Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La corrupción rara vez irrumpe como un escándalo súbito. Se instala de manera gradual. Avanza cuando la oscuridad se vuelve costumbre, cuando las zonas grises dejan de incomodar y cuando mirar al costado resulta más fácil que confrontar. Es un proceso lento, casi imperceptible, que va debilitando la institucionalidad sin hacer ruido.
Algo parecido ocurre con la transparencia. La hemos convertido en una consigna atractiva para discursos, informes y planes estratégicos, pero cada vez más desconectada de prácticas reales. En la vida cotidiana sigue operando como una excepción. Y, sin embargo, no es un adorno retórico: sostiene la confianza pública, la democracia y el desarrollo económico. Cuando ese pilar se debilita, todo lo demás empieza a resquebrajarse.
Ese quiebre ya tiene un costo concreto. Según la Contraloría General de la República, en 2023 el perjuicio económico superó los S/24 mil millones, cerca del 13% del presupuesto público ejecutado. A su vez, la OCDE estima que este impacto equivale aproximadamente al 2,4% del PBI anual.
Estas cifras importan, pero no explican por sí solas el verdadero daño. Más que un problema contable, la corrupción erosiona la legitimidad del Estado, debilita la democracia y vuelve habitual la desconfianza, dejando una ciudadanía más escéptica y una sociedad más frágil. Tenemos ejemplos de sobra en la región. Ese deterioro también tiene una dimensión menos visible pero igual de decisiva: incrementa el costo de hacer negocios en el país. Cuando las reglas no son claras o su aplicación es incierta, el riesgo reputacional, legal y financiero se traslada a la inversión, encareciendo proyectos y reduciendo previsibilidad.
Un país que normaliza la oscuridad termina pagando un precio más alto que cualquier escándalo coyuntural. Por eso, fomentar prácticas claras ya no puede tratarse como una responsabilidad exclusiva del Estado. Es una tarea compartida entre ciudadanos, empresas y quienes ejercen liderazgo.
A partir de ese punto, la pregunta deja de ser abstracta: ¿Cómo se enfrenta algo que atraviesa al país entero desde la vida cotidiana?
La respuesta no puede ser teórica. Si de verdad queremos cambiar esa lógica, exige abandonar la comodidad del diagnóstico. De ahí nace una convicción simple para mí: la transparencia no es un atributo estético; es una herramienta de transformación.
Ese principio se vuelve decisivo cuando se ejerce liderazgo. Los líderes no solo administran recursos; administran cultura. Sus decisiones diarias definen lo que una organización considera aceptable, tolerable o inaceptable. Desde esa perspectiva, resulta inevitable la incoherencia cuando se exige probidad al Estado mientras se toleran zonas grises en la vida privada.
Recuerdo una frase del expresidente Sebastián Piñera, escuchada en CADE 2016, en Paracas: “La mejor arma contra la corrupción es la transparencia en todo lo que haces”. No sonaba a consigna, sino a advertencia práctica. Una regla incómoda que obliga a revisar conductas propias antes de exigir rectificaciones ajenas. Algo similar ocurre con el refrán que repetimos casi sin pensar: “Cuentas claras, amistades duraderas”. Ambos apuntan al mismo núcleo incómodo: la coherencia cotidiana, no la que se proclama cuando conviene, sino la que se sostiene cuando resulta costosa.
La historia reciente del país deja una lección clara. Cada vez que la claridad se convierte en consigna y no en práctica, la factura llega. Y llega en forma de proyectos paralizados, instituciones desprestigiadas, autoridades/líderes cuestionadas y reglas que solo se cumplen para algunos. No es casual que, según estudios recientes de percepción, una mayoría significativa de ciudadanos considere que más transparencia podría incluso desincentivar inversiones o retrasar proyectos. Esa tensión revela algo importante: la discusión no es entre transparencia o crecimiento, sino entre opacidad inmediata y sostenibilidad de largo plazo.
Basta observar sectores críticos. En infraestructura, las concesiones viciadas y las obras detenidas revelan un patrón donde la oscuridad termina siendo más rentable que la integridad. En pesca, la ilegalidad ha operado a la vista de todos con medidas cautelares de dudosa idoneidad. En minería, la postergación del REINFO ha creado un limbo que facilita la expansión de actividades ilegales con impactos sociales, ambientales y fiscales que el Estado no ha sabido contener.
Lo que une estos casos no es solo la irregularidad. Responden a una misma lógica de fondo: reglas difusas, controles débiles y una tolerancia social que se activa cada vez que el problema parece ajeno. La evidencia reciente confirma que esa desconfianza ya forma parte del clima público. Según el estudio “FDI Perceptions in Peru” (diciembre, 2025), difundido en el marco de la iniciativa Saber Para Crecer, más del 80% de los peruanos considera que las empresas extranjeras recurren con frecuencia a prácticas poco éticas para asegurar contratos, y cerca del 65% cree que una mayor transparencia en contratos y pagos ayudaría a prevenir la corrupción. La ciudadanía no parte de la ingenuidad: parte del escepticismo.
Después de mirar estas cifras y patrones, seguir hablando del “sistema” como si fuera una abstracción distante ya no resulta honesto. La discusión real empieza cuando dejamos de refugiarnos en el diagnóstico.
Para mí, la transparencia dejó de ser un ideal abstracto. Es un umbral ético: un estándar que define hasta dónde estoy dispuesto a ceder y hasta dónde no. Ese umbral no se negocia según la conveniencia del momento ni según quién tenga poder del otro lado de la mesa.
Exigirlo a quienes gobiernan o dirigen organizaciones es necesario, pero insuficiente si no estamos dispuestos a practicarlo cuando nadie nos aplaude por hacerlo. Porque, al final, lo que sostiene la oscuridad no son solo malas leyes o líderes, sino la suma de pequeñas renuncias éticas que una sociedad aprende a normalizar.
Ahí es donde cada uno tiene que tomar posición. Desde la coherencia. Porque, en última instancia, la transparencia no solo protege principios éticos: protege la estabilidad institucional, fortalece la confianza pública y reduce la incertidumbre que encarece decisiones económicas y debilita el desarrollo.
Por eso, fomentar la participación ciudadana informada es fundamental para asegurar que la inversión contribuya al desarrollo sostenible.
Por Juan Antonio Rozas Mory, experto aliado de Saber Para Crecer
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