El pasado martes 17 de enero, la activista sueca Greta Thunberg fue detenida junto a otros activistas medioambientales durante una protesta contra el desalojo y demolición del pueblo de Lutzerath, ubicado al oeste de Alemania, para expandir una mina de carbón a cielo abierto.
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Los manifestantes, que se encontraban en la mina de lignito Garzweiler 2, denunciaron que los efectivos los “reprimieron duramente” y los trasladaron a unos 50 metros del lugar, donde se quedaron por varias horas hasta que lograran identificar a todos.
“Vamos a usar la fuerza para llevarlos al control de identidad, así que cooperen”, dijo un policía a los manifestantes, entre ellos Thunberg. Luego agregaron que el grupo estaba siendo detenido porque “permanecer en ese lugar era peligroso”.
La protesta que inició el pasado viernes reunió a más de 15 mil personas para evitar el desalojo de Lutzerath con el objetivo de extraer lignito, acto promovido por la empresa alemana RWE. La marcha comenzó en el pueblo vecino de Keyenberg y continuó hasta la mina de Garzweiler 2.
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“Es una vergüenza que el gobierno alemán llegue a acuerdos y compromisos con empresas como RWE”, declaró Thunberg en su discurso. Se sabe que la organización ha sido demandada más de una vez por el impacto climático que tienen sus actividades. Incluso fue demandada una vez por un agricultor peruano quien alega que la empresa es responsable de la aceleración del derretimiento de los glaciares.
La joven activista compartió en sus redes sociales que esta no es una lucha reciente, puesto que los habitantes de Lutzerath “han estado resistiendo durante años la expansión de la mina”. Además, recalcó que esta protesta representa la batalla que se viene dando contra el cambio climático en todo el mundo.
Luego del desalojo de las casas y granjas de Lutzerath, los efectivos acordonaron el pueblo. Al respecto, los movimientos ecologistas aseguraron que la policía actuó de manera “desproporcionada”, lanzando agua y gas pimienta, e incluso propinaron algunos golpes en la cabeza contra los activistas.
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Por su parte, el gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz, quien en octubre pasado autorizó la demolición del pueblo, aseguró que la protesta “no fue pacífica” y “obstaculizó la labor de los equipos sanitarios”, según recoge Página/12.
Si bien el Gobierno alemán manifestó que busca abandonar la extracción del carbón en Renania del Norte-Westfalia para 2030, según el acuerdo firmado con la compañía, a corto plazo está previsto incrementar esta actividad ante la “crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania”.
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