La Mirada: La constituyente revive para recapturar el poder

La violencia no tiene justificación alguna y todos los sensibles fallecimientos son repudiables. Sin embargo, grupos afines al expresidente Castillo manipulan el derecho a la legítima protesta con actos organizados de vandalismo. Es evidente que la crisis política está llegando a un clímax exacerbada por un radicalismo delincuencial que siembra el caos para relanzar nuevamente una asamblea constituyente, un gobierno débil y sin apoyo propio, la manifiesta incapacidad de un Congreso de ponerse de acuerdo para lograr una salida institucional a la crisis y un 90% de la población que quiere que todos se vayan.

La crisis política y la violencia descontrolada sin duda están pasando una gran factura a la economía y al bienestar de los más vulnerables. El adelanto de elecciones generales sin reformas políticas no asegura que el país recupere la gobernabilidad, pero como van las cosas (y pese a la negativa inicial del Congreso) aparece como la única válvula de escape que la mayoría de peruanos estaría en capacidad de aceptar. Incluso teniendo que asumir el costo y la incertidumbre que representa cualquier proceso electoral con pronóstico reservado.

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En este contexto, urge crear las condiciones mínimas para que el gobierno de la presidenta Boluarte pueda sostenerse y administre una transición ordenada y pacífica. Otras alternativas abonarían un mayor caos porque alimentarían la percepción de que el Congreso habría tomado el control del país y provocarían una mayor conflictividad social. Es justamente este escenario el que los violentistas de izquierda quisieran para justificar un “momento constituyente”. Resulta evidente que la toma de carreteras y aeropuertos, la vulneración de la propiedad privada y amenazas a las fuentes de energía del país son parte de una estrategia premeditada de movimientos organizados que luchan por recapturar el poder tras el fallido golpe (la ejecución del “plan B” al que aludía el ex primer ministro Torres si se vacaba a Castillo).

Es innegable que toda esta situación descarrila cualquier atisbo de recuperación económica que un Gabinete con perfil técnico pretendía lograr en el corto plazo. Las agencias de calificación de riesgo coinciden que las fortalezas macroeconómicas son insuficientes para mitigar la crisis de gobernabilidad y que el entrampamiento político conduce al estancamiento económico y mina la capacidad de pago del Perú.

Las pérdidas económicas se vienen incrementado exponencialmente día a día. Hasta el 16 de diciembre, los bloqueos de carreteras han reducido el ingreso en 20% de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima y 65% menos al Mercado Mayorista de Frutas respecto a la semana pasada. El menor abastecimiento claramente presionaría los precios al alza. En conglomerados como Mesa Redonda, las ventas ya se redujeron en 50% en lo que va de diciembre debido a la menor afluencia de público. En Cusco, la Cámara de Comercio estimó que en promedio se pierden S/3 millones por día por turismo, S/200 mil por día en transporte terrestre y se registra un 70% de cancelaciones de paquetes turísticos y servicios hoteleros. La Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú estima que en los ocho días de protestas se han perdido US$150 millones en el sector debido al bloqueo de carreteras y el bloqueo de acceso a los fundos por parte de los trabajadores. La Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo había calculado hasta noviembre una pérdida de US$1.000 millones en exportaciones por conflictividad social durante este año. Se sumarían además contingencias por nuevas paralizaciones y, peor aún, persisten amenazas de atentados contra el funcionamiento de Camisea con gran perjuicio económico. Según el COES, en caso de interrupción total de gas natural se tendría que racionar 1.400 MW diarios, con un costo económico diario que superaría los US$200 millones en promedio.

Hoy en día pende una espada de Damocles sobre la economía y destierra cualquier mito que la política va por cuerda separada. La sólida institucionalidad macroeconómica no basta para evitar la paralización de los motores de crecimiento. Sin estabilidad no hay inversión ni creación de puestos de trabajo, sino empobrecimiento y precarización. Salir de este equilibrio negativo pasa por algo obvio pero que hoy parece inalcanzable; que la clase política anteponga el bienestar colectivo a sus intereses individuales.

Para ello urge asegurar la realización de elecciones limpias y transparentes, expulsar a las mafias enquistadas en el Estado y adelantar una cruzada nacional que recupere los valores cívicos que lamentablemente se han perdido. No podemos tirar la toalla ni perder de vista que de peores crisis hemos logrado salir airosos, pero como parte de un proyecto de unidad y no de división como algunos pretenden.