La Asamblea dio amnistía a 268 líderes ambientales y sociales pero la criminalización persiste en Ecuador

El pasado 10 de marzo la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la amnistía para 268 líderes ambientales, sociales, indígenas y de derechos humanos. En el listado aparecen 153 personas defensoras del territorio, 12 vinculadas a temas de administración de justicia indígena, 43 defensores de la naturaleza y 60 personas judicializadas durante la protesta social de octubre de 2019.

Estos indultos por parte del legislativo fueron el resultado de un largo proceso liderado por varias organizaciones sociales y de derechos humanos desde el año pasado. La lectura del informe final, preparado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, empezó en la noche del 9 de marzo, seguido por el debate del informe y la votación final que se dio hacia las 4 de la mañana del día siguiente. Finalmente, las amnistías se aprobaron por mayoría: hubo 99 votos a favor, 16 en contra y 10 abstenciones.

Los líderes y las organizaciones sociales celebraron la decisión mientras que el Ejecutivo, en cabeza del presidente Guillermo Lasso y su entonces ministra de Gobierno Alexandra Vela, presentaron el 29 de marzo una demanda de inconstitucionalidad en contra de la decisión pues consideran que benefició a personas que son procesadas por delitos comunes, los cuales no se pueden incluir en este tipo de procesos que se reservan solo para delitos políticos o para indultos por cuestiones humanitarias.

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Un largo proceso que ha traído oposición

El 15 de junio de 2021 fue un día clave para lo que sucedió con las amnistías otorgadas meses después. En esa fecha, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador publicó un gran informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, donde identificaron 449 personas defensoras en riesgo, amenazadas o que habían sufrido violaciones a sus derechos. Vivian Idrovo, abogada y coordinadora de la Alianza, asegura que después de eso se empezaron a hacer reuniones lideradas por Acción Ecológica para juntar más casos y solicitar las amnistías en la Asamblea. Finalmente, hicieron la solicitud el 21 de septiembre de 2021 y sus requerimientos se juntaron con los de otras organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

“Es muy grave que durante este trámite de amnistías falleció una de las personas para la que pedíamos este beneficio. Me refiero al defensor de Molleturo [parroquia rural de la ciudad de Cuenca] Víctor Guaillas, quien fue criminalizado por hechos ocurridos en el paro nacional de octubre de 2019 y que estaba privado de su libertad”, comenta Idrovo.

La abogada también asegura que la criminalización, como se ha revelado en informes de organizaciones internacionales como Global Witness y Front Line Defenders, es una forma de entorpecer la labor de defensa de derechos promovida por los líderes. “Se ejerce abusivamente del derecho penal en contra de personas que no tienen recursos para defenderse, que por lo general están en una situación de discriminación. Ellos tienen que destinar recursos a estos procesos y eso les produce angustia, tienen al Estado y, en muchos casos, a empresas muy poderosas en contra de ellos”, le dice Idrovo a Mongabay Latam y añade que al criminalizar personas defensoras se envía un mensaje de amedrentamiento a las comunidades y pocos querrán asumir nuevos roles de liderazgo.

Es por eso que, para las organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, las amnistías son una reivindicación a la labor de defensa de los territorios. Tarsicio Granizo, director de WWF Ecuador y exministro de Ambiente, asegura que “las amnistías son una forma de reconocer que estas personas no son delincuentes, que la protesta está garantizada en la Constitución. Muchas de las protestas fueron necesarias para llamar la atención del gobierno”.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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