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“Intervenir el Ministerio Público sería hacerle un favor a Toledo e Hinostroza”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, afirmó que la renuncia de Pedro Chávarry cierra un capítulo y abre una “agenda urgente” de reforma del Ministerio Público

Walter Gutiérrez

Walter Gutiérrez recordó que desde la defensoría se ha exhortado al Congreso "para que de una buena vez resuelva las acusaciones que tiene pendiente el señor Chávarry". (Foto: El Comercio)

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que existe “una preocupación legítima” de parte del Ejecutivo por la crisis que atraviesa el Ministerio Público, pero afirmó que ello “no lo habilita” para promover su declaratoria de emergencia. Agregó que se debe ampliar las facultades de la Junta de Fiscales Supremos.

— Fuerza Popular no se presentó a la Junta de Portavoces, donde uno de los temas a tratar era el pedido para priorizar el trámite de las denuncias contra el fiscal de la Nación. ¿Cómo interpreta esta actitud? ¿El fujimorismo está protegiendo a Pedro Chávarry?
Nosotros hemos exhortado al Congreso, precisamente, para que de una buena vez resuelva las acusaciones que tiene pendiente el señor Chávarry, el fiscal de la Nación. De manera que en línea con eso me parece que el Congreso debe actuar. Tengo la impresión de que esto, porque he estado en el Parlamento el día de hoy [ayer], va a tener una solución en ese sentido con prontitud.

— La crisis en el Ministerio Público llegó a su punto más alto la semana pasada. ¿No ha sido un error del Congreso encarpetar las denuncias contra Chávarry durante los últimos cuatro meses?
La Defensoría del Pueblo se acaba de pronunciar respecto a este caso y lo ha hecho por una sola razón: porque consideramos que lo que sucedió el 31 de diciembre [retirar a los fiscales Vela y Pérez del equipo especial], a unas horas del Año Nuevo, fue particularmente grave. Consideramos que transgredió los parámetros constitucionales […] Esto ya tiene que resolverse de manera inexorable.

— ¿La renuncia de Pedro Chávarry le pone punto final a la crisis del Ministerio Público?
No, de ninguna manera. Eso cierra un capítulo y abre una agenda urgente. La Ley Orgánica del Ministerio Público es de 1981, es decir, anterior a la Constitución de 1993 y anterior a todo el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre determinadas garantías, es una ley que está diseñada pensando en una institución jerarquizada. Entonces, esa ley tiene que modificarse.

— Usted ha propuesto que se le dé la facultad a la Junta de Fiscales Supremos para suspender al fiscal de la Nación, pero en este momento Chávarry tiene mayoría en ese órgano…
Sí, pero nuestra propuesta tiene tres partes: ampliar la junta con los fiscales supremos adjuntos, que cumpliendo determinados requisitos podrán integrarse, y al final puede haber nueve, diez u once. Lo segundo es ampliar las competencias de la junta, y lo último, regular las responsabilidades, atribuciones y competencias del propio fiscal de la Nación. No es admisible que el fiscal de la Nación pueda retirar a un fiscal de un caso porque se le ocurre, tiene que hacerlo tras una debida motivación.

— ¿Cuáles serán los requisitos para los nuevos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos?
Bueno, son varios. Por ejemplo, no tener ningún proceso por conducta disciplinaria o pendiente, tener más de diez años como fiscal y no tener conflictos de intereses. Todos estos son requisitos que se pueden plasmar rápidamente en la norma.

— Ante la dimisión del fiscal de la Nación, ¿sigue siendo necesario declarar en emergencia el Ministerio Público?
Ahí hay un error en el proyecto que se ha presentado. El Ministerio Público no puede ser declarado en emergencia en los términos que plantea el Ejecutivo. ¿Por qué no puede ser declarado en emergencia? Porque es un órgano constitucional autónomo. El único que puede hacer eso es la Junta Nacional de Justicia o la propia Junta de Fiscales Supremos, pero de la manera que se pretende hacer, bajo una ley, sería un grave error. El Ministerio Público forma parte del sistema de justicia, que es un poder del Estado y otro poder no lo puede intervenir. [Intervenir el Ministerio Público] sería hacerle un favor a [Alejandro] Toledo o [César] Hinostroza, porque ellos puede decir que “hemos venido a Estados Unidos y España, porque no hay garantías y la prueba de ello es lo que acaba de suceder en la fiscalía”. Este tipo de cosas no se pueden hacer. El apresuramiento [del Ejecutivo] lleva justamente a no leer correctamente la Constitución.

— ¿El presidente Martín Vizcarra está cruzando la línea de la constitucionalidad con este proyecto?
Lo que yo creo es que el presidente, el Ejecutivo en general, tiene una preocupación legítima, la defensoría también, por lo que está pasando en el Ministerio Público, pero eso no lo hablita a hacer lo que ha planteado. Sin embargo, no creo que haya lo que yo llamaría “dolo de infracción constitucional”. Creo que hay demasiado voluntarismo.

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