Presidente de la JNJ niega reglaje a Francisco Távara

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de un comunicado firmado por su presidente, Gino Ríos, negó categóricamente que se haya realizado un “reglaje” al miembro Francisco Távara Córdova, tal como este afirmó en entrevistas concedidas a medios de comunicación el pasado 17 de junio.

“Rechazamos enfáticamente las acusaciones del miembro Távara Córdova sobre un supuesto reglaje a su persona”, indicó la JNJ, aclarando que la designación de personal auxiliar, como asesores o choferes, corresponde exclusivamente al propio miembro y a las áreas administrativas responsables.

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El comunicado también precisa que la elección del presidente y vicepresidente de la JNJ se realizó de acuerdo con la ley y que Távara se negó a firmar el acta de dicha sesión, realizada el 6 de enero, pese a que recogía lo ocurrido. “Resulta carente de sentido democrático que, cinco meses después, señale que haber perdido dicha elección fue un acto hostil en su contra”, señaló la JNJ.

Sobre la audiencia del informe oral del procedimiento disciplinario N.º 001-2024-JNJ, la institución indicó que la excusa de Távara fue presentada a las 10:31 a.m., cuando esta ya se desarrollaba. “Es falso que el miembro Távara Córdova se haya excusado oportunamente”, se lee en el documento.

En relación con la resolución que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, la JNJ indicó que esta fue aprobada “por el voto unánime de los miembros que estuvieron presente en el informe oral del P. D. N.º 001-2024-JNJ (recurso de nulidad)”. Asimismo, precisó que, conforme al reglamento, solo dichos miembros podían emitir su voto.

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De esta forma, la institución respondió a las críticas de Távara, quien cuestionó que la resolución haya sido suscrita solo por seis miembros y calificó como “forzada y discutible” la interpretación que considera “hábiles” únicamente a los presentes en la audiencia.

Finalmente, la JNJ exhortó a Francisco Távara a opinar con responsabilidad, evitando expresiones que generen desinformación o afecten la institucionalidad.

“La crítica es legítima en un Estado democrático, pero debe fundarse en la verdad, el debido proceso y los canales institucionales”, concluyó el pronunciamiento.