de ambos”. “[Pedro] Castillo como presidente tiene inmunidades especiales hasta la conclusión de su mandato. La Fiscalía de la Nación puede indagar sobre los hecho a título preliminar pero no formalizar cargos contra el”, indicó.

“El ministro de Defensa también tiene inmunidades pero estas pueden ser removidas en base a un antejuicio político y ser exigidas a su conclusión desde el pleno del Congreso. También está la cuestión sobre responsabilidades políticas, pero desde mi punto de vista ella debe ceder a la cuestión sobre responsabilidades penales, incluso si el delito sólo se ha intentado”, agregó Azabache.

Sobre los posible delitos que podría haber ocurrido en este caso, manifestó que “no los calificaría hasta no escuchar sus descargos”.

Por su parte, el abogado Rafael Chanjan señaló que, si bien los cargos en las Fuerzas Armadas pasan por la “discrecionalidad” de las altas jerarquías como la del presidente de la República, también se deben cumplir requisitos y debe haber una “motivación mínima” en estos cambios.

“Creo que el Tribunal Constitucional también ha tenido ahí algunos pronunciamientos, para evitar el abuso y la arbitrariedad en decisiones como esta. Había que verificar cuáles fueron las razones por las que se dieron esas salidas y esos ascensos”, remarcó.

Sobre las presiones denunciadas por Vizcarra, Chanjan dijo que no ve “por lo menos claramente, que exista alguna figura penal en la cual se pueda haber incurrido”. “Entiendo que hay una relación de jerarquía entre el presidente y el ministro de Defensa. Solicitudes como esa pueden darse en el marco de la relación con su ministro. Si eso es lo único que se tiene por ahora, yo diría que todavía no vería ninguna figura delictiva”.

Chanjan consideró que deberían conocerse más elementos, más allá de la declaración de Vizcarra, para que se ha necesaria una investigación preliminar del Ministerio Público.

“Habría que recabar un poco más todavía, ver si se puede evidenciar, ver si ha habido algún pedido de beneficio personal, algún tipo de condicionamiento. Allí quizás sí podríamos estar hablando de que se amerite algún tipo de investigación a nivel fiscal, para iniciar algún tipo de pesquisa”.

Sin embargo, el abogado puntualizó que la apertura de una investigación depende más bien de la discrecionalidad de la Fiscalía.

“A veces los fiscales abren investigación preliminar con simplemente una denuncia de parte. Alguien denuncia y eso lo toman como una noticia criminal. Solo se requiere una sospecha simple”. Chanjan añadió que, en este caso, por el cargo del presidente la única que podría abrir una investigación es la fiscal de la Nación”

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