Mario Ventura

Se acaba de promulgar la Ley de Reforma del Sistema de Pensiones. Aún queda pendiente que la SBS la reglamente, dado que incorpora nuevos actores al sistema, como las empresas de seguros e intermediarios financieros como potenciales administradores de fondos pensionarios. Este es un hito muy relevante para el futuro del Perú y su población.

Por un lado, se espera generar más competencia, pero al mismo tiempo darle sostenibilidad a las AFP, eliminando la posibilidad de retiros arbitrarios y sucesivos que impactan los rendimientos, plazos de inversión y en general la gestión de portafolios en detrimento de los futuros pensionistas, lo que se traduce en menores fondos y por ende menores pensiones.

Por otro lado, se espera contribuir a una mayor cobertura, uno de los grandes problemas del Perú, principalmente asociado a la alta informalidad que afecta a la productividad del trabajo y, por ende, salarios bajos y volátiles. Otros dos factores que inciden en la baja cobertura tienen que ver con la elevada rigidez laboral y la estructura de tributación de lo cual poco se habla, pero terminan siendo problemáticas vinculadas.

La experiencia global demuestra que un componente relevante del crecimiento económico viene dado por la demografía. Cuando los países reducen sus tasas de natalidad y sus poblaciones envejecen, se desaceleran las economías, salvo que se mantengan elevados niveles de inversión privada y crecimiento de la productividad del trabajo. Ninguna de estas últimas dos condiciones, se verifican hoy en el Perú.

Pocas personas han reparado en el hecho de que, en el 2024, por primera vez en la historia demográfica del país, las personas mayores de 50 años superamos en número a las menores de 14 años. Esa es evidencia inequívoca de que el país envejece y está terminando de consumir los beneficios del llamado “bono demográfico”.

Si seguimos auspiciando políticas populistas y corto placistas, la siguiente generación tendrá que soportar una pesada y creciente carga de tributos para sostener las cuentas públicas y poder mantener a un creciente colectivo de personas de la tercera edad.

No es realista pensar que un país pueda lograr el desarrollo sin tener un sistema pensionario. Cuando alcanzamos el final de nuestra vida laboral, necesitamos un sustento económico para proveernos una vida digna sin depender de familiares o el Estado. Idealmente, dicho ahorro debemos construirlo a lo largo de nuestra vida productiva. El Estado debe generar los incentivos para que, quienes tengan capacidad de ahorro, lo hagan sistemáticamente y para que quienes requieran ciertos aportes complementarios, estos se basen en un esfuerzo compartido.

Algunas cosas deben ser compulsivas, y en el caso que nos ocupa, los impuestos, el ahorro previsional y la futura pensión derivada del mismo, son algunas de ellas. El foco debe estar en contar con una oferta previsional competitiva y sostenible. Pero no solo debemos atacar el síntoma sino la enfermedad. En este caso, la informalidad, la baja productividad del trabajo, la elevada rigidez laboral y, en general, la sobreregulación son las principales causas del emprendimiento informal en el Perú que es uno motivado por la necesidad, más que por la voluntad de las personas. Se requiere menos retórica y más análisis técnico.

La reforma recientemente promulgada es perfectible, pero resulta bastante mejor que las alternativas que se plantearon anteriormente. A través de una adecuada reglamentación se pueden dosificar sus impactos fiscales en el tiempo. Por ejemplo, a través del ajuste progresivo de la edad de jubilación, conforme las personas tendemos a ser más longevas y productivas. Ello ya viene ocurriendo en otras latitudes, es cuestión de analizar, comparar e implementar.

Mario Ventura Gerente General de Protecta Security.