Cuando la violencia no llega al papel: pobreza, ruralidad y el silencioso mapa de las denuncias en el Perú

ECData analizó los registros del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) junto a indicadores demográficos, como pobreza y ruralidad, para mostrar cómo las condiciones socioeconómicas juegan un papel crucial en cómo y dónde se registran los casos. Esto nos lleva a un fenómeno de casos que no se registran, lo que oculta la verdadera dimensión de la violencia.

Un primer vistazo a los registros de 2024 muestra una distribución desigual de las denuncias a nivel regional. Las tasas más altas de denuncias, medidas por cada 10,000 habitantes, se concentran en regiones sureñas, como Moquegua (112), Arequipa (109) y Apurímac (104). En contraste, regiones como Huancavelica (41), Loreto (41) y Ucayali (41) presentan las tasas más bajas.

Si bien esto pareciera sugerir que la violencia es menos frecuente en estas regiones, un análisis más detallado a nivel distrital revela una imagen distinta. El mapa distrital muestra que al menos 315 distritos no tienen registro de denuncias para el año 2024. Esto, sin embargo, no se debe necesariamente a un menor grado de violencia, sino posiblemente a la dificultad para realizar una denuncia o al registro de la misma en el sistema digital.

Al respecto, ECData conversó con Brenda Álvarez, directora ejecutiva de Proyecta Igualdad, quién subrayó que el indicador de denuncias no debe confundirse con la incidencia real de la violencia.

“Si, por ejemplo, desaparecieran todas las comisarías de la selva, probablemente bajarían las denuncias por violencia contra la mujer en ese ámbito, pero la violencia seguiría sin erradicarse. Es por ello que es importante mantener presente la distancia que existe entre la cantidad de denuncias y los actos de violencia de género”, sostuvo Álvarez.

Para esbozar una hipótesis que explique por qué no se denuncian los casos de violencia en ciertas regiones, se realizó un cruce de datos. El análisis comparó las tasas de denuncia con la pobreza monetaria y el porcentaje de población rural de cada región. El resultado es una correlación inversa clara: las regiones con un mayor porcentaje de población en situación de pobreza y mayor ruralidad tienden a tener las tasas de denuncia más bajas.

Este hallazgo sugiere que factores como la distancia a las comisarías, la falta de acceso a servicios legales, y la estigmatización social en comunidades con un fuerte componente rural y alto nivel de pobreza actúan como barreras que hacen que las denuncias no se registren.

En consonancia con los hallazgos, Álvarez sostiene que las mujeres que enfrentan condiciones de pobreza monetaria y ruralidad son muy vulnerables a no poder identificar ni escapar al ciclo de la violencia.

“Las mujeres en zonas rurales enfrentan obstáculos significativos para acceder a la justicia. Una mujer pobre, en un entorno rural, probablemente tiene muchos menos recursos no solo para denunciar, sino también para poder identificar la violencia que sufre” acota la especialista.

Un nuevo mapa elaborado con información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) muestra la distribución de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en el país. Según este, solo el 14% de los distritos en el Perú cuenta con un CEM en el 2025. Según Geomimp, plataforma oficial, el número de CEM ha tenido un ligero aumento en los últimos años, pasando de 403 en 2021 a 406 en 2023. Desde entonces, se ha mantenido constante.

Los distritos que no tienen servicios de atención y consejería, como los CEM, tienen un mayor riesgo de que los actos de violencia no sean atendidos propiamente.

Asimismo, la mayoría de estos CEM se ubican en las capitales de las regiones y provincias, es decir, en zonas con un diferencial urbano. En ese sentido, este mapa demuestra la brecha de acceso a la justicia que existe en vastas zonas del país.

A nivel nacional, entre 2018 y 2024, la cantidad de denuncias ha mostrado fluctuaciones, pero sin un aumento significativo en el número total de casos. No obstante, al desagregar la data por región, se observa que el aumento de las denuncias, en la mayoría de casos, ha mantenido una tendencia constante.

Las regiones que presentaron mayores aumentos porcentuales en denuncias fueron Huancavelica (76.3%), San Martín (62.7%) y Puno (49.6%). Por otro lado, las regiones que registraron una mayor reducción en las denuncias por violencia contra la mujer fueron Tumbes (-36.4%), Tacna (-22.3%) y Pasco (-19.6%).

Álvarez destaca que la respuesta del Estado se ha focalizado en la atención y la sanción, con marcos normativos y servicios de emergencia. Sin embargo, no se han priorizado las acciones de prevención.

“Si bien la atención y aumentar el alcance de los CEM tiene un rol importante para resolver el problema, las acciones no obedecen a evitar que las mujeres experimentemos violencia de género. Se deben seguir fortaleciendo los servicios de atención a la violencia, pero sin descuidar la materia de prevención” indicó la directora de Proyecta Igualdad.

Ante la pregunta de por qué tantos distritos no tienen registro de denuncias, el especialista en gestión pública Ernesto Valdés señaló que las hipótesis podrían ir por dos caminos.

“Por un lado, la falta de conectividad y una limitada banda ancha en zonas rurales podría estar impidiendo que los datos del sistema digital SIDPOL lleguen correctamente, dado que todavía existe la costumbre y necesidad de registrar los sucesos en papel en muchos lugares del país. Por otro lado, aunque menos probable, existe la posibilidad de que en estos distritos la violencia se haya normalizado, lo que llevaría a las mujeres evitar denunciar estas conductas”, comenta.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP), entidad que gestiona el SIDPOL, respondió por correo electrónico que la sistematización y difusión de dicha información es realizada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en coordinación con otras entidades. La PNP sugirió que las observaciones sobre los distritos sin registro de denuncias debían ser dirigidas al MIMP para que se verifique o complemente la información.

Al respecto, Patricia Garrido, directora del programa Warmi Ñan, del MIMP, señaló a El Comercio que el MIMP no trabaja con los datos de denuncias (SIDPOL), sino “con información que se genera a partir de los casos atendidos por los servicios que brindamos, como por ejemplo los CEM”.

Según explicó la vocera, “si bien se viene trabajando para generar una interoperabilidad entre ambas bases de datos, esto aún no se ha logrado y es un trabajo en proceso”.