(Foto: La manzana mordida)
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Redacción EC

La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó por unanimidad, este lunes 8 de mayo, la insistencia en la propuesta para ampliar las prohibiciones a las llamadas spam, la cual había sido observada por el Poder Ejecutivo el 2 de mayo.

Después de ser aprobada, la propuesta de insistencia pasará al Pleno para su debate y votación.

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Sobre las observaciones del Ejecutivo respecto a la falta de un test de proporcionalidad, el presidente del grupo de trabajo, Elías Varas de Perú Bicentenario, indicó durante su exposición que el ejercicio de las libertades económicas no son ilimitadas ni irrestrictas, dado que deben ser ejercidas en armonía con otros derechos constitucionales valiosos basados en la dignidad humana.

El propio ejercicio de las llamadas libertades económicas no se concibe como fin en sí mismo y ajeno al ideal del orden económico y social justo. Al evaluar el grado de afectación a la salud y tranquilidad de la persona humana, se les asigna [a esos derechos] un peso muy superior que al derecho de la libre empresa. [...] Esta comisión considera que por encima del derecho a la libre empresa está el derecho a la salud de la persona humana”, expresó Varas.

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Además, consideró que hay un “alto grado de insatisfacción” con respecto a este tipo de llamadas, detallando que, según el Centro Especial de Monitoreo de las Quejas de Consumidores del Indecopi, Telefónica del Perú S.A. registra 3.439 reportes de presuntos casos de comunicaciones sin consentimiento; mientras que Entel Perú S.A. tiene 1.716 casos; Banco BBVA, 885 casos; y Scotiabank, 827 casos.

Como se recuerda, la iniciativa legislativa plantea como prohibición la realización de visitas a domicilio a los consumidores, hacer proposiciones no solicitadas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de forma, y estas proposiciones no se podrán dar entre las 8 p.m. hasta las 7 a.m. del siguiente, los sábados, domingos o feriados.

También señala que se restringe el empleo de ‘call centers’, sistema de llamado telefónico o envío de mensajes de textos a celulares o mediante correos masivos para la promoción de productos o servicios, salvo que el consumidor se contactó y expresó su consentimiento para recibir estas comunicaciones.

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Sobre la propuesta, anteriormente la Asociación Peruana de Experiencia al Cliente (Apexo) advirtió que con su implementación se podrían ver afectados 20.000 de los 70.000 puestos laborales que demanda el sector.

Asimismo, Erick Valderrama, socio del estudio Miguel Mur & Abogados, había indicado a este diario que la propuesta del Parlamento generaría una “brecha inmensa” entre la información de productos que tienen las empresas y la información que recibiría el consumidor. Tampoco garantiza la inscripción de los consumidores para que reciban información de los ‘call centers’.

Además, afectaría la oferta del mercado de centros de contacto y, por ende, una fuga de empresas que quieran ofrecer servicios.

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