El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, cuyo hermano -Vladimir Cerrón- está prófugo de la justicia, presentó un nuevo proyecto para debilitar al sistema de justicia. Esta vez propone obligar a los jueces, fiscales, magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y la Policía Nacional del Perú (PNP) a informar a los parlamentarios sobre procesos en curso.
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El congresista perulibrista, quien está investigado por presunta organización criminal junto con su hermano Vladimir Cerrón, presentó la iniciativa el viernes 13 de septiembre, cuando las miradas estaban puestas en los funerales del expresidente Alberto Fujimori. También suscriben la iniciativa los congresistas Flavio Cruz, María Agüero, Kelly Portalatino, Isaac Mita y Américo Gonza.
Plantea modificar el artículo 96 de la Constitución para que los congresistas puedan solicitar informes sobre los “procesos judiciales” en cualquier instancia hasta la Corte Suprema y el TC, así como sobre las “actuaciones” de la fiscalía y hasta de las “investigaciones reservadas” en la PNP. Incluso, señala que “la omisión o renuencia en otorgar la información solicitada, es sancionable como falta muy grave”.
Este Diario buscó sin éxito contactarse con Cerrón. Tampoco respondió hasta el cierre de este informe el parlamentario Flavio Cruz, portavoz de la bancada del lápiz.
La propuesta ha sido cuestionada por el expresidente del TC, Óscar Urviola; el ex viceministro de Justicia, Gilmar Andía, y el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, quienes, en diálogo con El Comercio, la calificaron de peligrosa e inconstitucional. Además, advirtieron que representa una amenaza al sistema de justicia.
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Urviola exhortó a la representación nacional a no darle luz verde a este proyecto pues, en su lectura, “representa un peligro para la independencia de los órganos encargados de administrar justicia” y atenta contra el principio de separación de poderes.
“Representa un peligro para la independencia de los órganos encargados de administrar justicia”.
Óscar Urviola, expresidente del TC.
A su criterio, esta iniciativa “va en la línea de una ideología totalitaria”, que “busca copar el poder en todas sus formas y niveles”.
El ex magistrado del TC subrayó que la propuesta significaría que los parlamentarios tendrían acceso en una serie de procesos reservados y que este es el fondo del asunto.
Agregó que, al elaborar el proyecto, Cerrón se “olvidó” del artículo 139, numeral 2, de la Carta Magna, “que consagra la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y que establece que la investigación del Congreso no puede interferir en procedimiento judicial alguno”. Por tanto, para Urviola, la propuesta también es antitécnica y está incompleta por lo que no debería ni siquiera prosperar en la Comisión de Constitución.
El expresidente del TC consideró que el Poder Judicial “no va a aceptar esta intromisión”.
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Por su parte, el ex viceministro Andía señaló que esta propuesta es parte de una agenda que busca debilitar a los organismos que integran el sistema de justicia y otorgarle al Congreso un poder absoluto.
“Lo que buscan es poder tener acceso de manera ilimitada a los procesos judiciales y eso va en contra de las propias garantías constitucionales de los procesos penales y judiciales. La reserva establece que solo las partes pueden tener acceso a esta información”.
Gilmar Andía, exviceministro de Justicia.
Alertó que, si este proyecto prospera, los parlamentarios van a tener acceso a cualquier tipo de información de procesos reservados, incluyendo los acuerdos de colaboración eficaz.
Bajo su óptica, esta iniciativa “va en contra de la ley de transparencia y acceso a la información pública”, que incluso tiene limitaciones. “La ley te dice cuál es la información que se considera confidencial, reservada y clasificada”, acotó.
Recordó que, en casos particulares, las comisiones investigadoras del Congreso, cuando la situación lo amerita, puede requerir informes. Sin embargo, con lo que plantea Cerrón, cualquier parlamentario “va a poder llegar a cualquier instancia”.
El abogado también criticó que proponga establecer como falta muy grave no brindar la información.
“¿Cuál sería el sentido de poder acceder a la información de procesos judiciales?”, cuestionó. Andía dijo que si se da luz verde a esta iniciativa, los parlamentarios podrían incluso pedir información tanto de sus enemigos políticos como de sus aliados.
“Van a poder saber cómo golpear [a sus opositores] esto es de lo más peligroso”, declaró. Finalmente, opinó que el Poder Ejecutivo debería cuestionar con mayor contundencia este tipo de iniciativas.
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A su turno, el ex procurador Luis Vargas Valdivia aseguró que este proyecto se suma a las otras iniciativas que buscan “controlar al Poder Judicial y el Ministerio Público”.
“Lo que están buscando es estar al tanto de lo que sucede con los procesos judiciales. O sea, estar ellos en mejor posición que el resto de los ciudadanos frente a las investigaciones y procedimientos judiciales en los que ellos o sus compinches están inmiscuidos”.
Luis Vargas Valdivia, exprocurador anticorrupción.
El exprocurador remarcó que la separación de poderes “es un principio constitucional”, “reconocido por la Carta Magna y por organismos internacionales”. “¿Creen que modificando la Constitución esta norma ya es constitucional y ya están solucionando ese problema?”, ironizó.
“¿Cuál sería el objetivo de que un congresista pida un informe documentado al Poder Judicial y al Ministerio Público? ¿O sea quieren copia de todo lo que están investigando? ¿Y la reserva de la investigación?”, se preguntó.
Vargas Valdivia recordó que la reserva de investigación “es un derecho fundamental” y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo “han reconocido” esto como un derecho.
El abogado advirtió que, si la propuesta llega a convertirse en ley, cualquier congresista podrá pedir informes al Poder Judicial y el Ministerio Público “sin ningún límite”.
“Podrán revisar cualquier expediente, cualquier investigación [...] cualquier proceso de colaboración eficaz [...] Elllos podrían pedir, por ejemplo al Ministerio de Interior o cualquier dependencia de la policía sus planes operativos o informes respecto de un operativo”, dijo.
A su juicio, esto sería gravísimo pues la reserva, en el caso de los operativos policiales, garantiza la eficiencia y eficacia.
Indicó que incluso podrían solicitar tener acceso a historias clínicas. “Esto es peligroso e inconstitucional”, puntualizó.
Además…
Salhuana se mostró en contra
El titular del Parlamento, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), opinó que se trata de “un tema delicado” y que, actualmente la legislación señala que los procesos “son reservados” y “solamente tienen acceso las partes y no terceras personas”. “Yo creo que eso es lo correcto y así debe continuar”, indicó.
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¿Qué propone Cerrón?
En su proyecto de 15 páginas, Cerrón propone que se modifiquen los artículos 96 y 154 de la Constitución bajo el argumento de “fortalecer, garantizar el sistema de justicia y fortalecer la función legislativa”.
El primero precisa las competencias de los legisladores. Actualmente, referido artículo establece que cualquier parlamentario puede pedir informes a los ministros de Estado, el Jurado Nacional de Elecciones, al contralor general, al Banco Central de Reserva, así como a la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) y la Administradoras de Fondos de Pensiones. También puede hacer la solicitud a los gobiernos regionales y locales.
Lo que plantea Cerrón es que este artículo también alcance a los procesos judiciales que se desarrollen en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Y que, además, se extienda a las investigaciones del Ministerio Público y las investigaciones reservadas de la Policía Nacional del Perú. Incluso menciona que se pueda realizar solicitudes de esta naturaleza a cualquier entidad pública y privada.
De acuerdo con el proyecto de Cerrón, “la omisión o renuencia en otorgar la información solicitada, es sancionable como falta muy grave”.
| Artículo 96 |
|---|
| Actualmente | Propuesta |
|---|---|
| “Artículo 96. Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley.” | “Artículo 96. Cualquier senador o diputado puede pedir informes documentados a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al contralor general, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los gobiernos regionales, gobiernos locales o, a cualquier entidad pública o privada, incluido de los procesos judiciales que se desarrollan en cualquiera de las instancias procesales hasta la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional; en similar acto las actuaciones del Ministerio Público y de las investigaciones reservadas en la Policía Nacional del Perú. Las informaciones que afectan la intimidad personal o las protegidas por ley, deben ser gestionadas con la reserva que demanda la ley; a menos que afectan el interés público. La omisión o renuencia en otorgar la información solicitada, es sancionable como falta muy grave. El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el reglamento de cada cámara. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley.” |
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Para complementar esta propuesta, el perulibrista también busca que se hagan cambios en artículos del Reglamento del Congreso para que estos pedidos de información sean atendidos en un plazo no mayor a diez días hábiles.
Asimismo, plantea que, en casos excepcionales, los congresistas puedan intervenir en favor de terceros en causas pendientes de resolución ante el Poder Judicial.
En tanto, sobre el artículo 154 propone que la Junta Nacional de Justicia ratifique a jueces y fiscales previo examen cada tres años y que los magistrados sean evaluados cada año y medio. Actualmente, las evaluaciones se desarrollan cada 3 años y medio y las ratificaciones son cada 7.
Al tratarse de una iniciativa que propone cambios en la Carta Magna y el Reglamento del Congreso, debe ser evaluada por la Comisión de Constitución, que preside el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).
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Antecedente
No es la primera vez. Desde que su hermano pasó a la clandestinidad, en octubre del 2023, Cerrón ha impulsado 13 proyectos que buscan debilitar el sistema de justicia.
La más reciente propone la creación de una comisión parlamentaria que se dedique a examinar el trabajo de jueces y fiscales. Esta generó el rechazo del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, congresistas y especialistas, que la calificaron de inconstitucional y antidemocrática.
Cerrón inició su agenda contra el sistema de justicia el 20 de octubre del año pasado, dos semanas después de que la condena de su hermano Vladimir por caso ‘Aeródromo Wanka’ fuera ratificada en segunda instancia.
En esa fecha, el congresista de Perú Libre presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea regular el proceso de nombramiento de jueces y fiscales. El dictamen de esta propuesta obtuvo la luz verde de la Comisión de Constitución en junio último y deberá ser debatida y votada por el pleno del Parlamento.
Un mes después, el congresista de Perú Libre impulsó la propuesta que busca facultar a la policía para dirigir la investigación preliminar de los delitos. Esta iniciativa- que ha sido ampliamente cuestionada- acaba de ser aprobada en primera votación por el pleno del Parlamento.
En lo que va del 2024, el hermano del prófugo líder perulibrista ha promovido al menos once proyectos de ley de esta naturaleza.
Las iniciativas han sido derivadas en su mayoría, a la Comisión de Justicia, que preside Perú Libre desde el 2022.
Cerrón promovió con menos frecuencia normas contra el sistema de justicia cuando su hermano gozaba de libertad. Dos de las tres propuestas que presentó antes de la sentencia de su familiar prosperaron en el Congreso y se convirtieron en norma.
Estas son la ley que cambia la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado y la que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal. La primera fue promulgada a inicios de agosto y la otra en junio.
