“Niños que deberían jugar ahora van a clases con escolta”: los colegios del Cono Este y su guerra silenciosa contra la extorsión

Lo que debería ser el espacio más seguro para aprender se ha transformado en un escenario de miedo. Desde el 2024, colegios privados del Cono Este de Lima han recibido amenazas sistemáticas: mensajes intimidantes, explosivos, seguimiento a familiares y pedidos de grandes sumas de dinero. Mientras tanto, miles de estudiantes aprenden a convivir con el temor. El Estado aún no ofrece una respuesta articulada ni eficaz contra la extorsión.

De acuerdo con datos proporcionados por la Asociación de Colegios Privados del Perú (Anacopri), más de 500 colegios particulares han sido víctimas de extorsión en Lima Metropolitana en los últimos 18 meses. En distritos como Ate, Comas, El Agustino y San Juan de Lurigancho, las bandas criminales exigen pagos iniciales de S/60,000 y luego cuotas mensuales de hasta S/10,000 o S/200,000.

Según reportes de medios nacionales, al menos 170 instituciones educativas han cerrado total o parcialmente desde el 2024 debido al clima de inseguridad. Las pérdidas económicas superan los S/1,000 millones, entre costos operativos, alquileres y pensiones escolares truncas.

Las amenazas llegan por mensajes de texto, llamadas anónimas o redes sociales. “Como no aceptamos dialogar —ceder al pago de cupos, para ser más claros— nos pusieron el primer artefacto explosivo”, contó el director de un colegio a este Diario hace unos meses.

Juan Carlos Sotil Toledo, general en retiro de la Policía Nacional del Perú, explicó a este grupo de corresponsales que “el sector educativo (los colegios particulares) se ha convertido en objetivo de las organizaciones criminales porque representa un rubro rentable y con flujo constante de dinero.” Pero también denunció graves falencias estructurales: “La Policía Nacional carece de protocolos y metodologías para investigar extorsión digital. WhatsApp dificulta la geolocalización, y las empresas de telecomunicaciones no colaboran. La falta de coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial agrava todo.”

El criminólogo Frank Casas, especialista en crimen organizado, coincide y agrega: “Para estas mafias, los colegios son un mercado. Tienen estructuras jerarquizadas: unos amenazan, otros cobran, otros vigilan. Incluso menores son usados como emisarios o vigías.”

Casas también advirtió que “estamos normalizando el miedo. Niños que deberían jugar y aprender, ahora son llevados a clases con escolta. Y como el Estado no responde, muchos directores pagan. Luego, se convierten en clientes fijos.”

El Ministerio del Interior anunció el despliegue de 3,200 efectivos como parte del Plan Escolar 2025, mientras que el Ministerio de Educación promueve brigadas de autoprotección y charlas en colegios afectados. Sin embargo, según Anacopri y ambos especialistas, no existe una unidad policial especializada ni una estrategia nacional articulada. Tampoco hay un canal de denuncias con personal capacitado.

“Si las víctimas no confían en que serán protegidas, no denunciarán. El sistema improvisa. Necesitamos operadores entrenados, inteligencia real, y prevención antes de que exploten más casos”, concluye Casas.

La extorsión escolar ya no es una amenaza aislada: es un fenómeno estructural, creciente y dolorosamente real. Está quitando a los escolares el derecho a la tranquilidad, al aprendizaje y a una infancia sin miedo.

Como corresponsales escolares, creemos que esta crisis necesita ser enfrentada con acciones reales:

• Unidades especializadas en extorsión educativa
• Coordinación efectiva entre Policía, Fiscalía y Judicatura
• Atención psicológica para docentes, alumnos y familias

La violencia no puede seguir dictando las reglas en nuestras aulas.