AFP: Un nuevo retiro implicaría salida de hasta S/ 25 mil millones adicionales

La Comisión de Economía del Congreso recibió a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación de AFP para exponer sobre las iniciativas legislativas de retiro de fondos de AFP así como la propuesta de una reforma integral del sistema previsional en el Perú.

Así, desde el MEF y la SBS resaltaron que un séptimo retiro del fondo de AFP implicaría una salida de entre S/ 22 mil millones y S/ 25 mil millones adicionales a los casi S/ 90 mil millones que ya se habrían salido con los seis retiros previos.

Cabe recordar que al inicio de la pandemia las AFP administraban alrededor de S/ 180 mil millones de los recursos de largo plazo y hoy cuentan con casi S/ 100 mil millones.

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“Un séptimo retiro como los que se están proponiendo podrían llevar incluso a debilitar aún más los fondos de pensiones y llevarlos a una tercera parte, lo cual complica mucho la situación de los afiliados que quedan en el sistema”, señalaron desde el MEF.

Asimismo, anotaron que ya con el quinto retiro, el 77% de afiliados, aproximadamente 4 millones, tenían ahorros menores a 1 UIT, y 2,3 millones tenían saldos igual a cero, explicaron Zósimo Juan Pichihua, viceministro de Economía y Oscar Alberto Orcón Hinojosa director de Sistema Financiero y Mercado de Capitales.

Desde el BCR, Adrián Armas, gerente general de Estudios Económicos, señaló que los retiros tienen impactos negativos sobre el valor del fondo de pensiones, ya que en la venta de activos se está generando una mayor caída en los precios, perjudicando al afiliado que retira y al que se mantiene.

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Por otro lado, afirmó que se puede agravar el riesgo de pobreza en la vejez ya que para tener una pensión de S/ 500 se necesita un ahorro de S/ 110 mil, que debe ser ahorrado a lo largo de la vida laboral.

Armas agregó que existe un problema de baja cobertura y se espera que en el 2050 se duplique la población de vejez en el país. “Actualmente hay 2,9 millones de personas en edad de jubilación, en el 2050, no muy lejos, vamos a tener 7,2 millones de peruanos en esa situación”, mencionó.

Finalmente, observó que, en nuestra situación actual y con una inflación mayor al 8%, medidas como las que se plantean podrían, ahora sí, generar presiones inflacionarias.

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Sobre ello, Giovanna Prialé Reyes, presidenta de la Asociación de AFP anotó que inyectar de mayor liquidez al mercado local va a impactar o generar presión en los precios y las personas más afectadas por el incremento son los de ingresos más bajos.

Elio Sánchez Chávez, superintendente adjunto de AFP de la SBS, detalló que la protección de la vejez viene acompañada de salud y, en ese sentido, cuando uno recibe una pensión, si opta por ello, se le descuenta un 4% para que se atienda en Essalud.

Con ello, los retiros extraordinarios no solo han hecho que el ahorro sea menor, sino que el monto que se vaya a pagar a Essalud para reforzar la atención, parte de la atención social, vaya a ser de S/ 4 mil millones menos.

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Propuesta de reforma

La presidenta de la Asociación de AFP explicó que el Sistema Privado de Pensiones tiene tres variables fundamentales para determinar que la pensión sea más o menos baja: la edad en la que la persona se afilia, la regularidad con la que aporta y el monto que aporta.

Por ello, la propuesta presentada desde la asociación busca que todos los peruanos en el país tengan acceso a una pensión.

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que tenemos que cumplir con uno de los mandatos de la agenda sostenible de desarrollo para el 2030 (en el) que incluir a los trabajadores informales e independientes debe ser un requisito mandatorio para todos los países”, agregó Prialé.

Explicó además que el 75% de los trabajadores son informales, por lo que la propuesta de reforma, siguiendo con los lineamientos de la OIT, busca incorporar a los trabajadores independientes e informales y ser insumo de debate para el Legislativo y el Ejecutivo abordando la falta de cobertura, la suficiencia y la sostenibilidad.

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Aprobación por insistencia

A inicios de la sesión, se discutió el dictamen de insistencia en la autógrafa que propone la “Ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional”, que fue aprobada por unanimidad y rechazando cuatro de las seis observaciones que brindó el Ejecutivo.

La ley tiene por objeto establecer las normas que regulen el proceso de ejecución de las obras por administración directa, de tal manera que estas se realicen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo, haciendo uso probo, transparente, eficiente y eficaz de los recursos y bienes del Estado a nivel nacional, permitiendo cumplir con los objetivos institucionales de las entidades y con los fines públicos para los cuales está prevista la obra pública.

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La comisión rechazó la observación sobre el no haberse establecido parámetros de los actos que debe llevar a cabo cada funcionario, así como las responsabilidades por su incumplimiento y que no se han regulado las infracciones y el procedimiento sancionador pues, a su entender, están ya señalados en la autógrafa y las sanciones administrativas no requieren ser reguladas debido a que corresponder al régimen sancionador disciplinario al que esté sujeto la persona.

Rechazó también la observación sobre la recomendación de que solo se cuente con el informe técnico que contenga la disponibilidad presupuestal y el informe legal al artículo que señala la necesidad de contar con informe técnico y presupuestario.

Finalmente, rechazó la observación del Ejecutivo sobre el porcentaje establecido hasta el 2% para financiar el control concurrente que podría incrementar el costo del proyecto, dado que conllevaría a generar demandas adicionales de recursos de las entidades de gobierno.