Perú minero y minado. Crónica de Fernando Vivas sobre el gobierno pro minero de Dina Boluarte.

Como somos el país número 7 en el top ten mundial de inversión minera, en el PDAC se celebra en los últimos años un ‘Peru Day’. Allí estuvieron los ministros prometiendo seguridad jurídica y agilidad permisológica. Así me lo respondió por escrito el ministro Vera: “Teniendo en cuenta que de cada 100 exploraciones, una se convierte en mina y que esto sube a 1000 exploraciones si hablamos de una mina de clase mundial; y sumamos el hecho de que las minas se agotan naturalmente y se necesitan unos 10 años para iniciar producción; es imperativo mejorar la permisología para la exploración minera y para la construcción y ampliación de las minas existentes”.

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Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y también presidente de Antamina, me confirmó que el reclamo de permisología estuvo en boca de la mayoría de mineros y fue respondido por la delegación oficial. Me lo explicó de esta forma: “Todo es muy lento. No solo en el Minem para ver los expedientes, sino en las entidades ambientales acreditadoras como el Senace. No pedimos que se bajen los estándares, sino que resuelvan más rápido”. Ni siquiera se ha implementado la ventanilla única en el Minem, a pesar de que lleva años aprobada en el papel.

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Gobitz, tras hacer sus reclamos, añadió que “era destacable el liderazgo de Otárola sobre los ministros”; lo que se suma a la impresión de premier pro inversión, pragmático y mano dura, que está encandilando a los gremios empresariales. Aunque aún es temprano para ver resultados concretos, no hay duda de que existe una nueva actitud de las cabezas del gobierno hacia la minería. La directiva de Gobitz también ha visitado y conversado afablemente con Boluarte. Ni ella ni ellos mencionaron al elefante de Davos. Diplomacia que vale oro. En realidad, salvo aquel discurso en Davos, Dina Boluarte no ha tenido expresiones radicales respecto a la minería. Sus objeciones se centran en el impacto ambiental, y ello es cuestión de velar por el cumplimiento de los estándares vigentes.

También le pregunté a la PCM por este abrazo a la minería y esta fue la respuesta oficial desde el despacho del primer ministro Otárola: “El PDAC Toronto ha sido un éxito para el Perú. La PCM ha dado un discurso político-económico explicando el proceso de los últimos 3 meses y ratificando el apoyo a la inversión privada y a la estabilidad macroeconómica. (…). El premier va a liderar el destrabe de proyectos y aligerar la tramitología de la que se han quejado todos los inversionistas”. Gobitz no se equivocó en su impresión.

Pedro Castillo no estuvo en el polo opuesto antiminero, pues sabía lo importante que era la estabilidad del sector para financiar su populismo. La izquierda regional, y su teórico ambientalista Eduardo Gudynas, le llaman a esto: “neo extractivismo que busca la captura de la renta”. No solo la izquierda la persigue. También lo hizo Alan García II y lo llamó “aporte voluntario”; lo replanteó Ollanta Humala y lo rebautizó “óbolo minero”. Pedro Francke, el primer ministro de Economía de Castillo, creyó que podía ampliarlo en una coyuntura de precios altos de los minerales y le llamó “impuesto a la sobreganancias”; pero no llegó a establecer el margen susceptible de tributo y menos a implementar su cobro. Este gobierno ha optado por abrir los brazos sin pedir, a cambio, el pago de más impuestos u otras formas de colaboración que impacte en las zonas de influencia minera. La desproporción entre la riqueza de cada explotación minera y la pobreza de regiones como Apurímac o Cajamarca, sigue siendo grotesca.

Castillo no cambió ninguna regla de juego para la minería, sino que cometió la barbaridad de entregar el Minem, como cuota, a Perú Libre y a Guillermo Bermejo, sumiéndolo en el desgobierno. El corredor anduvo de bloqueo en bloqueo y en Challhuahacho, el vecindario de Las Bambas, se armó un desmadre. Como me comentó un alto funcionario del Minem de aquel entonces: “el gobierno no es antiminero, pero como no quieren a la minería, no se sienten culpables de dejar morir a la inversión minera por su inacción e irresponsabilidad”. Todo esto ha dado un tremendo giro.

Le pregunté al Minem por el tema de fondo que dispara los conflictos. Esta fue la respuesta: “Se acompaña a las mesas de diálogo de las empresas y las comunidades para facilitar el cumplimiento de acuerdos. Se están facilitando las obras por impuestos en las zonas de influencia. Se facilitan los mecanismos para que los gobiernos locales puedan ejecutar el presupuesto y los ingresos por canon y regalías mineras. El gobierno central está estrechando contactos con los gobiernos regionales y locales para atender sus necesidades. Se están haciendo transferencias de adelanto de canon en los casos en los que aún no se reportan utilidades”.

Todo ello es muy poco. Allí está la clave de la conflictividad: que el Estado regule, facilite, promueva y ejecute obras de impacto en las zonas de influencia minera. Es un proceso arduo, que requiere un fino equilibrio, pues también se desatan expectativas insaciables y peleadas entre sí, como se vio en Las Bambas. O sea, no basta abrir los brazos a la minería, sin que el Estado tengo una presencia activa en el terreno minero, para que no esté políticamente minado.

Una de las mejores noticias para los mineros es que, desde hace unas semanas, el corredor terrestre entre la zona de Las Bambas en Apurímac, el sur del Cusco y parte de Arequipa; fluye con cientos de camiones trasladando mineral. El estado de emergencia se planeó para frenar el impacto paralizante de las protestas y bloqueos de carretera, pero tuvo ese efecto no del todo planificado sobre el corredor.

Gobitz me hizo un apunte con ironía política: “El gobierno ha vivido en carne propia la violencia que corta caminos, que cierra operaciones y que se normaliza; la que nosotros experimentamos hace años”. Esa es una razón adicional para haber prestado especial atención al corredor. Lo que solo pudo funcionar intermitentemente en el último quinquenio, a punta de mesas de diálogo que se quebraban a poco de estar instaladas, ahora está abierto porque las FFAA lo vigilan junto a la PNP. Por primera vez –si descontamos la pandemia- hay una política de estado que le brinda seguridad.

“Las FFAA tienen un gran poder disuasivo”, me dice Gobitz y señala una excepción: “En Puno está paralizada una de las minas de estaño más importantes del mundo, Minsur. La comunidad no rechaza a esta mina, pero por efecto de los paros generales, no está funcionando”. Puno es la piedra con la que ya ha tropezado trágicamente y varias veces, el gobierno de Boluarte. El costo también lo pagan las comunidades y pueblos vecinos que no son antimineros.

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Volviendo al ‘Peru Day’ de Toronto; allí se han hecho importantes promesas, pero falta trabajar en concretarlas. Cuando Martín Vizcarra, de entre las pocas embajadas que tenía para escoger, pidió la de Canadá, lo hizo a sabiendas que ello le permitiría estrechar los lazos que ya tenía con los mineros desde que gobernó Moquegua, una de las regiones de mayor renta mineral del país. El PDAC 2018, se celebró pocos días antes de que tomara el mando tras la renuncia de PPK. Por supuesto, allí estuvo el embajador Vizcarra. Los mineros peruanos reunidos en Toronto tuvieron la primicia del afán sucesorio de un amigo de ellos; pero desde entonces solo han visto crecer la conflictividad sin que el Estado la aplaque.

Volvemos a la misma conclusión: el mensaje a los mineros ya fue dado en el mejor foro mundial para hacerlo. Vera, agregó en la respuesta que me envió, que están haciendo lo necesario para implementar la ventanilla única. Ahora falta que el Estado tenga una presencia activa y conciliadora en las zonas de impacto, esas que son más anti Boluarte que anti mineras.